El Ministerio Público de Guatemala anunció recientemente que tomará acciones legales en contra del ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, por presuntamente haber cometido actos irregulares dentro del caso de corrupción Odebrecht. La investigación está a cargo del fiscal José Rafael Curruchiche Cacul, que estaría bajo la lupa de Estados Unidos por corrupción.
El 16 de enero, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) señaló que Iván Velásquez habría incurrido en “actos ilegales y abusivos” mientras estaba al frente de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) entre 2013 y 2017. De acuerdo con Curruchiche, el actual ministro de Defensa habría permitido acuerdos de cooperación eficaz con directivos vinculados a la constructora Odebrecht.
Ante Blu Radio afirmó que hubo una “concertación en la que estaban el señor Velásquez, la señora Luz Camargo, los señores fiscales, pero también estaban los jueces. Eso fue una estructura criminal que operó por años en ese país”. En concreto, el funcionario guatemalteco relacionó al jefe de cartera con la pérdida de más de 380 millones de dólares en el país centroamericano a manos de la red de corrupción a cargo de la compañía brasileña.
La sanción de Estados Unidos
Las acciones del Ministerio Público fueron rechazadas por el Gobierno de Estados Unidos. El subsecretario del Departamento de Estado para América Latina de EE. UU., Brian Nichols, aseguró que esas acciones “debilitan el Estado de derecho y la confianza en el sistema de justicia de Guatemala”. Asimismo, señaló su preocupación por las órdenes de captura en contra de exfuncionarios de la Fiscalía y de la Cicig.
Las autoridades judiciales de Estados Unidos también recordaron que Curruchiche fue sancionado hace seis meses por el país norteamericano por haber obstruido investigaciones de casos de corrupción y generado presuntas denuncias falsas contra fiscales, abogados y extrabajadores de la Cicig. Por esa razón, incluyeron su nombre en la lista Engel, en la que están actores “corruptos y antidemocráticos de diferentes países”, indicó el diario El Tiempo.
Al respecto, el jefe de la Feci habló con la revista Semana y confirmó que hace parte de la lista mencionada. “El año pasado recibí una comunicación vía correo electrónico por la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, donde me comunican que me habían retirado la visa”, expuso el fiscal guatemalteco y afirmó que en la notificación no le explicaron las razones.
Al parecer, Curruchiche se enteró de que la sanción había sido por haber obstruido investigaciones a través de distintos medios de comunicación. “Me gustaría saber qué investigaciones, qué casos —sostuvo el funcionario en la revista Semana—. Acá hay unas investigaciones que por años estuvieron guardadas, escondidas, por el anterior fiscal”.
Para el entrevistado, “la justicia no es de republicanos, de demócratas, la justicia tiene que ser a todos, aplicada por igual, para todos y acá hay investigaciones que aún no se han revelado y que van a salir y engloban a muchas personas”. Seguido a ello, manifestó que la Fiscalía de Guatemala fue utilizada en su momento para apoyar a un partido político en especial y cuestionó que el haber sido incluido por la lista Engel “a lo mejor por aspectos ideológicos”.
Lo cierto es que la mayor parte de las denuncias han sido contra funcionarios de la Cicig, una entidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que operó desde 2007 a 2019 y logró desarticular estructuras paralelas de corrupción. De hecho, las más recientes órdenes de captura fueron en contra de exfuncionarios de esa entidad como el exmandatario de la Cicig, Luis David Gaitán.
También se notificó las órdenes en contra de la exfiscal general Thelma Aldana; la exsecretaria General del Ministerio Público, Mayra Véliz, y el presidente de la Cámara Guatemaltecoamericana (Amcham), Juan Pablo Carrasco de Groote.
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