El 16 de enero, la Superintendencia Nacional de Salud hizo una aclaración respecto a lo que se ha venido hablando sobre la deuda que tienen las EPS con el sistema. Aunque para el 6 de enero se dijo que aquel monto alcanzaba los 49.1 billones de pesos, ahora se reporta que esa cifra realmente se encuentra en 27 billones de pesos.
La confusión de las cifras ha creado insatisfacción en los sectores de opción al Gobierno, pues, lo han catalogado como falta de rigor por parte de la cartera de Salud, es por eso que le están pidieron la renuncia tanto a Carolina Corcho como a Ulahy Beltrán, el superintendente de este sector.
Desde la Cámara de representantes, Andrés Forero, del Centro Democrático, señaló que los dos funcionarios deberían dejar sus cargos pues, en la misma línea que su compañera de partido, Paloma Valencia, considera que esto hacer parte de una presunta “campaña de desprestigio contra el sistema de salud” con el fin de que esto genere que los sectores del Congreso que están en contra de la reforma seda y se pueda llevar a cabo la transformación del sistema de salud.
“Es inconcebible que estos dos funcionarios tan ligeros vayan a ser quienes lideren la discusión de la reforma. Ante semejante salida en falso ambos deberían dar un paso al costado y renunciar. Así sería, por lo menos, en un gobierno serio”, puntualizó el representante de derecha.
Recordemos que dentro del comunicado, la cartera explicó que la información se rectificó luego de que se diera un proceso de inspección y análisis de datos enfocado en entender la forma en la que ‘se venía procesando la información’. “Extendiéndolo a los montos de acreencias de alrededor 102 EPS liquidadas entre el 2003 al 2015, y la revisión exhaustiva de las cifras que de buena fe fueron presentadas al país que no habían sido tomadas en consideración (...) como consecuencia de lo expuesto, se dieron los traslados correspondientes a la Oficina de Control Interno y a las autoridades disciplinarias competentes para que realicen las averiguaciones a que hubiere lugar y estimen convenientes”.
En enero de este año, ante el déficit fiscal que tiene actualmente el sistema, se informó que 105 hospitales públicos y 104 instituciones privadas de salud, que operan en Bogotá y 11 departamentos del país, se vieron beneficiados en los últimos cuatro meses por la gestión de conciliaciones de la Superintendencia de Salud, con el fin de permitir la recuperación de 542.970 millones de pesos que les debían las entidades administradoras de recursos -EPS- por prestación de servicios.
Así lo dejó entrever el superintendente de Salud, Ulahí Beltrán López, al asegurar que, en el compromiso por proteger los recursos públicos de la salud, se gestionó la recuperación de montos que superan el medio billón de pesos y benefician a cientos de hospitales y clínicas, por medio de la suscripción de acuerdos y desistimientos resultantes de los acercamientos propiciados entre prestadores y entidades responsables de pago.
En total, según la entidad, durante el periodo del Gobierno de Gustavo Petro el equipo de la Superintendencia Delegada para la Función Jurisdiccional y de Conciliación desarrolló jornadas de conciliación en los departamentos de Norte de Santander, Bolívar, Nariño, Putumayo, Quindío, Caldas, Risaralda, Caquetá, Huila, Tolima, Boyacá, así como en Bogotá, en todas las cuales participaron representantes de las EPS, clínicas y hospitales.
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