Iván Velásquez respondió a los requerimientos de Guatemala por el caso Odebrecht

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) de Guatemala aseguró que tomará acciones legales contra el actual ministro de Defensa, Iván Velásquez, por su desempeño mientras estaba al frente de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig). El jefe de cartera emitió un comunicado de prensa el lunes 16 de enero en el que respondió a los requerimientos del Ministerio Público del país centroamericano.

“No he sido notificado de ningún requerimiento por parte de las autoridades de Guatemala”, sostuvo el ministro de Defensa respecto a la “presunta investigación” que inició la Feci en su contra. Seguido a ello, manifestó que tiene la “tranquilidad de que el trabajo adelantado en el país centroamericano se realizó con total transparencia y dentro del marco legal que amparaba el funcionamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala”.

Velásquez señaló que “la transparencia, la justicia y la lucha contra la impunidad” han sido su camino a seguir en las labores que ha desempeñado como servidor público y ahora como jefe de cartera del Gobierno de Gustavo Petro. Es importante señalar que el funcionario colombiano fue jefe de la Cicig entre 2013 y 2017 y se le acusa de haber permitido acuerdos de cooperación con dos directivos de la constructora Odebrecht.

Este es el comunicado emitido por el ministro de Defensa:

Al respecto, Juan Pappier, subdirector de Human Right Watch, calificó las acciones de la Feci contra el ministro de Defensa como “un disparate”, por lo que la ONG habría mostrado su apoyo al ministro. “Mi solidaridad con Iván Velásquez, Thelma Aldana y David Gaitán”, añadió desde su cuenta de Twitter.

El lunes 16 de enero, el fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche —que investiga el caso de corrupción de Odebrecht— anunció cuatro órdenes de captura en contra de exfuncionarios del Ministerio Público y de la Cicig. Se trata de la exfiscal general Thelma Aldana; la exsecretaria General del Ministerio Público, Mayra Véliz; el exmandatario de la Cicig, Luis David Gaitán, y el presidente de la Cámara Guatemaltecoamericana (Amcham), Juan Pablo Carrasco de Groote.

De acuerdo con Curruchiche, esas cuatro personas están señaladas de obstrucción a la justicia, conspiración y abuso de autoridad. No obstante, la relación con los funcionarios de la Cicig no solo se remitió a las órdenes de captura, sino que el fiscal anunció que irían detrás del ministro de Defensa de Colombia.

“La Fiscalía Especial Contra la Impunidad emprenderá acciones legales para que responda por sus actos ilegales y abusivos el excomisionado de Cicig Iván Velásquez”, aseguró el funcionario del ente investigador en un mensaje oficial. La advertencia también estaba dirigida para la exfuncionaria y abogada colombiana Luz Camargo Garzón, investigadora de estructuras de corrupción en Guatemala.

El fiscal destacó que Garzón y Velásquez intercambiaron correos con empresarios brasileños para realizar cambios a unos acuerdos de colaboración eficaz. “Lo cual denota que tenían pleno conocimiento de las oscuras y corruptas negociaciones que se estaban realizando con la empresa Odebrecht”, puntualizó Curruchiche.

Lo cierto es que el hecho se habría concretado el 8 de septiembre de 2017, “cuando una jueza aprobó los acuerdos de colaboración eficaz” de brasileños vinculados al caso Odebrecht. Para el funcionario del Ministerio Público, “los hechos evidentes, de actos ilegales y corruptos, que causaron detrimento al Estado de Guatemala”.

Con información de EFE.

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