Gobierno incumple el Plan Nacional de Desarrollo para los niños wayuu y la desnutrición continúa

El objetivo era mejorar la situación nutricional de los grupos étnicos en Colombia, pero solo se ha cumplido el 48% de lo pactado

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Contraloría alerta sobre incumplimiento de acuerdos del Plan Nacional de Desarrollo de los niños Wayúu. Foto: Colprensa
Contraloría alerta sobre incumplimiento de acuerdos del Plan Nacional de Desarrollo de los niños Wayúu. Foto: Colprensa

La Controlaría General de la República alertó sobre el incumplimiento de los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) entre el período 2018-2022, que iba dirigido a mejorar la situación nutricional de los grupos étnicos en Colombia, especialmente de la niñez indígena.

Durante estos años se registró que el departamento de La Guajira ocupó el primer lugar en los indicadores de mortalidad infantil por desnutrición en menores de cinco años.

De esta manera, el organismo de control resaltó su preocupación ante la situación actual de la desnutrición y falta de atención que sufren los niños en esta población. Por medio de la Contraloría Delegada se realizó un informe para la Población Focalizada, que se tituló “La deuda del Estado Colombiano con la niñez étnica”.

De este informe, se reveló el incremento en los indicadores de mortalidad infantil, siendo así el 2022 (año de cierre del PND) como el de mayor número de casos, adicional a, la niñez indígena como la más afectada. Lo anterior se presentó en el periodo de vigencia del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, por desnutrición en menores de 5 años, y desnutrición aguda, moderada y severa en esta misma población.

Desnutrición en La Guajira, ninos wayúu. Foto: Colprensa
Desnutrición en La Guajira, ninos wayúu. Foto: Colprensa

El Contralor, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, hace un llamado para que, “en el marco del nuevo Plan Nacional de Desarrollo se adopten medidas urgentes, estructurales y de fondo que permitan priorizar la salvaguarda de la vida de niños y niñas, en especial de los pueblos indígenas, como un tema de primer nivel en la agenda del Estado Colombiano”, aseguró.

A qué se debe el incumplimiento

En el marco de los acuerdos suscritos con grupos étnicos en el Pacto Transversal XII, el objetivo del PND en la temporada 2018-2022 era la de mejorar la situación nutricional de los grupos étnicos en el país, en específico de la niñez indígena, al mismo tiempo que con los sistemas de información del estado nutricional para grupos étnicos. Pero, dentro de este pacto no se estableció indicadores ni metas para medir su cumplimiento.

De esta manera, el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, así como el desarrollo del análisis en salud de los pueblos indígenas, durante el período mencionado presentó un avance acumulado del 48% y por su parte, los recursos asignados para su desarrollo presentan una ejecución del 52%, lo que denota un incumplimiento generalizado de las metas previstas asociado a una ejecución presupuestal deficiente.

Así con números presentados por el Sistema de Salud Pública (SIVIGILA), con corte a 5 de noviembre de 2022, se tiene que 32 niños y niñas menores de 5 años habían muerto a causa de la desnutrición en este departamento. Cifra que suma el 18% de estas muertes a nivel nacional, 26 de ellos pertenecientes al Pueblo Wayuú, mientras que otros 1.624 están sufriendo desnutrición, concentrando el 9% de los casos a nivel nacional.

Con los datos anteriores, el departamento de la Guajira ocupa el primer lugar en el registro de indicadores de mortalidad infantil por desnutrición y desnutrición global en menores de 5 años.

“Para la Contraloría, el aumento en la mortalidad por desnutrición y la desnutrición en los niños y niñas menores de cinco años pertenecientes a comunidades étnicas, el incumplimiento de los compromisos del PND 2018-2022, la baja ejecución presupuestal y la prevalencia de estos indicadores en La Guajira, pese a la existencia de la Sentencia T-302 previa a este PND, denotan la ineficaz e ineficiente gestión del Estado para salvaguardar la vida de los niños y niñas de los grupos étnicos”, se lee en el documento.

Por último, el organismo de control abrió recientemente procesos de responsabilidad fiscal por el acceso al agua potable por un valor a $3.122 millones, por presuntos daños fiscales en la construcción de 12 pozos que no cumplieron las condiciones para dar soluciones reales y efectivas ante el abastecimiento de líquido para las comunidades Wayuú.

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