Demandan a la nación por irregularidades en venta de la triple A de Barranquilla

El 17 de enero de 2023 se confirmó, desde la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (ANJDE), que la nación fue demandada por Canal Extensia, por presuntas irregularidades en la venta de acciones de la Triple A de Barranquilla, asegurando que Colombia habría violado el acuerdo con el Reino de España para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones. También se cuestiona la acción popular de la Procuraduría General de la Nación por presuntos pagos fraudulentos conforme al Contrato de Asistencia Técnica, así como el proceso de extinción de dominio contra las acciones de CEXA en la Triple A.

La demanda, que fue presentada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), tiene su origen el 24 de junio de 2022, cuando Canal Extensia informó al Estado colombiano sobre una controversia frente a la Triple A de Barranquilla. Después el 26 de septiembre del mismo año, la firma española advirtió su intención de someter el caso ante un centro de arbitraje internacional.

Finalmente, el 13 de enero de 2023, según informaron desde la ANJDE, el Estado colombiano fue notificado por la secretaría de la CIADI sobre el registro de la demanda arbitral presentada por Canal Extensia contra la República de Colombia.

Según la demanda, Canal Extensia sostiene que Colombia habría violado el acuerdo a través de varias actuaciones estatales, incluyendo las medidas adoptadas por la Sociedad de Activos Especiales (“SAE”), en el marco del procedimiento de enajenación temprana de las acciones de la CEXA (antes INASSA), en la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P. (“Triple A”).

Desde la ANJDE señalaron que, una vez conocida la presunta controversia, inició de forma inmediata las gestiones de coordinación interinstitucional con el propósito de conocer el contenido y alcance de las medidas cuestionadas.

Con la iniciación formal del arbitraje, desde la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado también advirtieron que se llevarán a cabo las medidas necesarias para defender los intereses litigiosos del Estado en este caso, en coordinación con las medidas adoptadas por La Sociedad de Activos Especiales, (SAE) y demás entidades públicas involucradas en el objeto de la controversia.

En diciembre de 2022, el secretario de Transparencia del Gobierno nacional, Andrés Idárraga, denunció públicamente las presuntas irregularidades en la venta de las acciones de la empresa Triple A, en Barranquilla. Según el funcionario, la capital del departamento de Atlántico perdió una importante cantidad de dinero con la venta del 82.16% las acciones de la empresa, que estaban avaluadas en $565 mil millones de pesos, por lo que la ciudad habría perdido por lo menos 400.000 millones de pesos, puesto que en la ficha de enajenación se calculó más de 800.000 millones de pesos.

De acuerdo con el funcionario, cuando se hizo la negociación el distrito pasó de tener el 14,5% de la empresa a ser el accionista mayoritario con el 6 %, y se mantuvo, adicionalmente, el 30% de regalías sobre el flujo de caja libre. Para el secretario Idárraga esto hace parte de una irregularidad, ya que “ese contrato no debió haberse vendido de manera directa porque eso establece una presunta ilegalidad”.

Para el secretario Idárraga, según información de Semana, hubo omisiones en el comité técnico. También señaló que “a través de “un mico” en la modificación del código de extinción de dominio, se legalizó que un tercero privado se involucrara en la negociación”. El funcionario, entonces, pidió a la Procuraduría y a la Fiscalía investigar “un posible peculado por apropiación a favor de terceros”.

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