El Gobierno nacional se encuentra adelantando procesos de diálogo con algunos grupos armados, en este espacio las estructuras han pedido la suspensión de órdenes de captura contra algunos de sus miembros que serían negociadores dentro de la mesa. Sin embargo, la Fiscalía encargada de que se pueda dar dicha suspensión se pronunció y negó la posibilidad de que se levanten las órdenes de arresto contra integrantes de las bandas delincuenciales como: el Clan del Golfo y Los Pachenca.
Ante la respuesta del organismo investigador, la Defensoría del Pueblo señaló su apoyo a lo mencionado por la institución.
De acuerdo con la Defensoría encabezada por Carlos Camargo, como lo mencionó la Fiscalía, es importante respetar y garantizar la independencia de las funciones de cada uno de los poderes e instituciones del Estado colombiano, como lo ha mencionado la ley.
En este sentido, de acuerdo con lo mencionado por Camargo, desde San José del Guaviare, entendiendo la importancia de las funciones y los mandatos, desde la institución que representa, apoyan la decisión tomada por el organismo investigador.
“Quiero fijar la postura eminentemente institucional. Yo creo que nuestro estado de derecho, como bien los anotaba el señor Fiscal General de la Nación, nuestra Constitución, nuestras leyes de la República, establecen en primer lugar la separación y las competencias individualizadas para cada institución del estado colombiano. A la Fiscalía le es dado luchar sin ambages contra cualquier tipo de criminalidad (...) quiero dar un espaldarazo público frente a todos los llamados a proteger a rodear la institucionalidad. A todas las instituciones se les entregó un mandato constitucional y legal a los cuales estamos obligados cómo servidores y cómo ciudadanos colombianos a honrarlos”.
El funcionario fue un poco más allá, incluso, resaltó las labores que está llevando a cabo la Fiscalía en los últimos años: “Es importante dar cuenta a la opinión pública y a los ciudadanos en los territorios que esto es con resultados, así como lo ha vendido de manera clara, adelantando la Fiscalía en todas sus actividades investigativas”.
Recordemos que el argumento que uso el órgano investigador para tomar esta decisión está basado en que las estructuras y bandas mencionadas no tienen un sustento político ni ideológico, como pasa en el caso de las guerrillas, además de que tendría que haber un marco jurídico que sustentará esta decisión basándose en el principio de sometimiento a la justicia.
“No existe un marco normativo que precise los términos del sometimiento de Grupos Armados Organizados sin carácter político ni de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto. Sin este marco jurídico legal para el sometimiento a la justicia, no puede el ente investigador y acusador proferir una resolución en desmedro de los derechos fundamentales de las víctimas y de su deber constitucional de “velar por la protección de las víctimas””, se lee en el comunicado de la Fiscalía.
Y añade que “La postura de la Fiscalía General de la Nación es que la concesión de beneficios judiciales para los miembros de estas estructuras armadas, como la suspensión de órdenes de captura, debe estar precedida de unos términos legales de sometimiento a la justicia y de un régimen de condicionalidad al cual deberán acogerse estas personas. Es a la luz de este marco legal que tendrá sustento jurídico la suspensión de las órdenes de captura”.
Por su parte, el Gobierno nacional aseguró que respeta la decisión e invita a la Fiscalía a un diálogo directo y formal para que se pueda discutir sobre los argumentos para avanzar en los diálogos de paz y acuerdos con grupos armados.
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