El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, continúa haciendo cambios en su administración. A las renuncias a su gabinete con las que terminó el 2022, se sumó el secretario de Movilidad, Víctor Hugo Piedrahita, que dejó el cargo el pasado 13 de enero.
La Alcaldía explicó que la salida del secretario se debió a que se “busca solucionar los problemas de movilidad”. Se espera que Quintero nombre un nuevo funcionario esta misma semana, justo cuando comenzó a regir en la capital de Antioquia la nueva medida del pico y placa, en el cual los vehículos híbridos se mantendrán exentos.
Durante el primer semestre del año, la distribución de los días en los que se restringe la movilidad vehicular, dependiendo del número de la placa, será la siguiente: lunes (6 y 9), martes (5 y 7), miércoles (1 y 4), jueves (8 y 0) y viernes (3 y 2). Esta medida aplicará a carros y motocicletas de cuatro tiempos.
La primera semana, del 17 al 20 de enero, será pedagógica. Pero, una vez cumplido este tiempo, las sanciones por incumplir la medida incluirán multas que alcanzan los $499.500 pesos y la inmovilización del vehículo.
Daniel Quintero, investigado por la Procuraduría
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar a Daniel Quintero, y el gerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM), Jorge Andrés Carrillo, para determinar si tuvieron responsabilidad por no asegurar el megaproyecto de electricidad en 2021.
“Abrir indagación previa (...) por la presunta omisión de la obligación de asegurar contra todo riesgo al proyecto hidroeléctrico Ituango en la vigencia 2021″, citaron del documento en el periódico regional El Colombiano.
Explicaron en el diario antioqueño que la decisión del Ministerio Público revivió uno de los temas más álgidos de la crisis que se vivió con la construcción de la generadora de energía, ya que, en aquel momento, por la incertidumbre de la obra, no contaban con el respaldo de las aseguradoras en el país.
De hecho, en ese mismo medio de comunicación recordaron que en noviembre de 2021, a la misma empresa le tocó constituir un fondo de autoseguro en caso de nuevos siniestros para las intervenciones que tenían pendientes entonces.
“EPM estableció como mecanismo de transferencia de riesgos un fondo de autoseguros de USD $23 millones que le permite, dentro de sus estimaciones estadísticas, gestionar la mayoría de las eventualidades asegurables que puedan afectar el desarrollo del proyecto”, les señalaron tras la consulta que le hicieron a EPM.
Aparte, esta situación provocó las demoras en el proceso de licitación para concluir las obras que estaban pendientes para el megaproyecto de electricidad en esa época, que tuvieron como consecuencia que hasta en cinco ocasiones se aplazara la recepción de ofertas, debido a que uno de los requisitos es que el oferente se encargara del lío del aseguramiento, explicaron en El Colombiano.
Finalmente, en ese medio de comunicación destacaron que los dos funcionarios ya estarían enterados del proceso disciplinario de la Procuraduría tras el edicto que se publicó el 30 de diciembre de 2022, y por el que posiblemente también responderían más integrantes de la actual junta directiva de la empresa antioqueña.
Esta es la segunda indagación que le iniciaron al mandatario medellinense en la Procuraduría, luego de que hallaran también presuntas irregularidades en su proyecto estrella Valle del Software, con el fomentar el uso de la tecnología y ofrecerle a la comunidad de la capital antioqueña una oferta para el emprendimiento y la innovación.
De acuerdo con el Ministerio Público, existe un “incumplimiento en la entrega de varios de los 21 centros territoriales planeados” y por eso le solicitó a la Alcaldía de Medellín toda la información de “los contratos y de los servidores públicos y/o particulares” que participaron en los procesos. Eso incluye a aquellos que hicieron parte de la etapa previa, la celebración y la ejecución de cada uno de los negocios relacionados con el Valle del Software.
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