La renuncia de Martín Ocampo a la Fiscalía General de la Ciudad no causó demasiada sorpresa. Después de su paso al costado en la secretaría de Seguridad tras el ataque de hinchas de River al colectivo de Boca en Núñez no había vuelto al cargo en el que estaba de licencia. Seguía colaborando con el gobierno de la Ciudad.
Lo que sí generaba expectativa era la posibilidad de que fuera postulado para ocupar una de las dos vacantes que hay desde diciembre en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad tras la jubilación de José Casás y Ana María Conde.
De hecho tanto en el máximo órgano judicial como en la jefatura de Gobierno reconocen que es difícil trabajar con sólo tres integrantes (Inés Weinberg de Roca, Luis Lozano y Alicia Ruiz) de los cinco jueces que debe haber. También admiten que para nombrar sucesores Horacio Rodríguez Larreta necesita consenso: se votan jueces con los dos tercios de los legisladores del total del cuerpo.
Ocampo tenía a su favor su experiencia como fiscal y su conocimiento en materia administrativa, dijeron en una ronda de café. "No lo desacredita pero no le suma haber sido funcionario", reconocían en la misma reunión.
En ese marco Horacio Rodríguez Larreta eligió dos de los nombres que sonaban que, de conseguir consenso, dejarían al tribunal nuevamente con tres mujeres y dos hombres en su composición.
Marcela De Langhe, la primera elegida, es jueza en la Cámara en lo Penal, Contravencional y de Faltas en la Ciudad además de de Directora del Instituto Superior de Seguridad Pública porteño. Santiago Otamendi deberá dejar su puesto puesto en el Ministerio de Justicia de la Nación para ir por la segunda postulación: es Secretario de Justicia en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y juez de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad en uso de licencia.
El camino del consenso no es fácil. El oficialismo necesita para cada nuevo juez dos tercios de los votos del cuerpo, no de los presentes, lo que obliga a tejer acuerdos con la oposición.