Una entidad del campo presentó un proyecto para reconvertir planes sociales en trabajo en cooperativas rurales

Los integrantes de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO) elevaron ayer para su tratamiento una propuesta para reconvertir los planes sociales en trabajo en cooperativas agropecuarias. Fue durante una reunión de la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONG, de diputados, que fue convocada por el presidente de la misma, el diputado Jorge Vara.

Coninagro es una entidad que agrupa al movimiento cooperativo de la Argentina, que actualmente representan el 28% de la producción cerealera y oleaginosa, y además significan el 8% de las exportaciones del sector agropecuario. En total, el cooperativismo representa, al menos, el 5% del comercio exterior del país. En tanto, según los datos con los que cuenta el INAES, brindan trabajo a 294.646 personas (en relación de dependencia más asociados a cooperativas de trabajo).

“Vinimos a Diputados con una impronta de propuesta y no de protesta, presentando alternativas para alentar al productor, para fomentar las inversiones, el trabajo y el empleo genuino. Creemos que hay una salida a esta crisis, pero reclamamos que el campo esté en la agenda política”, dijo el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, quien aseguró durante su presentación que en el aspecto laboral, la entidad promueve un Programa denominado “Una Idea, un trabajo”. A través del mismo, se busca garantizar financiamiento con tasa promocional para los emprendimientos asociativos de jóvenes, que promuevan el valor agregado en origen.

Además. el dirigente señaló que la iniciativa contempla “establecer procedimientos gremiales en el convenio colectivo de trabajo para emprendimientos asociativos que asuman personas y/o familias que están percibiendo planes sociales, y se incorporen a trabajos en cooperativas agropecuarias para reconvertir la asistencia social en trabajo genuino. Se establecerán pautas conjuntas entre la cooperativa o federación, el gremio y el Ministerio de Trabajo, para agilizar normas que fomenten la recuperación de la cultura del trabajo”.

Otro de los aspectos centrales de la iniciativa es que se disponga de un fondo de reparación indemnizatorio, que consiste en establecer un seguro para prevenir la situación aleatoria de la desvinculación laboral y proteger a los trabajadores. También se pide un Fondo de Emergencia por Situaciones Climáticas, para la formación de fondos anticíclicos con el objetivo de lograr el equilibrio de precios destinados al productor, para que se lo remunere tras una caída profunda del precio del producto por efectos del mercado o bien por situaciones climáticas.

Por otro lado, la propuesta de Coninagro abarca “la promoción de acuerdos asociativos de carácter público-privado con intervención de la Nación, provincia y municipio, fomentando la conformación de mercados de proximidad para acercar la oferta y la demanda de productos frutihortícolas, a los fines de evitar la intermediación y bregar por un respaldo al productor y cuidar el bolsillo del consumidor”.

Según comentaron desde la entidad que integra la Mesa de Enlace, en Argentina el universo asociativo está conformado por unas 15.082 cooperativas vigentes y 3.785 mutuales que se encuentran diseminadas en las 23 provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que en total representa 18.867 entidades de la economía social y popular, que realizan sus actividades en el 90% de las localidades del país. Además, el 73% de las cooperativas son de trabajo, seguidas por las agropecuarias que representan el 6% del total.

Por último, en su exposición de ayer ante los diputados el presidente de Coninagro reclamó una vez más reducir la presión impositiva que hoy enfrenta el campo y la agroindustria. “Solicitamos baja de impuestos para quienes más exportan. Aliento a la capacidad de agregar mano de obra que significa trabajo y empleo y tiene como destinatario y herramienta al asociativismo, para solucionar los problemas inflacionarios. El único ajuste que tiene que haber es el ajuste del Estado hacia la política”.

Y concluyó: “Al sector privado, a los pequeños y medianos productores de las economías regionales no hay que asfixiarlos con impuestos, hay que alentarlos a través de una reducción en materia tributaria. Promover a esos sectores dinamizantes de las economías productivas, supone mayor oferta de bienes y una baja de precios en los alimentos de calidad para una nutrición saludable y sustentable”.

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