Humedales: el campo pidió tratar el tema “sin fanatismos”

Entidades del campo y la agroindustria reiteraron ayer sus cuestionamientos al Proyecto de Ley de Humedales, que impulsan sectores del oficialismo y solicitaron que el tema sea abordado de manera integral y con argumentos técnicos. Fue ayer durante una reunión informativa que organizó la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados de la Nación, de la que participaron una importante cantidad de expertos, entre ellos técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), productores agropecuarios y mineros, especialistas en Derecho Ambiental, y representantes de la Mesa de Enlace y del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), entre otros sectores.

En el encuentro se coincidió en que la sanción de la Ley que promueve el oficialismo “no traerá solución al problema de los incendios”, y también se refirieron a la imposibilidad de realizar el inventario de humedales en el tiempo propuesto por el proyecto oficialista. Al respecto, el presidente de la Comisión de Agricultura de Diputados, Ricardo Buryaile, aseguró que “todos estamos convencidos que necesitamos avanzar en un marco regulatorio que tenga triple impacto: que contemple los aspectos sociales, productivos y ambientales. No hay ningún tipo de maniobra dilatoria con respecto al tratamiento de la iniciativa. Cuando la comisión era presidida por el Frente de Todos nunca se trató, tenían mayorías en Diputados y en Senadores y no aprobaron el proyecto”.

“Es un tema que no debe tratarse a través de fanatismos”, expresaron desde Coninagro, una de las entidades que integra la Mesa de Enlace, la cual solicitó que al Parlamento que se otorgue a las provincias un rol protagónico. Además, expresaron que esta Ley “no apaga los incendios, para esto ya hay leyes vigentes. Asimismo consideramos que el tema humedales corresponde a cada provincia, no a la Nación, por las particularidades de cada región. Hay que incluir a la producción primaria como servicios ecosistémicos, propiciar el diálogo público-privado con todos los actores (incluyendo empresarios y productores), no prohibir actividades antes de evaluar y contemplar las condiciones de vida de las poblaciones”.

Por su parte, el Director de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Andrés Costamagna, durante su presentación en Diputados dijo que “el productor tiene el foco puesto en la conservación. Nos venimos ocupando de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y del Desarrollo Sostenible Argentino desde su inicio. Estamos trabajando con firmeza en lograr los consensos mínimos entre las organizaciones de la Conservación y de la Producción, hemos desarrollado las Buenas Prácticas y hemos redactado los manuales y tenemos programas de medición de carbono sectorial y general de las actividades agropecuarias, integramos una mesa de carbono forestal, potenciamos la ganadería y agricultura regenerativa, estamos remediando, regenerando y enriqueciendo los ambientes y lideramos la agenda ambiental desde el sector Agricultura, Ganadería y Bosques”.

Y agregó: “La solución legislativa es acelerar el tratamiento de una Ley de Presupuestos Mínimos, basados en el Artículo 41 de la Constitución Nacional, para dar la imagen que se está haciendo algo, cuando en realidad lo que debería hacer el congreso es pedir informe al Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible respecto de porque no aplica adecuadamente la Ley N° 26.815 / 2012 de Manejo del Fuego; la Ley N° 26.562 / 2009 de Presupuestos Mínimos de Quemas Controladas; la Ley N° 25.335 / 2000 de Ratificación Convenio de RAMSAR para la protección de humedales y la Ley 25.688 / 2002 de Presupuestos Mínimos para la Gestión Ambiental del Agua”.

Días atrás los integrantes de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) plantearon que “la discusión sobre este tema se debe dar descartando fanatismos e ignorancia, en un marco de serenidad y responsabilidad política y no puede depender de una demagogia circunstancial, ni estar cruzada por urgencias de situaciones ambientales presentes”. Por ello, la dirigencia de CRA apeló “a la dirigencia política, para que evalúe el marco normativo actual y su aplicación práctica, porque no se trata de sumar capas legislativas, sino de su cumplimiento, sus medios y sus resultados. No simplifiquemos los temas importantes ni actuemos bajo la presión de falsas consignas”.

También Federación Agraria Argentina (FAA), con un tono similar, señaló que sobre el tema Humedales “nos se trata de seguir haciendo leyes, sino de cumplir las que existen”. Como sus pares de CRA, además refirieron la existencia de al menos cuatro leyes que sirven para regular la situación en esta materia. Asimismo, se consideró que “el problema más grave que tenemos como país es que el estado no cumple adecuadamente sus obligaciones de contralor y aplicación fehaciente de esas normas. Avanzar hacia una contaminación normativa, resultante de apuros políticos y no de un abordaje serio e integral de estos ecosistemas, no es una buena alternativa, pues en lugar de solucionar problemas crearán otros”.

En representación del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), participó de la reunión en Diputados Claudia Peirano, integrante de la Mesa de Sostenibilidad de dicho espacio, quien reclamó que “la voz del sector productivo sea escuchada y considerada en el tratamiento de los proyectos de ley que lo afectan”, y que se avance en el ordenamiento integral del territorio, como lo indica en el Art. 9 de la Ley General del Ambiente (Ley N° 25.675) sancionada en 2009. Además, sostuvo: “Creemos firmemente que es necesario asegurar la gestión sostenible de los humedales de nuestro país, ecosistema en los que se desarrollan actividades productivas y culturales de las que dependen millones de personas y son fuentes de alimentos, empleos y divisas”.

También Peirano explicó que desde el Consejo se busca transmitir “el enfoque de legislar por ecosistemas (humedales, bosque nativo, pastizales, etc.) fragmenta el territorio. Los ecosistemas no conocen de límites políticos ni legales y al fragmentar su tutela en diferentes legislaciones genera una sobreabundancia de legislación que complejiza su protección. En los humedales, hay bosques nativos y pastizales; diferentes leyes que legislen parcialmente sobre un mismo territorio, llevarán a superposiciones regulatorias y dificultades para una gestión integral, y con ello, que no cumplan sus objetivos”.

A todo esto, Peirano enfatizó que “queremos reforzar que una ley de Humedales no va a prevenir ni apagar incendios rurales. Para proteger nuestros ecosistemas de los incendios rurales se requiere que se cumplan las dos leyes en manejo del fuego en forma efectiva, se refuercen las políticas de prevención, detección temprana, presupresión y ataque rápido. En particular, se requiere coordinación entre las jurisdicciones, se asignen los recursos necesarios y se ejerza el poder de policía local”.

Desde la Red Nacional de Productores Autoconvocados también plantearon su posición en relación al debate de los Humedales. “No queremos leyes que restrinjan la propiedad, ni nuevos y costosos entes estatales que llenarán quienes hoy provocan incendios y mienten a la población con el cuento (otro) que un ley es la solución ´allá ité´. Mientras esa misma población vive hacinada (buena parte en usurpaciones y asentamientos con patrocinio político) sobre humedales como lo son las cañadas, esteros, lagunas, ríos entubados (unos) y cloacas a cielo abierto (otros) que conforman las cuencas de los ríos Matanza, Riachuelo y Reconquista y los bajos que rodean a las grandes ciudades. Allí no impera ley alguna. Ni se la pide”, señalaron en un comunicado.

Por último, los integrantes de la Federación Argentina de la Ingeniería Agronómica plantearon en un comunicado que “nos preocupa la asociación directa que se hace al vincular Incendios con humedales ó los dichos que necesitamos una ley de humedales para detener los incendios. Los humedales son ecosistemas muy valiosos en términos ambientales, dada su importancia en la provisión de servicios ecosistémicos y biodiversidad y también socioeconómico-productivos, por su enorme capacidad como proveedor de alimentos, materiales, medicinas, recreación y turismo.interpreta que una ley que pretenda ser eficaz en materia de humedales debería atender estas realidades bien diferentes, y para ella debe tener, la apertura necesaria para contemplar las grandes diferencias señaladas”.

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