Argentina cuenta con una gran cantidad de productores agropecuarios desperdigados a lo largo y ancho del territorio nacional. Según el último censo agropecuario, en el país hay más de 250.000 agricultores, ganaderos y apicultores, entre otras actividades, desarrollando tareas muy variadas. Las realidades que viven y las opiniones que expresan son de por sí heterogéneas, pero tienen rasgos en común.
En una extensa encuesta a través de redes sociales realizada por el analista y especialista en mercados agropecuarios Carlos Etchepare, a la que respondieron unos 28.000 seguidores, hubo coincidencias, entre otros puntos, sobre la influencia del Estado en las distintas actividades vìa presión fiscal y políticas implementadas y una mirada común acerca de los efectos adversos que tienen las retenciones y las decisiones oficiales sobre el agro.
En una de las 50 preguntas planteadas por Etchepare, eso quedó muy manifiesto. Ante la consulta de cuál es la mayor preocupación para los productores, el 71,7% de los participantes aseguraron que son “las políticas para el sector”, mientras el 24,5% se refirió al clima. En cuanto a cuáles son los riesgos frente a los que el productor agropecuario tiene menos posibilidades de defenderse, la respuesta fue contundente: el 70,6% de los 1.668 votos señaló que son ¨las políticas oficiales”, mientras que el 23,7% señaló al clima.
Más allá de las políticas oficiales implementadas por el Ejecutivo, solo el 44,9% de los productores que participaron en el relevamiento consideraron que se puede generar cambios en las mismas en el ámbito del Congreso nacional, mientras que el 22,2% cree que no y el 32,9% solo algunas veces. Por otro lado, frente a la pregunta de quién es el responsable de que el campo sea utilizado como fuente de recaudación impositiva, el 50,3% señaló a la clase política, mientras que el 10% responsabilizó a los productores, el 2,3% a la clase urbana y el 37% a “todos un poco”.
También, Etchepare preguntó sobre si los productores creen oportuno que la Argentina tenga una política pública destinada a promover la producción agropecuaria. Las respuestas fueron llamativas: el 39,9% respondió que sí; el 7,8% lo consideró necesario pero con adhesión voluntaria; el 23,5% prefirió el libre mercado; y el 28,8% se conformaría con que bajen los impuestos.
“Está claro que lo primero que surge es que los productores están siempre en contra de la presión impositiva justificada en la acción del Estado. Asimismo, cuando se les pregunta si puede haber una política agropecuaria en el país, parte de ellos prefieren que le saquen impuestos. No obstante, cuando se les pregunta en qué país les gustaría producir hablan de ir a Estados Unidos o la Unión Europea, que tienen políticas agropecuarias con alta presencia del estado desde la década de 1930 con muchísimos subsidios que los van acomodando en función de cómo va el mercado. Ahí hay un contrasentido”, señaló Etchepare en diálogo con Infobae.
Retenciones
Por supuesto, un tema central en el sector agropecuario es el de la presión fiscal, en especial respecto a los derechos de exportación. Y, claro está, entre las 50 preguntas realizadas, una parte importante fueron respecto a este ítem. En este sentido, cuando se consultó a quién consideraban que estas alícuotas causaban mayor perjuicio, de las 2.830 respuestas que recibió esa consulta en particular, el 68,8% respondió a los productores y un 28,1% entiende que los perjuicios incluyen a productores, industriales y exportadores.
“Quizá podemos concluir que ambas posiciones no dejan de tener razón: por un lado los productores son los que sufren las consecuencias económicas de su existencia. Pero también es cierto que si no existieran los derechos de exportación la cadena en su conjunto tendría el beneficio de disponer de una mayor producción”, planteó Etchepare.
Respecto a una posible segmentación de los derechos de exportación, el 50,7% de los votantes afirmó que no es oportuno este tipo de política, el 10,9 % señaló estar de acuerdo, el 15,2 % está de acuerdo pero en una segmentación por zona y el 23,2% por tipo de productor. Asimismo, respecto a la posibilidad de diferenciar los derechos de exportación favoreciendo con una menor carga a quienes agregan valor, la respuesta mayoritaria, 59,9% fue no. Además se consultó sobre si el productor agropecuario tiene la misma o mayor carga impositiva que el resto de los sectores económicos y se obtuvo, prácticamente la respuesta más elocuente y unánime de todo el relevamiento: el 95% de los que participaron de este punto en particular respondió que sí, que son uno de los sectores que más tributos debe pagar.
Mea culpa
Más allá de que los productores sitúan como temas sumamente importantes cuestiones referidas a la presión fiscal o los efectos nocivos de las decisiones oficiales, también hubo una suerte de mea culpa, tanto en el manejo comunicativo del sector, como así también en sus estrategias de presión para perseguir sus intereses. “Algunas respuestas demuestran que la mayor parte de los productores son conscientes de sus limitaciones y falencias, aunque no queda claro si están dispuestos a cambiar para corregir esos defectos”, indicó Etchepare.
Por ejemplo, frente a la consulta de por qué existe un alto nivel de desconocimiento por parte de la sociedad urbana con respecto a la realidad del agro, el 56,6% optó por señalar al propio sector como responsable máximo; el 24,5% culpó a la clase política; el 11,1% a los medios de comunicación y el 7,8% a la propia sociedad urbana.
Ahora bien, cuando se preguntó quién tiene mayor capacidad de lobby frente al poder político, el 47,8% de las respuestas señalan al sector financiero, el 36,4% a las industrias vinculadas al sector, el 14,5% a otras industrias y sólo el 1,2% menciona a los productores agropecuarios. Esto derivó en que la “representación sectorial es muy cuestionada por los productores sin embargo tampoco demuestran un alto grado de participación para provocar los cambios que consideran necesarios”, dijo el analista.
Es así como el 71,6% de los que respondieron esa pregunta en particular “considera sentirse mejor representado por los “autoconvocados” y sólo el 18,9% por la Mesa de Enlace; un 6,9% por las entidades de cadena y un 2,7% por el Consejo Agroindustrial. Pero frente a la pregunta sobre si están vinculados a alguna entidad representativa de los productores, el 57,6% respondió que no; el 31,2% dijo pertenecer a alguna entidad y el 7,6% sostuvo que no lo estaría nunca.
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