Aseguran que los planes sociales desincentivan la oferta laboral en las economías regionales

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) denunció que la falta de trabajadores rurales registrados ocasiona pérdidas en las cosechas de economías regionales. La entidad solicitó compatibilizar los planes y programas sociales con el empleo registrado en el sector, ya que los productores deben decidir entre perder parte de la cosecha o contratar trabajadores en negro.

Según CAME, las producciones de cereza, las frutas de carozo, el ajo, el tabaco, la vid, los cítricos, las pomáceas, el té y el olivo, entre otras, sufren la falta de mano de obra porque “el empleo registrado no es compatible con los programas” de ayuda social que brinda el Gobierno. En ese sentido, la Cámara pide respuestas a un problema recurrente que enfrentan los productores de las economías regionales.

Uno de los temores que tienen es que esta práctica que aqueja a ese sector desde hace años repercuta en otros cultivos. La entidad precisa que la mano de obra tiene una alta incidencia en los costos de producción, ya que representa entre el 45% y el 75%, según la actividad.

“Con respecto al nivel salarial y a modo de ejemplo, en el oasis este de la provincia de Mendoza, los viñateros pagan hasta $100 el tacho, mientras lo acordado era $50; por lo que un cosechero puede cobrar un jornal de entre $5.000 y $6.000”, aseguran.

La entidad se hizo eco de la situación que vienen denunciando los productores agropecuarios desde hace años. “Un país con hambre y altas tasas de desempleo se da el lujo de desperdiciar alimentos por no contar con la cantidad de personal necesario para levantar la zafra”, apuntó Eduardo Rodríguez, titular del sector de Economías Regionales de CAME.

Las producciones regionales representan alrededor del 70% de la mano de obra rural, dando trabajo a aproximadamente 625.000 trabajadores temporarios en época de cosecha. “Los pequeños y medianos empresarios agropecuarios aseguran que los planes y programas de asistencia social desincentivan a los beneficiarios a aceptar un empleo registrado, ya que el blanqueo implica la baja automática de los beneficios”, especificaron.

El fallido Plan Empalme

En 2017 el Gobierno de Mauricio Macri lanzó el Plan Empalme, un programa donde los trabajadores incluidos en esquemas nacionales implementados por el Ministerio de Trabajo o el de Desarrollo Social podían acceder a un empleo bajo relación de dependencia en el sector privado y, a su vez, podían seguir percibiendo la ayuda económica del Estado como parte de su sueldo. No obstante, la entidad señala que jamás funcionó, entonces, tras finalizar la relación de dependencia, pueden pasar dos o tres meses hasta que vuelven a cobrar la asistencia social.

Preocupados por lo que estaba sucediendo con los empleos irregulares y la falta de oferta de mano de obra, volvieron a exponer el problema ante las autoridades nacionales. A principios de enero de 2021 se hizo público el reclamo y aseguran que “nadie escuchó y los productores ya perdieron buena parte de sus cosechas”. Además, la entidad solicitó una audiencia con carácter urgente al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, pero aún no fue atendida pese a la gravedad del problema, que atenta contra el normal desempeño de la actividad productiva.

La entidad indicó que “la falta de trabajadores rurales ocasionó que hayan sufrido una baja en la productividad, una elevación de costos e, inevitablemente, una disminución de rentabilidad”.

Si bien desde la entidad no cuestionan la ayuda que el Estado brinda a la gente, coinciden en que no debería ser un escollo para el normal desempeño de la actividad, responsable de garantizar la mesa diaria de los argentinos. “Los trabajadores nos transmiten su miedo a perder la ayuda estatal si los registramos y prefieren no asumir el riesgo, ya que es la única fuente de ingresos que tienen. Nosotros necesitamos mano de obra y por eso solicitamos compatibilizar los planes y programas sociales con el empleo registrado, de forma tal que puedan seguir cobrándolos pese a estar en blanco”, aseguró Rodríguez.

Resaltan que, para que el problema no se agrave ni se replique en otros cultivos, es necesario que el Estado intervenga de manera urgente. “Es paradójico que, por un lado, el Gobierno quiera combatir la evasión y la informalidad; y por el otro nos coloque en esta encrucijada”, afirmó el titular del sector de Economías Regionales de la entidad.

Según la entidad, el hecho de que los productores tengan que decidir si pierden su producción o contratan trabajadores en negro fomenta la industria del juicio y se arriesgan a recibir una sanción por empleo no registrado. “Sea cual sea la opción elegida, los riesgos son altos. La ausencia de registración tiene otro perjuicio para el empleador. Lo que no está declarado no puede deducirse en la liquidación anual del Impuesto a las Ganancias, por lo que el productor se ve en la obligación de absorber estos costos que vulneran aún más su rentabilidad, si decide encarar la zafra con trabajadores informales”, concluyeron.

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