Desde el agro aseguran que en 2020 el oficialismo propuso una agenda legislativa más vinculada a las cuestiones ambientales y no a incentivar la producción

En un 2020 muy particular para el desarrollo de la actividad legislativa, todo lo relacionado al tratamiento de proyectos vinculados al sector agropecuarios, los mismos no estuvieron dirigidos para incentivar a la producción y aumentar los niveles de inversión, sino que el oficialismo propuso una agenda muy ligada a las cuestiones ambientales. Así lo reflejó un balance de año que realizó la Fundación Barbechando, encargada de seguir los temas del Agro en el Congreso de la Nación.

La Fundación informó que durante el presente año, en diputados se realizaron 253 reuniones de comisiones y se elaboraron 72 dictámenes, mientras que en Senadores hubo 227 reuniones y 145 dictámenes. En relación a las sesiones, en diputados hubo 15, con un promedio de los últimos tres años de 11 sesiones, y en senadores 24 sesiones, con un promedio de 16 en los últimos tres años. Y por último se aprobaron 65 leyes, cuando en 2019 fueron 39.

Según el informe privado, si bien en el presente año el Congreso sancionó un 66 % más de leyes que en 2019 y sesionó en más ocasiones que en los últimos tres años, “el balance del sector agropecuario fue neutro, con algunas leyes de impacto para el sector y dos grandes derrotas”, manifestaron.

A partir de los proyectos que se presentaron por la Mesa de Entradas del Congreso, la Fundación construyó el relevamiento donde la mayoría de las iniciativas tuvieron como objetivo el resguardo del medio ambiente y la penalización por el mal uso de los recursos naturales. También hay varios proyectos para todo lo relacionado a la protección de los humedales.

Por otro lado, se promovieron proyectos para beneficiar a las producciones regionales, la declaración de emergencia, el etiquetado de alimentos, la promoción de planes de empleo, la protección de bosques, la promoción de la pesca y los regímenes especiales para pequeños productores. En otra parte del año, y con la problemática de la empresa Vicentin y el aumento de casos de rotura de silobolsas, oficialistas y opositores se hicieron eco de la demanda de los productores y presentaron sus propias iniciativas para establecer una regulación.

En esta parte final del 2020, hubo proyectos que se presentaron y se convirtieron en Ley que fueron rechazados por el campo, ya que dirigentes y productores argumentaron que frenaban la producción, como el impuesto a la riqueza y los cambios en la normativa del Manejo del Fuego.

Además, se aguarda que el Gobierno envíe el proyecto para el desarrollo agroindustrial, una idea que viene trabajando de manera conjunta el gabinete económico y los integrantes del Consejo Agroindustrial Argentino. La presentación se realizaría una vez que se concrete el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Proyectos

En relación a las iniciativas presentadas en el Congreso que promueven el crecimiento del sector agropecuario y que algunas de ellas ya cuentan con media sanción o esperan su tratamiento en alguna Cámara revisora, se encuentran la prórroga a la ley de biocombustibles, el etiquetado de alimentos y el aumento de mensualidades y un régimen jubilatorio especial para viñateros. Por otro lado, en lo que va del presente año ya se convirtió en Ley la emergencia para el sector citrícola y la modificación del régimen federal de pesca.

Sobre las leyes que provocan un efecto negativo en el desarrollo de la actividad agropecuaria, son aquellas que se convirtieron en Ley como el impuesto a la riqueza y los cambios en la normativa del Manejo del Fuego. Son dos iniciativas que recibieron un amplio rechazo de los integrantes del campo y la agroindustria.

Por último, los proyectos que todavía no lograron su tratamiento en el recinto de ambas Cámaras, aparecen la Ley de Humedales, la conformación de un Observatorio de Agroquímicos, un Fondo fiduciario para el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el registro de fitosanitarios (incluido en sesiones extraordinarias), un programa de Agricultura Familiar y economías regionales y la prórroga de la Ley Ovina, que es reclamada por la Mesa Nacional de productores ovinos y que vienen trabajando desde hace meses para que se transforme en ley.

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