El campo enciende alarmas ante la posible aprobación de la Ley de Manejo del Fuego que impulsa el oficialismo

Entre el puñado de potenciales normas que está tratando el Congreso nacional que afectan directa o indirectamente al campo, el proyecto oficialista que modifica la Ley de Manejo del Fuego es uno de los que más rechazo genera en el sector productivo. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, podría tratarse hoy en el Senado, según indicó la Fundación Barbechando, y conseguir los votos necesarios para convertirse en ley, tensando aún más la relación entre el campo y el Gobierno nacional.

La principal preocupación respecto a la eventual aprobación del proyecto presentado por el diputado del Frente de Todos, Máximo Kirchner, radica en el muy contundente lapso de tiempo en que un predio, lote o campo no podrá tener otro uso al que tenía antes de que ocurriese un incendio.

En este sentido, Barbechando explica que en las zonas agropecuarias, praderas, pastizales y matorrales, se prohibirá por 30 años, a partir de la extinción del incendio, cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera al momento previo del siniestro. Por otro lado, en el caso de que la superficie afectada tuviese monte nativo, la prohibición de cambio de modalidad de uso se extendería a 60 años.

Para la Mesa de Enlace, compuesta por Confederaciones Rurales (CRA), la Sociedad Rural (SRA), Federación Agraria y Coninagro, estas prohibiciones se dan “independientemente de que los incendios sean provocados o accidentales” y que “afectan gravemente el derecho de propiedad y son aplicadas incluso a aquellos individuos que no son culpables de estos incendios por tratarse de hechos accidentales o causados por dolo eventual o animoso de un tercero”.

Esto deriva en que se “da por asumida, de este modo, la culpabilidad individual del propietario del campo, afectando la garantía constitucional de presunción de inocencia, condenando de antemano al productor de manera prejuiciosa, quien además de haber perdido su capital de trabajo o sus inmuebles por estos hechos debe enfrentar una condena por un evento sobre el cual no tiene responsabilidad alguna”, advirtieron los presidentes de las entidades agropecuarias.

Para Barbechando, es casi un hecho que el Senado transforme en ley el polémico proyecto, que tiene a todo el arco agropecuario en contra, junto con el del Impuesto a la Riqueza, otra iniciativa que el campo rechaza de raíz. “El oficialismo da por descontado que logrará la sanción de ambas leyes venidas en revisión de Diputados, por contar con los votos necesarios, mucho más holgados que en Diputados: el Frente de Todos reúne 41 senadores de base que le permitirá avanzar sin sobresaltos”.

Críticas desde el norte

Por su parte, la Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor) emitió un duro comunicado rechazando de plano las modificaciones propuestas por el oficialismo y consideró que el proyecto del manejo del fuego es el “disparate más grande que escuchó este año el campo” y que su confección fue “pensada y creada por ignorantes y carente de fundamentos lógicos”.

“Es increíble que esto ocurra con la cantidad de ‘asesores’ y funcionarios profesionales en esta temática que saben que esto es una payasada pero que optan por el silencio y hacer caso omiso a lo que propone el hijo de Cristina Fernández. ¿Dónde están los ministros de producción? Solo escuchamos silencio”, agregaron al respecto.

Según señaló la joven entidad, la sequía y las heladas que se produjeron a lo largo del año, en especial en el otoño y el invierno, fueron factores cruciales para que se produjeran los vastos incendios que se sucedieron en gran parte del país, entre las cuales “muchas hectáreas de cultivos invernales como ser trigo y garbanzo se prendieron fuego”. A esto sumaron el ejemplo de los incendios ocurridos en los cañaverales en el norte, donde los fuegos consumieron el 40% de la superficie cosechable.

En base a esto, APRONOR pidió que “a los que tienen la responsabilidad de votar les exigimos que se informen, que investiguen, que conozcan del campo y sus problemáticas antes de cometer un exabrupto que dejaría a miles de familias sin su capital más valioso de trabajo, la tierra”.

La mirada de las inmobiliarias rurales

La Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR) también cuestionó con fuerza la iniciativa parlamentaria considerándola como “un nuevo avance sobre la propiedad privada” esgrimida desde el kirchnerismo y sostuvo que vedar el uso de una propiedad quemada “constituye una verdadera confiscación estatal sin precedentes”.

“Es llamativo que los autores del proyecto en lugar de hacer cargo al Estado de sus responsabilidades en esta cuestión, trasladen una especie de castigo a quien ya ha sufrido una tragedia como lo es un incendio involuntario en su propiedad, incluso llevando la sanción al nivel de restringir el dominio por el termino de 30 a 60 años”, indicó la entidad en un comunicado.

Para la cámara empresaria “esta inconsistencia pone en evidencia que la iniciativa en trámite denota un nuevo intento de avance sobre la propiedad privada, esta vez, bajo la cobertura de una supuesta protección ambiental” y aseguraron que “vedar la disposición del uso del suelo en terrenos quemados -mismo siendo de forma accidental- constituye una verdadera confiscación estatal sin precedentes. Nuestro país no necesita más inseguridad jurídica que sólo sirve para espantar la inversión productiva”.

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