Hay mucha preocupación en el ambiente productivo de Pergamino por la decisión del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 2 de San Nicolás, a cargo de Carlos Villafuerte Ruzo, en la que prohíbe la utilización de fitosanitarios a 1095 metros del área urbana.
Según los sectores de la producción del distrito, la decisión judicial –del 30 de agosto del año pasado– afecta a unas 6 mil hectáreas con la consiguiente pérdida de productividad que produce un efecto negativo no solo en la economía de los más de 100 productores alcanzados por la medida, sino también a toda una comunidad. Además, los productores advirtieron que hay un deterioro de los suelos por las labranzas y la no reposición de nutrientes y la proliferación de malezas y plagas, entre otros aspectos ambientales.
Un grupo de entidades de productores, manifestaron en un comunicado: “Con todas las normas de seguridad necesarias, contempladas en la ordenanza 8126/14, los productores afectados, las instituciones públicas y empresas tecnológicas involucradas, pueden operar normalmente sus programas de investigación, experimentación, desarrollos tecnológicos, enseñanza y producción. No hacerlo, implica no sólo la pérdida de competitividad del sector agropecuario, sino que se afectará el desarrollo sustentable de toda la sociedad”.
Pero esta Resolución judicial también provoca inconvenientes en la Estación Experimental del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Pergamino. Se trata de un predio de 744 hectáreas, donde actualmente está limitada la actividad en 285 hectáreas, en las cuales trabajan unos 110 profesionales. Las tareas que se realizan en dicho lugar van desde recolección de datos y experiencias sobre productividad, suelos, ambiente, hasta detectar efectos sobre el aire y el agua vinculados a la producción agrícola y pecuaria.
“Hay lugares que por seis o siete metros, no podemos utilizar esas instalaciones”, explicó a Infobae el Director de la Estación Experimental, Ignacio Terrile, quien agregó que se encuentran inactivas las tareas de investigación en un bunker enterrado bajo tierra, llamado “Cámara Lisimétrica”, único en el país, y donde se recogen datos desde 1970 sobre el uso de fitosanitarios en cuatro módulos de hasta cuatro metros cuadrados y allí se realizan aplicaciones con mochila, y de manera puntual.
“Esta cámara, de cemento y enterrada bajo tierra, está a unos mil metros del Jardín Maternal que funciona desde 2017 en el predio, y como quedó dentro de la zona de exclusión no la podemos utilizar. De allí salieron muchas tesis doctorales sobre suelos y aplicación de fitosanitarios. El lisímetro no se puede mover. Igual sucede con un módulo de cinco hectáreas donde se analiza el manejo de malezas”, señaló Terrile.
Idas y vueltas ante la Justicia
Ante esta situación, desde el INTA se realizó un pedido ante la Justicia para reactivar gran parte de los proyectos de investigación que hoy se encuentran paralizados por la prohibición judicial, pero finalmente, en las últimas horas se anunció la decisión de dar marcha atrás con el reclamo.
El Director de la Experimental de Pergamino ratificó el envío de sendas notas contrapuestas a Villafuerte Ruso, ambas firmadas por el Director Nacional del INTA, Carlos Parera. En la primera misiva, se pidió hace tres semanas la autorización judicial para reanudar los trabajos de investigación, donde se deben emplear fitosanitarios. Luego, ante la escalada social y política que tuvo el conflicto, el INTA remitió una segunda carga al juez federal para “desestimar” el pedido inicial, tras argumentar que el pedido generó “interpretaciones equívocas” entre las partes interesadas.
Según Terrile, “se desestimó un pedido inicial formulado para reanudar estudios y tareas de investigación, para evitar que se tergiverse el reclamo del INTA y de lugar a equívocas interpretaciones por parte de las partes interesadas en la causa. Ante la escalada mediática tras haberse interpretado mal el mensaje que se quería dar –aseguró-, para bajar los decibeles y buscar ámbitos de diálogo, se creyó conveniente desde el INTA desestimar la presentación inicial, pese a considerar que el pedido era razonable”.
Frente a la causa de 20 cuerpos y más de 9000 fojas radicada en el Juzgado Federal de San Nicolás, Terrile indicó que “el INTA quiere ser parte de la solución y está esperando que lo llamen. Hay mucha información en el expediente. No somos parte. Si el juez necesita información o datos técnicos, estamos a la espera que nos convoquen”.
Debate y consenso
Respecto al impacto judicial que tiene la medida sobre el trabajo del INTA Pergamino, Terrile comentó que “el conflicto entre dos particulares afecta nuestras actividades, en especial las de investigación. El perjuicio económico es relativo. No toda la superficie del precio está afectada. Fuera de los 1095 metros de prohibición, seguimos haciendo aplicaciones mediante las reglamentaciones vigentes y respetando las buenas prácticas de aplicación de fitosanitarios, tal como corresponde”.
Consultado sobre qué se debería realizar para solucionar la problemática, el funcionario explicó que “desde el Estado hay que generar una política clara respecto a las aplicaciones, algo que sea de manera consensuada, y para que en todo el territorio nacional haya una única directriz en lo que se refiere a los cultivos extensivos. Se debería convocar a una mesa de discusión técnica, con representación técnica de todos los actores de las cadenas, organizaciones gubernamentales, organismos de ciencia y técnica, universidades e institutos de investigación de las provincias, profesionales y asociaciones ambientalistas", comentó.
“Todos en una misma mesa y consensuar, poniendo en una balanza la situación productiva y el cuidado del medio ambiente. Y esto se lograría a través de una ley nacional sobre el uso responsable de los fitosanitarios, y que las provincias y municipios adhieran”, concluyó.
“Inventario” para el uso de agroquímicos
Esta semana el Gobierno nacional anunció que está trabajando en la implementación de un inventario para el uso de agroquímicos. Al respecto, se realizó una reunión de la que participaron el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza; el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié.
A lo largo de la reunión se decidió realizar una convocatoria a la comunidad científica y tecnológica para que presenten aportes, con el objetivo de “analizar y contribuir al desarrollo de formas de producción sustentable que permitan la apertura de nuevos mercados para la producción orgánica y agroecológica, y que resulten en beneficios sociales, económicos y ambientales”.
En ese sentido, habrá una convocatoria a representantes del mundo científico, investigación y tecnológico que cuenten con resultados de investigaciones y/o desarrollos tecnológicos orientados a medir y/o estimar el contenido de agroquímicos en suelos, agua, aire y organismos biológicos".
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