Mientras el nuevo Directorio de Vicentin plantea un relanzamiento de la empresa, hay preocupación entre los acreedores por una posible pesificación de la deuda

El dólar oficial terminó en 2019 en cerca de 60 pesos y hoy roza los 80. El dólar blue, que a fin de año pasado cotizaba en torno a 75 pesos, ahora se ubica a más del doble de esa cifra. Tan fuerte depreciación de la moneda argentina explica por qué muchos acreedores de Vicentin, la aceitera que en diciembre del año pasado se declaró en default con una deuda multimillonaria en dólares, decidieron alzar su voz en contra de una posible “pesificación” de sus pasivos.

Las deudas que dejó Vicentin, y que superan holgadamente los 1.300 millones de dólares según las acreditaciones realizadas en el marco del concurso de acreedores que se inició en febrero, suena a mucho si se mantienen en dólares pero perderían valor aceleradamente si acaso prospera la idea de pesificar que habrían planteado alguno de los muchos abogados y síndicos que transitan por ese expediente, como modo de apurar los tiempos del concurso. Por supuesto nadie se declaró autor de dicha propuesta.

Pero la sola posibilidad de que se conviertan en pesos –y encima oficiales- los miles de toneladas de granos que Vicentin dejó sin pagar a más de un millar de corredores, acopios, cooperativas y productores individuales provocó en las últimas horas una movilización de acreedores nucleados en “Sumando cabezas”. La marcha se realizó frente a las oficinas del estudio jurídico Baravalle & Granados, que asesora a los síndicos del concurso de acreedores de Vicentin. Están ubicadas en Paraguay al 700, en el microcentro de Rosario. Justo en el mismo edificio de la Bolsa de Comercio de Rosario.

“El reclamo es de todos los productores, cooperativas y acopiadores es que exista un proceso concursal independiente, porque la apertura de concurso fue totalmente irregular y sin balances”, explicó Nicolas Galli, uno de los voceros de ese grupo. Según el damnificado, el centenar de acreedores que se movilizó cree que “el proceso se está realizando en favor de Vicentin y esto va a quedar reflejado en la estafa que están haciendo para no pagar y poder licuar toda la deuda”.

Hay varias denuncias judiciales que abonan esa hipótesis conspirativa, que colocaría al juez Hernán Lorenzini, que lleva el concurso en Reconquista, más cerca de defender las posiciones de la empresa que las de los cientos de acreedores. Lorenzini es el magistrado que se opuso a los intentos de intervención por parte primero del gobierno nacional y luego de parte de la provincia de Santa Fe. Las denucias penales, presentadas por el Banco Nación, los bancos internacionales y algún acreedor comercial, apuntan al hecho de que la firma concursada no había presentado su balance 2019 en tiempo y forma. Además se sospecha del falseamiento de los balances previos, para ocultar un supuesto vaciamiento.

“Si pesifican, con el ritmo inflacionario que existe y la devaluación, el año que viene la deuda comercial va a quedar reducida al 30%, perjudicando a todos los productores”, enfatizó Galli. Se sabe que los bancos internacionales son los principales acreedores de Vicentin, con cerca de 500 millones de dólares; que el Banco de la Nación tiene un pasivo por cobrar de 200 millones. Pero entre productores y proveedores comerciales juntan otros 400 millones de dólares. En este último grupo de acreedores, Galli contabilizó “más de 1.000 productores, algunos en pequeña escala y otros a los que se les debe mucho dinero”.

Reuniones del nuevo directorio de Vicentin

Desde la conducción de la compañía concursada, luego del cambio de directores de las últimas semanas (se fueron los miembros de la familia Vicentín para dejar paso a varios directores profesionales), prefirieron no abonar esta polémica.

Más bien, en la última semana se ocuparon de reunirse con acreedores importantes como la cooperativa ACA (a la que le deberían más de 90 millones de dólares) y actores del negocio de granos de Rosario, tratando de reforzar los acuerdos que permitan mantener en funcionamiento sus complejos agroindustriales mientras se resuelve el concurso judicial. Días atrás, por ejemplo, Vicentin renovó un acuerdo con el Grupo Olio para operar a fasón la planta de molienda de soja de San Lorenzo y la de girasol en Ricardone.

Mientras se producía la protesta en Rosario, el nuevo directorio de Vicentin se reunió además con autoridades de la Bolsa de Comercio de Santa Fe y de la Sociedad Gremial de Acopiadores de Granos. En un comunicado, la empresa informó que se habló de “la importancia de que Vicentin pueda mantener su actividad productiva mientras las distintas partes involucradas buscan una salida ordenada del proceso concursal”.

“Las autoridades de la Bolsa expusieron el impacto que produjo en el sector la situación de Vicentin, pero expresaron también su voluntad de contribuir en la construcción de una solución que atienda las necesidades de todos los que se han visto afectados por la crisis de la empresa”, explicó el comunicado, que incluso llega a hablar de “la reinvención de una nueva Vicentin, que resurja de este proceso fortalecida, protegiendo los intereses de sus proveedores, trabajadores y agentes financieros que contribuyeron al desarrollo y a la rica historia de la empresa”.

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