Tensión en Entre Ríos: productores continúan en alerta, mientras la Justicia analiza la denuncia de la familia Etchevehere sobre la usurpación de su campo

Momentos de máxima tensión transcurren por estas horas en la localidad entrerriana de Santa Elena, en el Departamento de La Paz, en el campo que pertenece a la familia del ex ministro de Agricultura de la Nación y ex presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere.

Un grupo de productores agropecuarios decidió llevar a cabo una vigilia, a partir de anoche, hasta que la Justicia provincial defina el pedido que efectuó la familia Etchevehere para que desalojen de su campo, luego de denunciar la usurpación del mismo por parte de integrantes del movimiento de Juan Grabois, entre los que se encuentra la hermana del ex funcionario.

Dolores Etchevehere, que participa de la ocupación de ese establecimiento con el apoyo legal de Juan Grabois y de otros referentes del MTE Rural, decidió la semana pasada donar el 40% de la parte que le corresponde de esa estancia. Para eso, firmó con el “Proyecto Artigas” un acta fundacional de la “Comunidad Rural Organizada Artigas”, donde se desarrollará una colonia agroecológica.

Pero mientras Dolores Etchevehere habla de una “donación”, su propia madre define el contexto como el de una “usurpación”. En un escrito que fue enviado a la prensa, la madre del ex ministro alega ser la legítima propietaria del predio. En ese documento, figura que Dolores cedió en 2018 la fracción de la empresa familiar que ahora dice haber donado para el desarrollo del proyecto agroecológico.

En medio de este conflicto, ayer al mediodía más de 300 productores agropecuarios se movilizaron al ingreso a la localidad entrerriana, bajo el lema “Fuera Grabois de Entre Ríos”, con el objetivo de defender la propiedad privada y reclamar a las autoridades judiciales y provinciales el desalojo del campo. Así, luego de una Asamblea, se decidió ir en caravana hacia el campo en conflicto.

Mientras tanto, pasadas las 16 comenzó una audiencia judicial para definir la denuncia presentada por la familia del ex ministro del gobierno de Mauricio Macri. La reunión fue encabezada por el Dr. Raúl Flores, Juez Subrogante del Juzgado de Garantías y Transición de La Paz y por el Agente Fiscal, Dr. Oscar Sobko. Luego de varias horas de debate, se decidió pasar a un cuarto intermedio hasta hoy a las 12, cuando las partes deberán incorporar la prueba que han ofrecido presentar.

Causó sorpresa que en el acta judicial en la que se anunció el cuarto intermedio apareció la firma de la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Victoria Donda. Según trascendió, la convocatoria de los productores bajo la consigna “Fuera Grabois de Entre Ríos” podría constituir un delito de “intimidación o amenazas”.

Por otro lado, en el establecimiento rural, durante toda la jornada de ayer, se reforzó la presencia policial. Los productores que estaban presentes en el lugar, en más de una oportunidad intentaron ingresar al campo, mientras el ex funcionario y sus hermanos trataban de contener a los manifestantes. Más tarde, se autorizó a una Comisión Negociadora de productores poder dialogar con Dolores Etchevehere y los representantes del espacio de Juan Grabois.

“Los productores y ciudadanos tienen que estar orgullosos porque hoy pusieron el cuerpo para generar un hecho histórico. La verdad nos asiste. Y es por eso, que nunca más van a usurpar un campo en Entre Ríos”, dijo Luis Miguel Etchevehere en la puerta del establecimiento rural y rodeado de los manifestantes, que han decidido realizar una vigilia toda la noche a la espera de la decisión judicial.

Luego, en declaraciones a TN, Etchevehere agregó: “El objetivo de Juan Grabois es quedarse con lo del otro. Me llama la atención que no haya un repudio categórico del gobierno nacional y provincial a este proceder del dirigente”.

Reacción de los productores

En medio de este conflicto, los integrantes de la Sociedad Rural La Paz, “condenaron y repudiaron enérgicamente todo tipo de toma de tierras, campos o viviendas que se realicen sean cuales fueran las motivaciones". "La violación de la propiedad privada y por ende la Constitución Nacional es un límite que debemos sostener como infranqueable”, remarcaron.

Además, dijeron que hasta el momento ni el gobernador Gustavo Bordet ni sus ministros de Producción, Juan José Bahillo, y de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, “se han expresado ni a favor ni en contra de la inseguridad que vivimos los entrerrianos ante la propiedad privada”.

Desde el distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina, transmitieron su preocupación por “el accionar lento de la Justicia para resolver la problemática y con un mensaje político que no está atado a la Constitución Nacional y al Estado de derecho”. Por otro lado, los dirigentes de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos expresaron su “intranquilidad” por el aumento de casos de toma de tierras en la provincia y el resto del país.

Asimismo, los productores de la Filial de Crespo de Federación Agraria Argentina manifestaron en un comunicado: “No vamos a aprobar que la usurpación sea permitida en Entre Ríos. Este tipo de prácticas delictivas en contra de la propiedad privada no puede ser convalidado desde la política con una mirada distraída e irresponsable. Los ciudadanos entrerrianos necesitamos tranquilidad y seguridad jurídica y que la columna vertebral de las leyes es nuestra Constitución Nacional”.

Por último, los integrantes de la Mesa de Enlace de Córdoba se solidarizaron con todos aquellos productores que “se ven privados de su propiedad y medio de vida y son víctimas de delincuentes con aparente blindaje político y judicial”. Además, señalaron: " Repudiamos la inacción de los gobiernos, nacional y provincial que con su silencio cómplice renuncia a su deber de velar por la plena vigencia del orden social y los derechos constitucionales".

“No menos grave es la vergonzosa pasividad de jueces y fiscales que con pretexto de una serie de subterfugios y evasivas no terminan de cumplir con su deber de hacer cesar de inmediato un delito flagrante continuo y creciente que agrega una mayor cuota de angustia a la dificilísima situación social, económica y sanitaria que padecemos los argentinos”, concluyeron.

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