Tras la imputación a productores de Coronel Suárez por participar de la marcha del 17A, el campo advirtió que se pretende acallar y amedrentar a la ciudadanía

Luego de participar del acto por un nuevo aniversario del fallecimiento del Gral. Don José de San Martín y de la marcha ciudadana del 17A en rechazo al proyecto del gobierno de reforma judicial, un grupo de productores de Coronel Suárez fueron imputados en una causa por la violación de los artículos 205 y 239 del Código Penal, que se tramitará en el Juzgado Nº2 de Bahía Blanca, a cargo de la magistrada María G. Marrón.

La denuncia fue promovida por el intendente local Ricardo Moccero, quien justificó en las redes sociales la decisión: “En Coronel Suárez hicimos respetar el DNU de @alferdez y productores que participaron en la marcha del 17A deberán presentarse ante la Justicia Federal. #FuerzaAlberto #YoNoMarcho”, escribió en su cuenta de twitter.

El funcionario ya había advertido a los vecinos de la prohibición de reunirse en la plaza antes de la manifestación, por lo que el día de la marcha policías solicitaron el documento y domicilio de los asistentes, así como tomaron fotos de las patentes de los vehículos que se movilizaron.

La decisión del intendente provocó el repudio de la dirigencia agropecuaria a nivel nacional, provincial y local. En su cuenta personal de Twitter, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, publicó un mensaje de solidaridad con los productores y aseguró: “Perseguir a las personas por ejercer su derecho a la protesta pacífica, suena más a disfrazar una persecución política con una medida sanitaria”.

Por otro lado, los dirigentes de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), rechazaron la actitud de las autoridades municipales de Coronel Suárez, y señalaron que “buscan acallar y amedrentar al resto de los ciudadanos escudándose en recaudados sanitarios. Es por eso que observamos con preocupación el cercenamiento a la libertad de manifestarse”.

Además, precisaron que los ciudadanos y productores que se movilizaron en la marcha del pasado lunes lo hicieron cumpliendo con las medidas sanitarias y de prevención, que están contempladas en el uso de tapabocas y con distanciamiento social, para no propiciar la propagación del coronavirus. “Manifestarse y circular de manera pacífica está amparado por nuestra Carta Magna”, manifestaron los integrantes de la entidad en un comunicado.

Hay que recordar que en la previa de la marcha ciudadana del pasado 17 de agosto, desde Carbap expresaron su rechazo al proyecto oficial de reforma judicial, al que definieron como “inoportuno y no aporta a recuperar la confianza”.

Otros pronunciamientos

Sobre lo sucedido en el Coronel Suárez, también se pronunciaron las sociedades rurales del norte de la provincia de Buenos Aires, que se encuentran adheridas a Carbap. “Es un grave preanuncio de oscuros días que no desearíamos vivir. Los hombres de campo en nuestro carácter de ciudadanos de esta República necesitamos defender nuestras libertades por lo que repudiamos profundamente el atropello a las garantías individuales que prevé nuestra Constitución Nacional”.

Por último, desde la Sociedad Rural de Coronel Suárez, en primer lugar, cuestionaron la mecánica con la cual se individualizó a los asistentes al Acto aniversario por el fallecimiento de San Martín y luego en la marcha ciudadana.

“Todo pone en evidencia la espuria utilización de las fuerzas públicas para fines ajenos a la seguridad de la población. Si efectivamente los asistentes al acto conmemorativo se encontraban infringiendo norma alguna, deberían haber sido anoticiados de tal situación al momento de constatarse el hecho por la autoridad interviniente con el labrado de las correspondientes actas. Muy por el contrario, se limitaron a listar a los presentes con el solo fin de iniciar con posterioridad una persecución judicial, sirviendo el contexto de pandemia que estamos atravesando de pretexto para un adoctrinamiento aberrante el cual debe ser seriamente rechazado por la ciudadanía”, señalaron en un comunicado.

Y además plantearon a la ciudadanía a cuestionarse “si las medidas adoptadas por las autoridades responden efectivamente a preservar la salud de la población o, por el contrario, persiguen un objetivo sesgado en función de intereses particulares. Cercenar la libertad de expresión amparándose en una supuesta protección de la salud publica nos pone en presencia de un virus mucho más peligroso. Nos pone en presencia de un virus que pone en peligro ya no la salud de las personas, sino la salud de la Nación”.

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