Hubo satisfacción en la conducción de Vicentin tras conocerse la decisión del presidente de la Nación, Alberto Fernández, de dar marcha atrás con la intervención y expropiación de la agroexportadora.
Tras los mensajes del presidente publicados en su cuenta de Twitter, señalaron a Infobae desde la compañía: “Celebramos que se cierre este capítulo que no iniciamos nosotros, que nunca debería haber comenzado y que sólo trajo incertidumbre y confusión. Queremos encontrar una solución dentro del concurso, como corresponde. Todo lo demás fue innecesario”.
Cabe destacar que, más allá de la marcha atrás del gobierno con el proyecto de intervención, el mensaje presidencial advirtió que el gobierno tendrá fuerte participación en esa instancia judicial. El Presidente señaló que “instruyó a todos los organismos públicos involucrados para que realicen las acciones civiles, comerciales y penales que permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo, dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado”.
Otro de los que opinó sobre la decisión de Alberto Fernández de dar marcha atrás con la intervención de Vicentin, fue el actual diputado nacional por la Unión Cívica Radical por Formosa y ex ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile: “Es saludable la decisión de derogar este Decreto que no debió dictarse nunca, que le causó mucho daño al gobierno y al País. No puede informar el Juez del Concurso la deuda toda vez que el proceso de verificación de créditos no ha finalizado aún”, manifestó mediante su cuenta de Twitter.
Por su parte, Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), dijo en diálogo con Infobae: “Es positivo que se haya dado marcha atrás con el Decreto y se haya tomado la decisión que se tomó. En nuestra entidad nos hemos manifestado siempre estar en contra de la expropiación y estuvimos a favor de dejar avanzar al Poder Judicial en la búsqueda de una solución a una problemática que afecta a muchos productores agropecuarios de todo el país”.
Este medio consultó al resto de las entidades del campo que conforman la Mesa de Enlace. Desde Coninagro y la Sociedad Rural Argentina decidieron no opinar del tema por el momento, y hasta el momento no se recibió una respuesta al pedido realizado a la Federación Agraria.
Si bien este medio intentó comunicarse con representantes del gobierno de Santa Fe para conocer la opinión sobre los anuncios del presidente Alberto Fernández, no logrando una respuesta a la requisitoria periodística, fuentes cercanas a funcionarios provinciales comentaron que ahora aguardan que el Juez Fabián Lorenzini dictamine sobre el pedido que realizó la administración de Omar Perotti sobre una intervención judicial a la empresa.
Los productores de Avellaneda
Avellaneda es el distrito de Santa Fe donde está instalada la Vicentin. Los productores y la ciudadanía se movilizaron desde un primer momento en defensa de la empresa.
“Juanchi” Capózzolo, productor de la zona y ex Vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, señaló a Infobae: “Me siento aliviado con lo que está pasando con el tema Vicentin, y ruego que esto calme los ánimos y la Justicia actúe sin intromisiones”.
Y además envió un mensaje a Alberto Fernández: “El cargo detenta obligaciones, y una de ellas es el respeto por los otros poderes. El Juez representa el Poder Judicial, y el Señor Presidente representa el Poder Ejecutivo. Nosotros somos los ciudadanos que formamos parte de la República, y en nombre de mi ciudadanía le pido al Presidente respeto por la República y la división de poderes. Ruego que el ánimo que inspiró a usted a tomar la decisión de cerrar esta fisura en la sociedad, inspire en recapacitar sobre lo que le planteo”.
Fideicomiso
El paso previo al DNU conocido hoy fue el el fracaso de la reunión celebrada ayer entre la empresa y el gobierno de Santa Fe para la conformación de un fideicomiso en el marco del concurso de acreedores, que lleva adelante el Juez de Reconquista, Fabián Lorenzini. Desde Vicentin, habían advertido que la idea de que los accionistas se desprendan de las acciones para la constitución del fideicomiso “equivaldría a consentir una expropiación sin precio indemnizatorio, con la única esperanza de rogar que las gestiones de los representantes oficiales sean fructíferas”, precisaron mediante un comunicado.
“Las conversaciones mantenidas con representantes oficiales de la Provincia de Santa Fe, a instancias del tribunal concursal, arrojaron – a juicio de esta empresa- muchas más coincidencias que discrepancias. Sí debe hablarse de criterios contrapuestos a propósito de cómo implementar los instrumentos jurídicos enderezados a materializar esas coincidencias”, dijo el directorio de Vicentin, respecto de la idea de constituir un fideicomiso que le dé mayores garantías a los acreedores.
Concretamente, el gobierno de Santa Fe planteó “el desprendimiento de todo derecho de los accionistas respecto de su propiedad sobre el capital social de Vicentin, en la esperanza de que un plan de recuperación que la Provincia y la Nación liderarían tenga un resultado exitoso. Si se mira desapasionadamente este planteo, se aprecia fácilmente que equivaldría a consentir una expropiación sin precio indemnizatorio, con la única esperanza de rogar que las gestiones de los representantes oficiales efectivamente sean fructíferas”, expresaron desde la compañía agroindustrial.
Desde Vicentin, aseguraron que la idea del fideicomiso surgió de la empresa a los fines de dar “certeza y garantía del compromiso de los accionistas para cualquier propuesta concursal que, en primer lugar, contemplase la capitalización de créditos y consecuente licuación de la participación de los actuales dueños”. “Es la manifestación inequívoca de que los accionistas de Vicentin negociarán de buena fe y constructivamente una solución integral que lleve a la recuperación industrial y comercial de la empresa”, enfatizó el Directorio de la empresa.
Una vez conocida la noticia de la anulación de la intervención de la empresa, los directivos de Vicentin mostraron una vez más la voluntad de trabajar en el marco del concurso de acreedores que se tramita en los Tribunales de Reconquista, para encontrar una salida a la crisis y hacer frente a la deuda que supera los 1.000 millones de dólares.
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