Anoche se realizó una reunión en la sede del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que permitió destrabar el conflicto pesquero, de esta manera la actividad se encuentra normalizada y garantizada. Encabezaron el encuentro, el titular de la cartera agropecuaria, Luis Basterra, y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. También asistió el subsecretario de Pesca, Carlos Liberman.
Además, asistieron por el sector empresario, los integrantes de la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina y de la Cámara Patagónica de Industria Pesquera. Los trabajadores estuvieron representados por las autoridades del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU).
Según un comunicado oficial, el acta que se rubricó durante la reunión permitirá implementar una recomposición salarial y “compensaciones por producción” para los los marineros del periodo 2020/2021. Además, habrá una suma de carácter extraordinaria para los trabajadores de buques merluceros.
El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, sobre el acuerdo firmado, dijo: “No existe una vía de resolución de diferencias en el ámbito laboral que sea mejor o más efectiva que una mesa de diálogo con las partes y un Estado que garantice, no solamente el cumplimiento de leyes y derechos, sino que persiga de manera permanente la constitución de un clima de paz social que propicie el desarrollo de toda la sociedad”.
Por su parte, Luis Basterra, ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, señaló: “Siento orgullo del sistema productivo que tenemos y del sistema normativo que tenemos, porque en otro lugares se resuelve de otra forma, acá se resolvió en una mesa de análisis, de debate y de consenso, donde en un escenario complejo las partes alcanzan un acuerdo que permiten que la actividad se siga llevando adelante.
Los funcionarios que representaron al gobierno en la reunión, manifestaron que luego de la firma del acuerdo, “la actividad pesquera se encuentra garantizada de aquí en más, salvaguardando tanto el respeto de las condiciones laborales como la rentabilidad empresaria, con el apoyo y articulación de las instituciones del Estado”.
Desde el sector empresario señalaron en cambio que se trata de una solución “temporal y parcial” al problema de los sobrecostos operativos de la flota congeladora, que captura aproximadamente la mitad de la pesca total de langostino y aporta unos USD 500 millones a las exportaciones argentinas. Lo que se acordó, dijeron, fue “un acuerdo que permita salir a pescar por este año 2020 sin poner en situación de quebranto a las empresas”, pero que no soluciona el problema estructural. Además, agregaron, mientras se logró un acuerdo parcial con el SOMU, en Puerto Deseado el STIA (Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, otro de los gremios con que lidian las empresas pesqueras) mantiene bloqueado Puerto Deseado, en otra manifestación de lo que consideran “intransigencia sindical”.
El conflicto
Todo empezó cuando el sector empresario de la flota “congeladora-tangonera”, los buques-factoría que pescan, congelan y procesan el marisco para su venta en el mercado interno y para la exportación en cajas de dos kilos de “langostino austral patagónico”, no logró que el sindicato aceptara adecuar los niveles salariales en dólares a la caída de más del 50% del precio internacional del langostino.
De inmediato, los integrantes de la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (Capeca, el sector de los “tangoneros”) repudiaron la actitud del gremio al que hizo responsable de que “cientos de toneladas de pescado estén a punto de desperdiciarse”, y solicitó evitar " actitudes que intentan promover el caos social, desabastecimiento y alimento que se desperdicia: ya se bloquearon 34 camiones, 500.000 kilogramos de langostino que debieron tirarse a la basura”.
Pero el paro y los bloqueos que llevó adelante el SOMU a plantas de procesamiento en la provincia de Chubut, provocó que se pudrieran 500.000 kilos de langostinos que iban a exportarse y debieron ser tirados a la basura.
El lunes intervino el Ministerio de Trabajo y dictó la conciliación obligatoria, pero el gremio no la acató. Sin embargo, sí consiguió que se levantaran los piquetes en el puerto. Pero fue tarde. Tras liberarse los camiones, cuando fueron a descargar la mercadería la revisión sanitaria determinó que la mayor ya estaba podrida y tuvieron que desecharla porque no reunía las condiciones para su procesamiento y posterior consumo humano.
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