“Mi voto es no positivo”, expresó Julio Cobos en la madrugada del 17 de julio de 2008 y con esa frase pronunciada cerca de las 5 de la mañana, el entonces vicepresidente de la Nación desempató la votación en el Senado sobre la Resolución 125, la iniciativa que había sido anunciada el 11 de marzo de ese año y buscaba aplicar un sistema móvil para las retenciones a las exportaciones de soja, trigo, y maíz.
Ese fue el punto final de cuatro meses de intensas protestas en el interior del país, con asambleas y cortes de rutas de productores agropecuarios, y multitudinarias e históricas movilizaciones como las realizadas en la ciudad santafesina de Rosario, y luego en el Monumento a los Españoles, en la Capital Federal. Para muchos ese conflicto entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el campo, fue el origen de la “famosa grieta” que lamentablemente nos sigue atravesando en la actualidad.
Para evitar una profundización del conflicto con el campo, la ex presidenta Cristina Fernández había enviado al Congreso la polémica iniciativa, que fue aprobada por Diputados. Cuando llegó al Senado, se produjo un empate en 36 votos. En una dramática jornada y con un país pendiente de la votación, la decisión quedó en manos de Julio Cobos, el por entonces Vicepresidente de la Nación. Su decisión fue a favor del campo y de la paz social.
El 18 de julio de 2008, Alberto Fernández como Jefe de Gabinete de Ministros anunció que, por decisión de la presidenta de la Nación, se daría marcha atrás con las retenciones móviles. La decisión quedó plasmada en un decreto que instruía al ministro de Economía a limitar la vigencia de la Resolución 125 y sus complementarias. De esa forma, las retenciones volvieron al nivel de 35% anterior a la emisión de la polémica resolución. Luego, el 23 de julio, el jefe de Gabinete renunciaba a su puesto y se transformaba en otra de las víctimas de la 125. Antes había renunciado Martín Lousteau al cargo de ministro de Economía.
Esa resolución ministerial tenía como objetivo generar recursos adicionales para garantizar el superávit fiscal primario de 2008. El nuevo aumento de las retenciones, sumado al incremento de noviembre de 2007, significaban unos 3.000 millones de dólares más para las arcas del Estado que finalmente el gobierno de Cristina Fernández no pudo conseguir. La 125 hoy, pasados 12 años, solo es un recuerdo triste para la memoria de los argentinos.
En el ámbito de la producción agropecuaria siempre consideraron al ex ministro de Economía, Martín Lousteau como el principal responsable de la articulación de la Resolución. “Fue una medida recaudatoria y confiscatoria”, expresaron en todo momento los representantes de las entidades de productores agropecuarios, que en 2008 se unieron a pesar de las diferencias ideológicas, y conformaron la denominada “Mesa de Enlace”, una estructura gremial conformada por la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria Argentina y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro).
Al reclamo que llevaron adelante las entidades del campo, se sumaron los productores autoconvocados de todo el país, los transportistas, comerciantes, profesionales, empresarios vinculados a la agroindustria, y un amplio sector de la sociedad. “Fue el frente que se autoidentificó como el interior productivo frente a los abusos del poder central y lo más importante fue que no hubo un líder”, manifestaron los dirigentes agropecuarios de 2008.
En declaraciones a Infobae, el ex vicepresidente y actual senador nacional, Julio Cobos, sostuvo: “Nada se construye con intolerancia y sin consenso. Fue un conflicto innecesario, que se podía resolver sin la necesidad de que el Vicepresidente tuviera que desempatar en la votación del Senado. La situación había trascendido la frontera de ser un conflicto sectorial por un impuesto que se quería poner en este caso las retenciones, y se nos había generado un problema social. Ojalá que lo sucedido hace 12 años atrás nos sirva de ejemplo de las cosas que no debemos hacer”.
Nuevo aniversario: El pronunciamiento de la Mesa de Enlace
Sin lugar a dudas que recordar la votación en el Senado de la Resolución 125, hoy será un momento muy especial, teniendo en cuenta el contexto actual del país inmerso en la pandemia del coronavirus, y con todo lo que ha generado la misma en lo sanitario y profundizando la crisis económica.
Pero también es un momento muy especial en la relación del gobierno de Alberto Fernández y los integrantes del campo argentino. Hay dudas e incertidumbre entre los productores. Y hay temor de volver a las políticas que se aplicaron a partir de la derogación de la 125, como las restricciones a las exportaciones, que fueron para muchos productores la salida de la actividad porque no pudieron hacer frente a los efectos negativos que provocaron las decisiones oficiales.
Frente al nuevo aniversario, los actuales integrantes de la Mesa de Enlace publicaron un documento donde reafirmaron los principios y objetivos por los que se luchó en aquel momento. Además, los dirigentes del campo realizaron “un llamado tanto al gobierno como a la sociedad, para que no se cometan los errores del pasado, y exista la unión de todos los sectores con una mirada de futuro. El campo está dispuesto y comprometido para la construcción del país que queremos y merecemos”.
Para la Mesa de Enlace, con la derogación de la iniciativa sobre las retenciones móviles “finalizó uno de los procesos más inexplicables y tristes de nuestra historia. Fueron poco más de cuatro meses de conflicto y de furia desatados a partir de una caprichosa e injusta medida que procuraba castigar a un amplio sector de la sociedad argentina, conformado por productores, trabajadores, comerciantes, industriales, profesionales y habitantes del interior del país, con un desproporcionado y confiscatorio impuesto, bajo el formato de derechos de exportación móviles, enmarcados en la tristemente célebre Resolución 125″.
A partir de la Resolución 125 se puso de manifiesto la unidad del sector agropecuario a través de las entidades representativas del sector. “Nos unimos para explicarle al resto de la sociedad y a las autoridades de los tres poderes del Estado y todos los niveles de gobierno los motivos del rechazo a esa medida. Porque, además de injusta y confiscatoria, la medida impulsada por el Ejecutivo iba a ser absolutamente disuasoria de la producción, la inversión, la incorporación de tecnología, el arraigo rural y las posibilidades de desarrollo, creación de bienestar y progreso que pudieran venir de la mano de la agroindustria y todos los sectores asociados”, manifestaron.
Y con preocupación, los dirigentes agregaron: “Aunque pasaron ya doce años de esa fecha, estos días asistimos sorprendidos a algunas actitudes que lamentablemente nos retrotraen esos tiempos de desunión y conflicto que creíamos superados. En efecto, una avidez de recursos fiscales que se traduce en una creciente presión impositiva, un discurso provocador, diversos actos de vandalismo en el interior que atentan contra la producción y el desprecio de algunos sectores del poder respecto del campo y del interior productivo, que orgullosamente representamos, despiertan la inquietud y alarma en buena parte de los productores y los habitantes de amplias regiones del país, incluidos muchos centros urbanos”.
Mirada de futuro
En el documento , la Mesa de Enlace se sumó al reclamo de muchos sectores de “dejar atrás de una vez por todas las prácticas divisorias, provocadoras y amenazantes que tanto daño le han producido a la Argentina en el pasado y que ninguna persona de bien quiere que se repitan. Es hora de dejar nuestras diferencias de lado y unirnos como la Nación que somos y soñaron nuestros próceres y las generaciones que nos precedieron”.
Además, reclamaron construir una mirada de futuro “basada en consensos y construcciones colectivas que trasciendan los tiempos y los gobiernos y nos permitan proyectarnos al porvenir y al mundo con fe y confianza en el progreso de la Patria. Es tiempo de reconstruir y sostener entre todos los cimientos de nuestro querido país: la Democracia y sus instituciones; la República y la división de poderes; el Estado de Derecho y la independencia de la Justicia; la Constitución Nacional y los derechos y garantías que consagra, la libertad de comercio y de ejercer cualquier industria lícita, la paz social y la seguridad de los ciudadanos independientemente de donde vivan”.
Y por otro lado, reclamaron “la complementariedad del campo y la ciudad y de todos los sectores productivos, la tolerancia al otro y a sus ideas y pensamientos, el respeto a la diversidad y a las minorías, la consagración del debate público y la deliberación como maneras de llegar a acuerdos superadores, la prensa libre, diversa e independiente, el fomento de la inversión y de sus frutos como única manera de alcanzar el desarrollo y el crecimiento económico, la integración inteligente, pacífica y constructiva con el mundo, la apuesta a la educación, la innovación y el desarrollo de tecnología como la mejor manera de lograr el progreso, la igualdad y la creación de oportunidades”.
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