Argentina continúa a la cabeza de los países que menos ayudan y protegen a sus agricultores. Estos conceptos surgen de un informe difundido por la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE), que reconoció que “las retenciones son el principal mecanismo bajo el cual se producen transferencias del sector agropecuario al fisco argentino, un hecho que transforma en negativo el índice PSE, que releva el organismo y que refiere el apoyo de los Estados a sus productores”.
La OCDE, un organismo multilateral creado en la década del ’60 y con sede en París, refirió que en el caso argentino se “brinda apoyo negativo al sector agrícola, principalmente, debido a los impuestos a la exportación que deprimen los precios al productor nacional”.
Tras relevar el indicador que plantea el apoyo realizado a los agricultores en cada país, la mencionada organización –según sus cálculos- planteó que los precios de los granos internacionales, no solo en el caso de la soja, se sitúan para el productor que los vende en la Argentina un 21% por debajo del valor que se paga a nivel mundial, y esto por efecto del peso que tiene la carga impositiva en el país.
Según el informe ‘Agricultural Policy Monitoring and Evaluation’ de la OSDE, “el apoyo estimado del productor (en Argentina) fue negativo en un 21,4% de los ingresos brutos agrícolas durante el período 2017/19”.
Sólo en el 2019, mientras que en el mundo, los agricultores recibieron casi el 18% del presupuesto oficial en materia de política agrícola por parte de sus respectivos países por vía de subsidios y programas de asistencia, en la Argentina el apoyo al productor reportó un resultado negativo que rondó el 28,2% en promedio en materia de ingresos.
En el mundo, según datos de la OCDE, los países que la componen a los que incluye la Unión Europea más otra docena de países, promovieron entre el 2017 y 2019 planes de asistencia y apoyo oficial que llegó de manera directa a sus respectivos agricultores por un monto de 536.000 millones de dólares anuales. No fue este el caso de Argentina, cuyo resultado resultó negativo, según se detalló en el informe del organismo multilateral.
Argentina
En el caso de Argentina, el informe de la OCDE comentó que impuestos como las retenciones son el principal mecanismo bajo el cual se producen estas transferencias desde el sector privado al público, con un aporte promedio que ronda el 21% de la renta agrícola. Si bien, la soja debe tributar hasta un 33% en concepto de retenciones, la ecuación negativa también se constata en el caso de otros productos agrícolas, e incluso en la venta al exterior de carne bovina o aviar, y en los lácteos. Solo libran de esta tónica deficitaria, los exportadores de productos como carne porcina o huevos.
En la medición realizada por la OCDE, en el mundo desarrollado la asistencia a la producción en el 2019 arrojó la entrega de subsidios o fondos a través de programas de apoyo por un 17,8% de los ingresos agrícolas que tuvieron sus productores. Al tope de la lista se sitúa Noruega, tal como pasa en otros países nórdicos, donde el Estado sumó otro 60% a los ingresos que lograron generar su sector primario agrícola. En el extremo opuesto, tal la ponderación realizada, se sitúa la Argentina, donde a los ingresos de los productores agrícolas se les debió restar un 21% de sus ingresos durante el 2019.
Según la OCDE, “en algunas economías emergentes y en desarrollo, como India, Argentina, Vietnam, Indonesia, Rusia y Kasajistán, hay un precio negativo de mercado para algunos productos básicos, lo que implica que las políticas gravan (dicha producción) en lugar de apoyar a los productores”.
Tras referir mecanismos como las retenciones, según la OCDE, “estas transferencias negativas perjudican a los productores y, en combinación con los pagos presupuestarios y el apoyo positivo de los precios de mercado a otros productos básicos, distorsionan la producción y el comercio”.
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