Pese a que el campo siguió trabajando durante la cuarentena, la actividad inmobiliaria rural está prácticamente “frenada”. Los números son lapidarios: en los últimos dos meses prácticamente no se registraron operaciones. Así lo señaló la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR), en su último informe difundido. Nada hace cambiar la tendencia negativa, es más la misma se profundiza: “el índice de actividad del mercado inmobiliario rural registró en abril pasado, una caída del 47% interanual”.
Al evaluar la situación, los directivos de la entidad expresaron que, “el mercado de compraventa de campos, que venía ralentizado, no se muestra ajeno a este cuadro, que ofrece la crisis sanitaria, económica y de financiamiento en la Argentina, y llevó en los últimos dos meses a un escenario prácticamente sin operaciones y con un nivel de actividad muy bajo”.
Si bien el campo fue una de las pocas actividades económicas que se mantienen vigentes y en actividad desde que la Casa Rosada decretó el estado de emergencia sanitaria a partir del 20 de marzo pasado y fue declarada como “esencial”, esto –a juicio de la organización de inmobiliarias rurales- si bien “el mercado de arrendamiento de campos se mantiene demandado y dinámico tanto en el segmento agrícola como ganadero, no sucede lo mismo en lo que es la compraventa de propiedades rurales".
Para hacer frente a esta difícil situación, los operadores inmobiliarios piden a las autoridades crear un marco de “previsibilidad” para desarrollar la actividad, y permitir a los agentes de las empresas del sector “cumplir sus tareas habituales y así favorecer una operatoria mínima para movilizar a la plaza".
Inversiones
Más allá de esto, la falta de nuevos inversores llevó a que el mercado de alquiler de campos manejara “condiciones de precios similares a las fijadas en la campaña anterior”. Por ello, para las empresas inmobiliarias que integran la CAIR, la situación se vuelve “confusa” y cargada de “incertidumbre” respecto al presente y futuro inmediato frente a los efectos de la pandemia.
La Cámara reconoció que en el mercado existen “algunos inversores” que por campos ubicados en regiones centrales como Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, sólo ofrecen adquirirlos a “un 40 o 50% por debajo del valor solicitado”, hecho que hace que las ofertas realizadas no tengan éxito ni despierten interés en los vendedores.
“La escasez y cotización del dólar empujan esta visión”, se reconoció desde la CAIR, a cuenta de la situación que reporta tanto el mercado cambiario local, y también en materia de financiamiento muy acotado por parte del sector bancario.
Tampoco se reconoce apuro por parte de la oferta de campos para avanzar con las ventas. Persiste además un freno natural a la operatoria inmobiliaria rural, ya que actualmente la mayoría de los registros públicos se encuentran cerrados. Motivo por el cual no hay operaciones que permitan actuar como referentes para la plaza local.
“Hay coincidencia entre las inmobiliarias rurales –aseguraron desde la Cámara que nuclea al sector- que en este momento tasarían un campo para venta alrededor de un 20 por ciento por debajo de los valores de fin de 2019, con las salvedades del difuso escenario actual”.
La Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales aspira que “en el corto plazo el panorama se aclare y permita a las partes acercar posiciones para que el mercado vuelva a fluir con normalidad”.
Allí se reclama desde el ámbito privado, que las autoridades nacionales o provinciales proporcionen pautas que habiliten un marco de “previsibilidad, urgente normalidad y aliento para la operatoria inmobiliaria con acciones y medidas urgentes tales como un acuerdo con los acreedores de la deuda, la flexibilización del acceso a divisas, el sinceramiento del tipo de cambio, la reapertura de registros públicos, la circulación rural fluida, entre otras”.
En este contexto, desde la Cámara consideran que se deberían autorizar sin mayor dilación, y bajo protocolos sanitarios unificados, a los operadores inmobiliarios rurales para cumplir sus tareas habituales y así favorecer la operatoria mínima que requiere el mercado.
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