En España, como en Argentina, los productores agrícolas están en conflicto en defensa de su rentabilidad

Que el sector agropecuario se organice para confrontar al Gobierno o hacer oír sus reclamos no es algo novedoso ni es patrimonio exclusivo de la historia argentina. De hecho, las asambleas que vienen teniendo lugar al costado de las rutas en los últimos meses tienen semejanza, más allá de ciertos matices, con una serie de manifestaciones que se dieron recientemente en el sur de España, donde cientos de productores agrícolas se revelaron y pidieron respuestas ante los precios que perciben que consideran insuficientes para la sustentabilidad de su negocio.

En la Argentina el quid de la cuestión son claramente los derechos de exportación de la soja, principal producto de exportación del campo. Pero al fin de cuentas, no deja de ser un problema de precio, ya que es allí donde impacta el arancel afinando la ecuación de los productores. En España los agricultores reclaman que lo que se les paga por sus productos suele ser inferior a sus costos de producción.

En este contexto, los españoles nucleados en entidades como la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) iniciaron manifestaciones en Andalucía y en Castilla-León, que luego fueron replicadas en Cantabria, Castilla-La Mancha, Madrid y Murcia. En algunos de esos puntos hubo cortes de ruta y enfrentamientos con la policía local, algo a lo que todavía no se llegó en la Argentina, pero el Gobierno español, que al igual que el presidente Alberto Fernández también lleva menos de tres meses en el mando, respondió rápidamente a los reclamos.

“El mundo agrario y ganadero se ha levantado en pro de unas legítimas reivindicaciones por los precios. Pensábamos y seguimos pensando que buena parte de esas reivindicaciones tienen razón de ser y deben ser atendidas”, declaró el ministro de Agricultura, Luis Planas, quien decidió iniciar una mesa de diálogo agrario, con reuniones diarias con productores, sindicatos y cadenas de distribución.

Comparaciones

Una parte central del problema radica en la naturaleza de los diferentes eslabones de la cadena de producción y comercialización, que las dota de capacidades de negociación dispares, algo que también sucede en la Argentina.

En España hay más de 900.000 explotaciones agropecuarias, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas de ese país, mientras que el sector de la distribución es dominado por menos de una decena de grandes marcas.

Según cálculos de Asaja, COAG y UPA, desde el 2005 el precio de venta de los agricultores cayó un 15 por ciento, mientras que el precio de venta al público en las estanterías de los supermercados aumentó un 26 por ciento en el mismo periodo. “La cadena alimentaria ha de reequilibrarse, somos los únicos que no pueden fijar los precios de lo que vendemos, que viene determinado por la distribución”, coinciden desde los sindicatos.

En la Argentina el número de explotaciones es más que el doble que en España, pero tampoco gozan de un poder de lobby que les permita hacer contrapeso a las grandes cadenas de comercialización. Habrá que ver si la Ley de Góndolas que preparó el Gobierno con el espíritu de darle mayor participación a las PyMes en las bocas de ventas logra algún cambio en ese sentido. Mientras tanto, en ambos lados del Océano Atlántico los productores agropecuarios entendieron que la unión hace la fuerza, y buscan que sendos Gobiernos incipientes adopten políticas que no perjudiquen aun más una rentabilidad que ya está golpeada.

Seguí leyendo: