A días de comenzar la Vendimia, las entidades de productores vitivinícolas pymes adheridas a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), de las provincias de Salta, La Rioja, Mendoza y San Juan, aseguran que están atravesando una situación de “quebranto generalizado, sufriendo abusos en la formación de precios y hasta en la forma de pago".
El Censo Nacional Agropecuario 2018 demostró la gravedad de la situación con claridad, con la existencia de un 25,5% menos de productores agropecuarios que en 2002. Es por eso que desde CAME aseguran que la consigna “Ni un viñatero menos” debería transformarse en una política de Estado.
La vitivinicultura, una de las economías regionales más antiguas del país, desempeña un rol social y económico fundamental en el tramo central y norte de la franja andina de la Argentina. La cadena mueve más de 100 mil trabajadores en forma directa (dato de 2016) y alrededor de todo el complejo se relacionan y articulan un sinfín de actividades.
Desde CAME aseguran que la consigna ‘Ni un viñatero menos’ debería transformarse en una política de Estado
El 80% de la producción se vende en el mercado interno, con un consumo que cayó 15 litros per cápita en los últimos 15 años; a lo que se suma el aumento de costos, principalmente de fletes, energía, mano de obra e insumos dolarizados. En relación al 20% restante de la producción, se destina al mercado externo, donde las exportaciones registraron una caída interanual del 5,4% en 2019.
Los representantes de la producción vitivinícola, sostienen que el panorama “es complejo”, y reclamaron de manera urgente el diseño de políticas públicas, consensuadas con el sector privado, que impulsen el desarrollo equitativo de cada uno de los eslabones de la cadena de valor.
Y agregaron: “Se necesitan políticas diferenciales según ubicación y tamaño de la empresa, y surge la necesidad de contar con una Agencia Nacional de Vitivinicultura que tenga la capacidad y responsabilidad de laudar un precio justo, entre otras responsabilidades. El desplazamiento del productor, primer eslabón de la cadena, viene en ascenso. La ecuación es sencilla: sin productores no hay uva, sin uva no hay industria, y sin industria no hay bebida nacional”.
Precios y costos
Según testimonios de viñateros nucleados en CAME, en Salta la uva no tiene precio de referencia y, de venderla, lo hacen muy por debajo de los costos. En La Rioja, el productor percibe entre $3 y $3,50 por kilo. San Juan, por su parte, sí posee un precio mínimo fijado por el gobierno provincial de $6,50 el kilo y, si bien el importe no llega a cubrir los costos, esperan que el mismo registre un incremento.
Por otro lado, en Mendoza están pagando precios iguales o más bajos que en 2017, a pesar de la creciente inflación, percibiendo entre $7 y $8 por kilo. A modo de ejemplo, en el Valle de Uco los productores requieren 300 mil pesos para trabajar una hectárea, de la que obtienen 100 quintales. Es decir, alcanzan los 80 mil pesos por hectárea (si venden a $8), faltando aún 220 mil pesos sólo para cubrir los costos.
Además, desde CAME manifestaron: “En la actualidad, frente a una cadena de comercialización en la que falta transparencia, el productor trabaja a pérdida. Si bien los gobiernos de Mendoza, San Juan y La Rioja han anunciado y realizan aportes para el sector, los cuales son valorados por los productores, la dura situación económica repercute directamente en la actividad”.
En lo que respecta a los costos de producción, y según datos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en el este de Mendoza, para una finca de 10 hectáreas con un empleado permanente, cuya actividad principal es la venta de uva, los costos totales de producción son de $18,87 para varietales en espaldero y de $10,79 para básicas en parral. Si el precio por kilo está por debajo del valor del costo operativo más gastos de estructura (que para el caso analizado sería de $12,60 y $7,44, respectivamente), implicaría una pérdida de dinero para el productor, “lo que pone en riesgo la continuidad de la actividad y empeora y acelera el proceso de abandono de las fincas”.
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