La biotecnología evoluciona en el mundo a gran velocidad y los principales avances, la mayoría de las veces, llegan a los mercados -o al debate público- mucho antes que los marcos legales necesarios para encauzarlos. Una prueba de esto es la técnica más moderna utilizada para la edición génica de organismos: la tecnología CRISPR. Se trata, en líneas generales, de un método que permite cortar partes del ADN para que el genoma mute y un organismo evolucione de determinada manera.
Por ejemplo, a una planta o un animal con predisposición genética para contraer cierta enfermedad, si se identifican los genes asociados a la enfermedad se le podría extraer esa parte de su ADN y esperar a que se regenere sin el gen maligno. Esto es diferente a la transgénesis ya que no incluye genes ajenos al organismo original, y de hecho es imposible distinguir un organismo editado mediante la técnica CRISPR de uno que ha mutado naturalmente.
La diferencia es clara. Sin embargo, para el Tribunal de Justicia de la Unión Europea parece ser todo lo mismo, ya que desde 2018 considera a los organismos obtenidos mediante mutagénesis (edición génica) como un organismo modificado genéticamente (OMG), obligándolos a ser regulados por la normativa actual de transgénicos.
“Se impuso así a las nuevas técnicas de edición genética una regulación que fue diseñada hace más de 20 años, una decisión que ha sido fuertemente criticada por la comunidad científica”, explican desde la Fundación Antama (Fundación para la Aplicación de Nuevas Tecnologías en la Agricultura, el Medio Ambiente y la Alimentación), una entidad española financiada por empresas desarrolladoras de tecnologías para la agricultura a nivel internacional. Y agregan que los propios Estados miembro también mostraron su rechazo ante esta decisión y pidieron una actualización urgente de la normativa europea.
Reclamo
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación español, por ejemplo, pidió a la Comisión europea que realizara una “revisión y modernización de mayor alcance de la política biotecnológica en la Unión Europea”. Incluso el grupo de asesoramiento científico y tecnológico de la Comisión Europea, el Scientific Advice Mechanism (SAM), publicó una declaración en la que recomendaba que se revisara la actual directiva de OMGs para que reflejara los últimos conocimientos y para que se basara en la evidencia científica.
Ahora, la Unión Europea ha levantado el guante y ha solicitado a la Comisión que realice un estudio para obtener claridad sobre esta situación. El ministro de agricultura finlandés, Jari Leppa, dijo que el consejo solicitó el estudio sobre “opciones para actualizar la legislación existente” y que “si es necesario, la Comisión debe estar preparada para presentar una propuesta para enmendar la directiva sobre OMGs”. El estudio debe presentarse antes de abril de 2021 para responder “preguntas prácticas que tienen consecuencias para las autoridades nacionales competentes, para la industria europea, para la investigación y más allá.
La Fundación Antama también explica que el estudio debe incluir una solución al problema de cómo la Unión Europea puede “garantizar el cumplimiento cuando los productos obtenidos por medio de las nuevas técnicas de edición genética no pueden distinguirse, utilizando los métodos actuales, de los productos resultantes de la mutación natural”, y dice que la Comisión debería “presentar una propuesta, si corresponde, en vista de los resultados del estudio”.
Todo lo que suceda en Europa con la legislación sobre biotecnología deberá ser seguido muy de cerca por los funcionarios y productores argentinos, porque allí se juega el acceso futuro a muchos mercados.
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