Economías regionales: menos de la mitad de los productores tienen rentabilidad en su actividad

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), organizó la semana pasada un plenario nacional de economías regionales. En el mismo se realizó hubo un relevamiento para determinar las perspectivas del sector para el corto y largo plazo. Participaron de la encuesta 236 productores de 18 complejos agroalimentarios y del sector forestal de las 23 provincias.

Según el resultado de la encuesta, las principales preocupaciones de los productores son las complicaciones para la generación de nuevos clientes y el aumento de la concentración de los mercados, donde se observa que el 50% de los productores consultados expresó que hay dificultades para tener accesibilidad a comercializaciones transparentes.

Además, el 53% de los encuestados precisaron que tienen rentabilidad negativa, mientras que en el 42% sucede todo lo contrario. Las actividades más complicadas son la Forestal, con un 75% de los productores con rentabilidad negativa, y la frutihorticultura, donde el 71% de los productores que respondieron la encuesta, expresaron tener sus números en rojo.

Otro aspecto de la encuesta, fue la incidencia de los costos de producción, donde la energía y los combustibles y la mano de obra, son los de mayor impacto, y luego aparecen, la presión fiscal, la logística y los costos de implantación.

Perspectivas

Por otro lado, la perspectiva a futuro de los encuestados es bastante diversa, ya que el 31% manifestó tener expectativas positivas para el futuro inmediato, el 43% espera un futuro regular y está expectante sobre las medidas que tomará el nuevo gobierno para el sector agropecuario, y el 23% cree que va a ser malo.

Por último, se observa que las principales demandas de los encuestados son: acceso al financiamiento con tasas más razonables para los pequeños y medianos productores pymes; tarifas eléctricas diferenciadas para los electro dependientes de las economías regionales; eliminación de los derechos de exportación; reducción de las alícuotas de ciertos impuestos para disminuir la presión tributaria; plantear la necesidad de una reforma laboral integral, y recuperación de las pymes agropecuarias en crisis.