Mientras el Senado de la Nación convertirá en Ley la Emergencia Económica, las entidades del campo reclamaron al gobierno precisiones sobre el mecanismo de segmentación y compensaciones que se implementará para beneficiar a pequeños productores y cooperativas, y que está contemplado en la nueva normativa.
La Ley que sancionará el Congreso, aumenta un 3% los topes a las retenciones del poroto de soja, maíz y trigo, y que se suman al 5% adicional que significó la eliminación de los 4 pesos por dólar exportado, tal como se anunció el pasado sábado mediante un Decreto presidencial.
De esta manera, el gobierno estará habilitado, en caso que sea necesario, aumentar al 33% las retenciones al poroto de soja, a un 15% las de maíz y trigo, y los productos agroindustriales quedarían en un 5%. En este último punto, habrá que ver qué producciones tendrán dicho porcentaje de retención. Y por otro lado, la carne y la leche quedarían con retenciones del 9%.
También esta Ley, contempla la creación de una Comisión que podrá sugerir modificaciones y realizar aportes sobre el esquema de retenciones, y que estaría conformada por representantes del Poder Legislativo, de las entidades del campo y del Consejo Federal Agropecuario.
Modificaciones
Durante el debate en diputados, el oficialismo debió realizar algunas concesiones a la oposición para conseguir el acompañamiento de este espacio al proyecto de Ley. Y en el caso de las retenciones, se decidió implementar un mecanismo de segmentación y compensaciones para pequeños productores y cooperativas, donde ahora el gobierno deberá definir las escalas para determinar quienes accederán al beneficio.
Como anticipó en la semana este medio, se creará un Fondo Solidario de Competitividad, que será administrado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. A partir de esto, habrá que aguardar mayores precisiones sobre cómo funcionará el mismo, de donde saldrá el dinero que recibirá y como llegará la ayuda a los sectores anteriormente mencionados. Ayer circuló la versión, que este Fondo recibiría una suba de dinero que saldría de la recaudación adicional por el aumento del 3% del tope de las retenciones.
De esta manera, y como ya es costumbre en sectores que conforman el actual oficialismo, se busca con esta iniciativa dividir a la actual Mesa de Enlace, porque las modificaciones aprobadas en la Emergencia Económica beneficiarían a la Federación Agraria y Coninagro, y también el objetivo es frenar la realización de un cese de comercialización de granos y hacienda que las entidades agropecuarias proyectan realizar la semana que viene en rechazo al aumento de las retenciones.
En las últimas horas, los integrantes de la Federación Agraria alertaron que el artículo 50 de la Emergencia Económica, “no garantiza el reclamo histórico de la entidad de equidad tributaria y segmentación impositiva. El texto de la Ley no establece escalas, ni tiempos, ni producciones. Y en este sentido, tememos que pueda quedar simplemente como una declaración de principios, sin correlato en la práctica”, manifestaron en un comunicado.
Recordemos que esta semana las entidades del campo participaron de diversas instancias de diálogo con funcionarios nacionales y legisladores, con el objetivo de realizar aportes a la Ley, en medio de una movilización del interior productivo en diferentes lugares y con presiones a la Mesa de Enlace para que avance en la instrumentación de un cese de comercialización de granos y hacienda.
“La única forma de evitar que crezca el malestar, es que el gobierno nacional pueda dar información precisa y clara”, expresaron desde la Federación Agraria, desde donde anunciaron que la semana próxima se continuará trabajando para establecer un diagrama de devolución de retenciones.
Además, anunciaron a las bases de productores que se mantendrá el estado de alerta y movilización, dispuesto en la asamblea del jueves en la localidad santafesina de Alcorta, hasta que haya certezas que el reclamo de los pequeños productores será contemplado por el gobierno nacional.
Mientras la cámara de Diputados trataba el paquete de emergencia económica, los dirigentes del campo acercaron al oficialismo y oposición una propuesta que promovía la compensación a productores primarios de soja, trigo, maíz y girasol, y reclamaba información sobre los volúmenes de venta anual hasta los cuales habrá compensaciones, y los parámetros de cálculo de los montos de las mismas.
Según la propuesta del campo, se buscaba que las compensaciones debían funcionar con la modalidad de “mínimo no imponible”, donde se devolvía a los productores, hasta las toneladas vendidas máximas y no se devuelve nada más por el excedente de toneladas que vende. Se buscaba que las compensaciones llegaran a un total de 69.000 productores, y el costo fiscal de la medida sería de 1.550 millones de dólares por año.
Y por último, se proponía que a partir de la próxima campaña agrícola una eliminación progresiva de las retenciones, y mantener un diálogo abierto con el gobierno en base al documento denominado, “Propuestas del Campo y la Producción”, para acordar políticas agroindustriales de largo plazo, incluyendo temas impositivos pero no limitándonos a los mismos.
Seguí leyendo