A horas de asumir como gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, oficializó la conformación de su gabinete. En lo que respecta a la cartera agropecuaria, ya no tendrá más el nombre de Agroindustria y pasará a llamarse Ministerio de Desarrollo Agrario.
Esta nueva nueva estructura estará a cargo de Javier Rodríguez, Licenciado en Economía (UBA) y Doctor en Economía (UBA). Fue Secretario de Coordinación en el Ministerio de Agricultura entre 2013 y 2015, y hasta el momento ocupó el cargo de Director de la Licenciatura en Economía Política de la Universidad Nacional de Lanús, e investigador del Centro de Estudios Sociales, Económicos y Tecnológicos (CESET), en temáticas agroindustriales, de desarrollo económico y políticas económicas.
Además, en otro momento de su carrera en la función pública, trabajó como Director Nacional de Desarrollo Sectorial, Subsecretario de Planificación Económica del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, Asesor de la Presidencia de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados de la Nación (2004- 2009), y Consultor del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
El panorama en el interior del país
No solamente en Buenos Aires se oficializó ayer el nuevo gabinete, también sucedió lo mismo en otra de las provincias productivas más destacadas del país, como Santa Fe. El gobernador electo, Omar Perotti, anunció que el ministro de la Producción, Ciencia y Tecnología será Daniel Costamagna, quien sucederá a Alicia Ciciliani.
Costamagna, es productor agropecuario de la ciudad de Rafaela, ex presidente de la Asociación Cooperadora del INTA Rafaela, y estudió en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en Universidad Nacional del Litoral.
Recordemos que la semana pasada, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, ratificó en el cargo de Ministro de Agricultura y Ganadería provincial, a Sergio Busso.
Relación de Vidal con el campo
Luego del contundente triunfo electoral de Kicillof en las elecciones del pasado 27 de octubre, Javier Rodríguez integró el equipo de transición que conformó el gobernador electo, donde mantuvieron dos encuentros con Leonardo Sarquís, ex ministro de Agroindustria bonaerense.
Por otro lado, María Eugenia Vidal ordenó al titular de la ex cartera agroindustrial a continuar el diálogo de manera permanente con las entidades de productores agropecuarios más allá del 10 de diciembre, para de esa manera mantener activa la agenda con el “campo”, y para ello propuso sumar a los legisladores e intendentes de Cambiemos.
En las últimas horas, productores asociados a la Federación Agraria Argentina, que mantienen profundas diferencias con la actual cúpula de la entidad, publicaron un comunicado con críticas a la política agropecuaria del ex gobierno bonaerense.
Y también plantearon los desafíos para el futuro gobierno de Axel Kicillof: “Se deberá decidir entre darle a los espacios de trabajo y encuentro con los productores un lugar donde escuchar las propuestas para las cooperativas y los chacareros reales, las criticas sinceras y constructivas, las advertencias y planteos gremiales legítimos, o continuar con los ágapes que homenajean la obsecuencia al poder de espaldas a la realidad”, manifestaron.
En el documento entregado a la prensa, también advirtieron que los pequeños y medianos productores se encuentran, “frente a una situación crítica motivo de la desatención por parte de la provincia”, y agregaron: “El gobierno de Vidal castigó no sólo tributariamente a una región relegada y critica como el sudoeste provincial, sino que tampoco se cumplió con lo dispuesto en la Ley de desarrollo de la región”.
Además, hubo cuestionamientos al otorgamiento de las Emergencias Agropecuarias. Al respecto expresaron: “La institución de la Emergencia Agropecuaria fue manipulada al antojo de los funcionarios y a espaldas de la realidad. Hoy se habla mucho de la sequía histórica del 2018, pero en realidad nunca se otorgaron tan pocos certificados de emergencia y ello expuso a los productores a las intimaciones de ARBA y AFIP impidiendo, en muchos casos, seguir produciendo”.
Por otro lado, los federados se refirieron a los problemas de acceso de financiamiento a tasas accesibles, “la asistencia financiera ha estado ausente y los productores más chicos y las PyMEs agrarias han encontrado oídos sordos en el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Nuestra advertencia sobre los créditos UVA al sector, así como las tasas siderales y finalmente la interrupción material del crédito para nosotros, nos puso en una vulnerabilidad inédita”.
Y agregaron: “El crédito es una herramienta fundamental para el chacarero, y desde la Banca Pública éste debe ser orientado, dirigido y supervisado, de modo que no se aproveche por los mismos de siempre, quienes suelen darle destino diferentes, muchas veces volcándose los recursos de los ahorristas bonaerenses a la timba financiera y no a la producción”.
El documento también contempla la problemática de los caminos rurales y su falta de mantenimiento, “esa situación afecta más a quienes trabajamos en el interior. Son escasos los municipios que han continuado con instrumentos de gestión para el mantenimiento y reparación que permiten la participación chacarera y en ellos se nota la diferencia. El dinero del Inmobiliario Rural y de la Tasa Vial, en la mayoría de los casos mantienen un destino incierto, aunque sospechado, pero no fueron a mantener estas vías de comunicación y transporte”.
Sobre la seguridad rural, los federados bonaerenses comentaron, “hubo una enorme desinversión y, salvo esfuerzos locales puntuales, el equipamiento de la fuerza es insuficiente en capital humano y recursos materiales para cubrir la territorialidad del interior provincial”.
Otro de los problemas que deben enfrentar los productores, es la falta de una Ley provincial para la aplicación de fitosanitarios. En relación a este tema, manifestaron: “La conducción provincial que llevó adelante María Eugenia Vidal prefirió gestionar desde la Capital Federal en lugar de mirar el interior. Es así como en la actualidad existen más de 75 Ordenanzas municipales descoordinadas, los controles son prácticamente nulos y la Justicia intervino haciéndonos pagar a la mayoría que hacemos las cosas bien, por culpa de los pocos que las hacen mal”.
Por último, comentaron que la fijación de tarifas de transporte “ha sido un negocio para intermediarios y un perjuicio para transportistas y productores”, y también se refirieron al Plan Ovino, “es una excelente iniciativa, pero se requiere más transparencia entre los análisis de los proyectos y las decisiones de su otorgamiento donde las Universidades, las Chacras Experimentales y el INTA, tengan un rol preponderante”.
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