Durante el día de ayer se realizó un encuentro en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) de los presidentes de las entidades que representan al sector productivo de Santa Fe y que además forman parte del Consejo de Entidades Empresarias y de la Producción de la provincia.
Durante la reunión se firmó un documento donde se expresaron las dificultades por las que atraviesa el sector empresario y la ciudadanía por la elevada presión tributaria, en medio del temor de muchos sectores de la producción por posibles cambios en el actual esquema de retenciones.
En el documento las entidades expresaron: “En una coyuntura de inestabilidad de las variables macroeconómicas y de años de depresión del mercado interno, no es sustentable seguir creando tributos, incrementando los existentes o continuar aumentando su recaudación a través de subas de tarifas de servicios públicos y de altos niveles de inflación”.
Al respecto, además dijeron que esta situación profundiza “cada vez más la baja del consumo interno, el cierre de empresas y el desempleo”.
Además, hubo un pedido para los actuales gobernantes y los que asumirán el próximo 10 de diciembre, para que no haya un aumento de la presión tributaria sobre la producción agroindustrial, y se comprometieron a “trabajar de manera articulada y mancomunadamente en la búsqueda de soluciones sustentables a los problemas que impiden que Argentina alcance un óptimo y adecuado desarrollo económico con equidad social”.
Ley de Riesgos de Trabajo
Este pedido surge en momentos donde en Santa Fe surgió la polémica por un proyecto que promueve el Senador provincial, Alcides Calvo, que busca resolver los problemas actuales de los caminos rurales con el aporte del 50% de los frentistas, el 40% del Estado provincial y el 10% de los municipios o las comunas. El legislador, al respecto, aclaró que no se trata de una tasa o impuesto, y que no es obligatorio.
Por último, ayer en la reunión en la BCR, las entidades productivas reiteraron el reclamo para que la provincia de Santa Fe adhiera a la Ley Nacional de Riegos del Trabajo, “ya que las empresas de la provincia vienen dando ventajas ante sus pares en otros territorios, por la falta de actualización de la Ley y la consecuente persistencia de la llamada industria del juicio”, aclararon en el documento.