Esta semana Infobae alertó que el próximo 31 de mayo vencerá la declaración de emergencia económica, productiva, financiera y social de la cadena de producción de peras y manzanas de las Provincias del Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Juan y La Pampa. La normativa 27.354, sancionada en 2017, prorrogó los pagos de impuestos y aportes patronales por parte de los productores y de los galpones de empaque.
En el caso de no ampliarse esta normativa, que tenía vigencia inicial de dos años, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) estaría en condiciones de enviar a remate decenas de chacras y hasta empaques de frutas del Alto Valle de la provincia de Neuquén, ya que se acumuló una deuda cercana a los 1700 millones de pesos que los productores no cancelaron.
Frente a esta situación, el ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Dante Sica, acordó ayer con el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck y el Senador Nacional de esa provincia, Miguel Ángel Picchetto, enviar un proyecto al Congreso con el objetivo de prorrogar dicha emergencia por 365 días. Según fuentes parlamentarias el proyecto ya ingresó al Senado y sería analizado sobre tablas en la sesión del próximo miércoles 17 de abril.
En los considerandos del proyecto de Ley, las autoridades nacionales expresaron que si bien en los últimos años la producción de peras y manzanas tuvieron una cierta mejoría, "la situación económica del sector debe recuperar aún los volúmenes de años anteriores".
Protesta en Capital Federal
Recordemos que para el próximo 24 de abril se está organizando un "Frutazo" en la Capital Federal, donde los sectores de la producción concientizarán a la población por la difícil situación que atraviesan.
Especialistas del INTA y la Universidad Nacional del Comahue calcularon en $10,60 el promedio de costo de producción por kilo de fruta, mientras la mayoría de los productores cobran entre $5 y $6 por kilo.
En el "Frutazo", además, se reclamará la reducción de las retenciones de 4 pesos por cada dólar exportado a 3 pesos, y también, recuperar los niveles de reintegros a las exportaciones que cobraban estas economías regionales.
Por otra parte, insistirán en que se extiendan los plazos de pago de dichas retenciones, ya que la mayor parte de las empresas deben pagarlas a los 15 días de completado cada embarque, cuando cobran la carga a los 90 o 120 días. Es decir que es el sector privado que financia al fisco.
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