ArPOV es una asociación civil que nació a principios de los 90 y nuclea a obtentores en variedad de vegetales. Entre sus objetivos principales se destaca el de proteger la propiedad intelectual de las creaciones de sus asociados. Su presidente, Lisandro Galíndez, habló con Infobae sobre la Ley de Semillas que se está discutiendo en el Congreso.
Cabe recordar que la semana pasada finalizó la cuarta y última ronda del debate en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, que es presidida por el legislador Atilio Benedetti, y fue quien propuso generar un proyecto de consenso.
Al respecto, Galíndez se refirió a su presentación en nombre de ArPOV en la tercera ronda. "Fuimos invitados para exponer la postura de nuestros asociados ante la necesidad de un cambio en la Ley de Semillas la cual data de 1973", y se preguntó: "¿Cómo era el mundo en 1973 y como es hoy en 2018?". Para Galíndez todo cambió, excepto la Ley de semillas.
“Hoy estamos con una ley que no contempla un montón de tecnologías que en aquel momento eran impensadas, necesitamos una adecuación no solo a la actualidad sino prepararla para el futuro”, argumentó Galíndez .
Según comentó, presentaron su planteo apoyando el acta acuerdo que durante un año y medio armaron las entidades de la producción, las gremiales que representan a productores, las técnicas y la industria: "Se llegó a un consenso muy importante, inédito en todo este tiempo que lleva la discusión de semillas, y eso fue presentando a Agroindustria".
Argentina versus el mundo
Para tomar dimensión de la situación actual, el presidente de ArPOV estableció una comparación: "Hoy en Argentina en investigación y desarrollo se invierte USD 1 por hectárea sembrada, mientras que en Brasil son USD 2,5 y en Estados Unidos, USD 5, eso refleja en los rendimientos promedios que tiene los tres países, siendo los otros dos nuestros principales competidores".
Al hacer cálculos, aseguró que si Argentina alcanzará el rendimiento promedio que tiene Brasil, los productores tendrían USD 100 más por hectárea. De acuerdo a lo informado, actualmente en Argentina lanzar una nueva variedad o tecnología al mercado demora en promedio diez años. De esta manera, hoy Brasil cuenta con 1.600 variedades y Argentina, con 800 variedades.
“Necesitamos una ley dentro del marco del Acta de Consenso ya que eso permitiría la llegada de nuevos jugadores, lo que generaría más opciones y tecnologías, empleos y producción con gran impacto en las economías regionales”.
Si bien reconoció que Argentina está detrás de competidores como Brasil, Estados Unidos y la Unión Europea, advirtió: "Estamos a tiempo de acortar esa brecha y debemos hacerlo cuanto antes". Para el titular de ArPOV no invertir en genética y tecnologías tiene las mismas implicancias que no invertir en educación: "Afectamos el presente y comprometemos seriamente el futuro".
Ley de semillas y su impacto en las producciones regionales
Al ser consultado sobre si quienes deben aprobar una nueva Ley de Semillas son conscientes de la importancia que tiene para las economías regionales, fue claro y contundente: "A veces el árbol nos tapa el bosque, el árbol es la soja. Cuando se habla de Ley de Semillas se está hablando de cultivos regionales", y lo ejemplificó con el maní: "Es uno de los tantos cultivos paradigmáticos, se siembran más o menos 400.000 hectáreas, hoy hay cuatro obtentores y de los cuáles, hay uno solo con actividad. De esas 400.000 hectáreas, la mayoría está sembrada con una sola variedad, el riesgo que tiene es un tema de enfermedades que es el carbón, el impacto es fenomenal, y así, pasando por todos los cultivos".
Con ánimos de aclarar el objetivo de una nueva ley, destacó: "Salgamos de la discusión si es soja o trigo, son un montón de cultivos; no solamente involucra a obtentores o semilleros, involucra a los productores que necesitan nuevas herramientas para manejar el caso de malezas resistentes, situaciones de proteína, también estamos hablando de multiplicadores, nuestro socios estratégicos en acercarle a los productores estas nuevas tecnologías". En este sentido, según el Instituto Nacional de Semillas (INASE), en 2011 había 762 multiplicadores registrados y en 2018 hay 550.
Según la mirada de Galíndez, hay que llegar a distintos públicos como diputados y senadores y argumentó: "Tal vez no está tan empapados en el tema y hay que ayudarlos a entender el impacto que tiene esto en todos los eslabones, fundamentalmente en las economías regionales, cuando hablamos de federalismo no hay nada más importante que eso".
En cuanto a la sensación que le quedó luego de escuchar a los más de cincuenta expositores que pasaron por la Comisión de Agricultura, analizó: "Quedó a las claras que la inmensa mayoría de los expositores aboga por una nueva Ley de Semillas que se adecue a la situación no solo actual sino también a la futura".
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