Pros y contras de los efectos de la reforma tributaria del campo

El reclamo de competitividad choca de manera constante con el muro infranqueable del denominado "costo argentino". La última reforma impositiva que inauguró el año, todavía parecer ser la ilusión de que un vaso de agua calme la sed tributaria de un Estado que no logra el oasis que permita a los productores un respiro para seguir en carrera.

Para economista jefe del Instituto de Estudios Económicos y de Negociaciones Internacionales (IEENI) de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Ezequiel de Freijo, "se vivieron como un motivo alentador los cambios en las normativas tributarias tanto a nivel nacional como provincial, y el acuerdo tendiente a establecer un nuevo nivel de coordinación entre la Nación y las provincias, con el fin incentivar la inversión y generación de empleo".

En diálogo con Infobae, el técnico de la Rural resaltó que estos cambios "deben ser considerados como un puntapié inicial para lograr las bases para elaborar una reforma tributaria adecuada para la economía argentina". De Freijo agrega que desde el Ministerio de Hacienda, aseguran que "el impacto de los cambios impulsados generará una reducción de la presión tributaria Nacional en 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) al final de la entrada en vigor de todos los cronogramas (algunos de cuales llegan hasta 2022). Mientras que estima que la reducción en las provincias sería de un 2% del PIB", explica.

Los tiempos de la reforma

De Freijo detalla que las modificaciones tendrán niveles diferentes de impacto. Aquellos que reciben un beneficio "inmediato" son Recupero IVA Inversiones (la norma establece que pasados los seis períodos fiscales en que se demostró la imposibilidad de recuperar el crédito fiscal, éste se pueda compensar con el pago de otros impuestos); la reducción del IVA para los productores porcinos y avícolas; y el cómputo del pago del Impuesto al Cheque como Impuesto a las Ganancias (se realizará con un cronograma de aplicación del 20% por año hasta alcanzar al 100% de compensación del impuesto en cinco años).

El economista colocó en el grupo de los cambios que tendrán un "impacto medio" al Mínimo No Imponible en las Cargas Patronales (se instrumenta un mínimo no imponible equivalente a $ 12.000 que se ajusta periódicamente, a partir del cual se calculan las cargas patronales, reduciendo el porcentaje del 17% al 1% en cinco años).

De Freijo también considera que la modificación de la carga impositiva en los combustibles también tendrá un efecto a mediano plazo. Sin embargo, otros especialistas desconfían de la efectividad de esta medida, siempre y cuando la inflación no comience un sendero descendente.

Combustibles

El especialista en asesoramiento de empresas y derecho tributario, Marcelo Saleme Murad, advierte que los cambios del ITC (creado por la Ley 23.966 en 1991 y modificado por la Ley 27.430 de diciembre pasado) "impactará en las finanzas del hombre de campo".

Sucede que el impuesto dejó de ser una suma "ad valorem" para convertirse en una suma fija ($ 4,148 por litro de gasoil, y $ 6,726 para el caso de las naftas) sujeta a actualización trimestral por inflación, buscando desvincularlo del aumento del precio internacional del petróleo.

En diálogo con Infobae, el titular del Estudio Saleme Murad & Brussini, señaló que "el índice de precios al consumidor (IPC) está influído notablemente tanto por el aumento de los combustibles, como por el tipo de cambio. Entonces no hay un desacople", entre la cotización del petróleo y del dólar.

"Si se va a ligar a la actualización trimestral del IPC sigue siendo lo mismo, o podría llegar a ser más oneroso si los combustibles quedan atrasados con respecto a la inflación. Por lo tanto, el hecho de poder aprovechar sólo el 45% de lo que se pague, implica un encarecimiento para el campo", explica el especialista en derecho tributario.

Para Saleme Murad, "en la Argentina, con los precios liberados, cuando aumenta el petróleo lo hace también el combustible; pero cuando baja el valor internacional no pasa lo mismo con las pizarras, por una cuestión de costos internos, porque el aumento en el precio del combustible se traslada al IPC, estos a los salarios, y así a toda la economía. Y cuando baja el precio del combustible no puede bajar las otras variables que ya se ajustaron, como por ejemplo, los salarios", afirma.

Saleme Murad recuerda que "el diesel es la locomotora de todo el sistema de transporte argentino en un país carretero por excelencia. Si se quisiera aplicar una política de incentivo para la época de siembra y cosecha se debería permitir que se compute a totalidad del ITC al pago del Impuesto a las Ganancias".

Ingresos Brutos

Para De Freijo "a presión tributaria baja poco, pero baja, y una mayor reducción está sujeta al cumplimiento de un cronograma que deben respetar las provincias y municipios. El resultado dependerá del cumplimiento de cada una. Es necesario que cada distrito sea fiscalmente responsable en los tres niveles de gobierno".

El hombre del IEENI se lamenta que, "hasta ahora, las provincias avanzaron con el inmobiliario rural pero no con uno de los impuestos más distorsivos, como es Ingresos Brutos. Todavía no acompañan el espíritu del acuerdo con el Gobierno Nacional".

En este punto, Saleme Murad coincide con el ruralista: "Lo que las provincias firmaron es un compromiso, no hicieron los deberes todavía. Nos quejamos por las tarifas pero todas las provincias tienen una carga brutal de tasas en las facturas de servicios. En Córdoba, por caso, llega hasta un 40%", destaca.

A principios de mayo, la Fundación Producir Conservando (FPC) realizó su reunión anual en la que dieron a conocer un proyecto del ex viceministro de Economía, Juan José Llach, que propone la eliminación de IIBB que cobra cada distrito por un nuevo Impuesto a las Ventas Finales a escala provincial, aunque acompañada por una suba de los Impuestos Inmobiliarios, tanto urbano como rural.

En el encuentro de la FPC, el ex funcionario de la década de los ´90 consideró que "el Gobierno está en una dirección correcta pero hay que ayudarlo con ideas para que se aceleren los plazos". Según se explicó durante la presentación, el economista ya había acercado la propuesta al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, a fines del año pasado.

Llach hizo hincapié en la eliminación de los llamados "impuestos distorsivos", que son los que impactan sobre las cadenas de producción. En el caso de IIBB, el economista explicó que por ese gravamen las provincias recaudan unos USD 24.000 millones, lo que representa unos 4 puntos del PIB. A eso se suman una serie de impuestos municipales que representan otro 1%, es decir, unos USD 6.000 millones adicionales.

"Lo que se necesita es achicar el gasto. Esta voracidad fiscal se debe al gasto excesivo del Estado. Por primera vez en muchos años, el Ejecutivo Nacional está intentando bajar ese gasto. Si no fuera por la asistencia de Nación, las provincias no harían obras. Hay que achicar y hacer eficiente el gasto", subraya el abogado tributarista.

Mesa de Enlace

Los reparos sobre el alcance de las reformas se hacen escuchar desde las cuatro entidades que conforman la Comisión de Enlace. Desde Federación Agraria Argentina (FAA), señalaron que los cambios "le sacan competitividad a pequeños y medianos productores".

El presidente de la entidad, Omar Príncipe, manifestó que con esta reforma tributaria "no hay diferenciación entre la gran empresa y la pyme (pequeña y mediana empresa)".

En ese sentido también se expresó a su tiempo Daniel Pavicich, número uno del directorio del Banco Municipal de Rosario (ciudad que alberga la sede central de la FAA), quien consideró que la reforma tributaria "iguala pequeños productores con grandes, en un ámbito en el que las cargas sociales eran menores para la pequeña empresa que para la grande".

A fines de febrero, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) anunció un Proyecto de Ley de Promoción de las Economías Regionales. Durante la presentación, el titular de la entidad, Carlos Iannizzotto, recordó que la Argentina es uno de los países que más impuestos cobran a la producción.

En Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), su titular Dardo Chiesa señalaba a principios de marzo que "la reforma impositiva dejó un sabor amargo".

Más allá del incremento, "existe un factor más y por su importancia relativa podría tranquilamente estar a la cabeza y es el componente impositivo que del total pagado en una factura de gasoil, el 64% es carga impositiva (conceptos no grabados, IVA, IIBB), es decir, de los $ 1.500 millones del impacto, $ 960 millones son impuestos", escribía Chiesa.

"Dentro de estos el ITC representaba un 26%, la implementación de la rebaja de 10% que entró en la reciente reforma impositiva, actuará como un colchón frente a los aumentos que pueda sufrir el barril de crudo, según dicen desde el Ministerio de Agroindustria", apuntaban escépticos en CRA en la nota que terminaba con una muestra de esperanza: "Como productores esperamos ver los frutos de esta política de desregulación, y que se manifieste en una baja de costos a futuro, lo cual entendemos fue el espíritu de esta medida".

En la Sociedad Rural Argentina (SRA), su ex presidente y actual Jefe de la cartera del campo nacional, Luis Miguel Etchevehere, presentaba en octubre del año pasado la "Radiografía de la presión tributaria de las provincias" en el que denunciaba que la presión tributaria de las provincias había aumentado 77% de 2002 a 2016, pasando del 3% al 5,1% del Producto Interno Bruto (PIB).

De Freijo, quien acompañó al actual ministro en la presentación, explicaba entonces que uno de los impuestos que más había crecido fue IIBB (+131%), seguido por Sellos (+136%) y los impuestos a la propiedad inmobiliaria rural de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.

Según el trabajo de la SRA, antes de la reforma IIBB representaba el 4,1% del PIB, tercero en la lista de la estructura tributaria luego del IVA (7,1%) y Ganancias (5,4%).

Semanas atrás, su sucesor Daniel Pellegrina dejaba en claro su disconformidad sobre la reforma tributaria: "Puede ser que más adelante haya un alivio impositivo. Pero ahora está pasando todo lo contrario, porque las provincias lejos de bajar siguen aumentando los impuestos y esto recae automáticamente en los costos de los productores agropecuarios".

Acerca de IIBB, el actual titular de la Rural se quejó de que "muchas provincias actuaron con picardía. Tenían el impuesto en 0% pero como el Pacto Fiscal les permite una reducción gradual lo terminaron subiendo".

Una reforma de fondo

Los especialistas coinciden en que los cambios planteados en diciembre, en muchos casos, son demasiado "graduales" para las necesidades de reducir la presión impositiva que sufre el sector productivo más importante que tiene el país.

El economista de la SRA destacó que "se necesita un esfuerzo del Estado para reducir la economía marginal debido al poder destructivo que tiene contra los productores que pagan sus impuestos. Hay una competencia desleal que sufre aquel que cumple con sus obligaciones".

Por su parte, Saleme Murad entiende que "el gradualismo es político, no tiene un sustento económico, pero tiene un costo alto que recae sobre la producción. El campo sigue estando castigado, más que cualquier otro sector. Hace falta un estudio a fondo de la empresa agropecuaria".

Llach señala que "no hay ningún país comparable con la Argentina que tenga un sistema impositivo tan contrario a la inversión y desarrollo", dijo. Agregó que "los principales problemas son una presión impositiva muy alta, la evasión también es elevada, existen muchos impuestos distorsivos, y hay una mala calidad de recaudación de los impuestos progresivos".

De acuerdo a Saleme Murad, "el mayor universo de las empresas agropecuarias son pymes familiares. Hay muchos beneficios son de difícil acceso como la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias que llega cuando no se distribuyen dividendos sino que se reinvierte la rentabilidad. Y cuando se trata de emprendimientos donde la familia vive de lo que produce, esa rebaja es intransferible. El campo es una empresa de reinversión permanente, es la anti especulación (sic) por excelencia. Es injusto para el sector colocarlo al nivel de otras empresas", destaca.

"Insistimos con que es un primer paso", subraya De Freijo, "porque que a la luz de los resultados estimados luego de cumplido todo el cronograma se logrará reducir la presión tributaria total entre 3,5 y 4% del PIB. Dado el nivel que alcanzaría luego de estas modificaciones, todavía sigue siendo alta en función de las características propias del sistema económico argentino".

El ruralista apuntó contra el actual sistema de Coparticipación Federal de impuestos y dijo que este esquema "hace que muchos gobernadores e intendentes prefieran depender de lo que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) logre recaudar en otras jurisdicciones, vía porcentaje, antes de fiscalizar en sus propios territorios".

En este sentido, Saleme Murad apunta: "Algunas provincias no son viables tal como están estructuradas actualmente. Aquellas que están mejor administradas no quieren que se vayan recursos para las otras que no lo están tanto, y los otros no quieren que les dejen de dar. Lo que se requiere es un verdadero acuerdo nacional".