“Vamos a terminar con otro curro. La burocracia recaudatoria de las licencias de conducir”, dijo Patricia Vásquez, diputada del Pro que impulsa también el proyecto de ley para crear el Runda (Registro Único Nacional Digital Automotor) que propone la digitalización total del sistema registral de automotores y el cierre de los actuales Registros del Automotor.
La legisladora publicó la novedad de este nuevo proyecto a través de un video en la red social TikTok, en cuál explicó las principales características de la iniciativa. “Las licencias no van a vencer más. El cambio es más libertad con más responsabilidad. Cada cinco años habrá que presentar un certificado médico y una declaración jurada, gratuitamente. No tenés que pagar más renovaciones de licencias”, continuó.
Enunciado de este modo, el proyecto parece una simplificación total de un trámite que actualmente no presenta mayores dificultades para los conductores salvo el hecho de tener que disponer de algunas horas para hacerlo de manera presencial, y si bien la gratuidad implica un costo menos para los ciudadanos, el monto en sí que se desembolsa depende de cada jurisdicción. En todos los casos se paga el CENAT, que es un arancel nacional con un costo de $3.080 y luego una tasa municipal o provincial de distintos valores, que en algunos municipios no alcanza los $3.000 pero en otros supera los $25.000. De cualquier modo, en el peor de los casos, es un monto equivalente al de llenar medio tanque de combustible cada cinco años.
Con esta medida, de todos modos, lo que sí se desarma es una caja recaudatoria enorme, que claramente es uno de los objetivos del proyecto de ley, aunque en ese caso, el beneficio principal para las personas no es tanto el económico, sino el de la simplificación de un trámite. Entonces, profundizando en el proyecto, aparecen los interrogantes.
“Las licencias de conducir en sus categorías no profesionales se otorgarán sin fecha de vencimiento, debiendo los conductores presentar cada cinco (5) años una declaración jurada e informar, vía plataforma electrónica, y su aptitud psicofísica para conducir mediante de un certificado emitido por médico acreditado por la autoridad de aplicación a estos efectos. A partir de los 75 años, esta exigencia deberá ser cumplimentada cada año en idéntica modalidad. La presentación de certificado médico y declaración jurada es de carácter digital y sin costo”, dice el texto ingresado al parlamento este jueves.
Más adelante, el proyecto de ley hace un agregado al artículo 3ro, en el que se explica cómo se realizarán los controles médicos:
“Artículo 13 bis: la autoridad de aplicación elaborará el protocolo de evaluación de aptitud psicofísica para el manejo de categorías no profesionales y dictará los cursos de formación específicos para los médicos que expidan los certificados correspondientes.
A tales efectos, la autoridad de aplicación deberá contar con un registro de los médicos que hayan aprobado dicho curso, el que deberá ser de acceso público.
El certificado de aptitud psicofísica deberá contar con la firma del médico, y demás requisitos técnicos y legales que establezca la autoridad de aplicación, garantizando la inalterabilidad del mismo.
Dicha evaluación en ningún caso será realizada bajo criterios de edad o franjas etarias.”
Actualmente, la renovación no requiere un examen médico profundo sino sólo un control de vista y de coordinación psicomotriz básica y elemental. Entre los requisitos para renovar la licencia suele haber, dependiendo la jurisdicción, un curso online con información vial de mayor o menor duración y detalle, pero sólo para casos de conductores con alguna patología visual o auditiva previa, se exige un certificado médico.
El proyecto de ley de la diputada Vásquez, resalta como uno de los principales argumentos, el de la simplicidad de hacerse en forma digital y el del costo cero para los ciudadanos.
“La idea es siempre la misma. Menos burocracia recaudatoria, más simplicidad de trámites, y sistema acorde al siglo XXI con digitalización absoluta. Por eso es que no tendría costo”, explicó Vásquez a Infobae.
Sin embargo, al mencionar la obligatoriedad de un certificado médico emitido por un profesional acreditado por la autoridad de aplicación, hay un trámite presencial que se deberá hacer y que hasta ahora no era obligatorio para todos sino sólo para quienes tenían una condición médica específica que lo exigiera. Y a la vez, si ese profesional homologado es particular, hay un costo que pagar por la consulta, ya sea por parte de los ciudadanos o de las Obras Sociales o empresas de medicina prepaga, mientras que si la opción es un médico de un hospital público, no habrá costo, pero sí habrá una larga espera, probablemente de varias horas en las instituciones de salud.
“Están equivocándose en este punto. Actualmente, hacer una renovación es muy fácil, no hay mucho control de salud de las personas, y ese es un déficit que tiene el sistema. Podría decirse que no funciona como debería. Pero la solución no es dejarlo más libre todavía sino aumentar ese control. En Alemania, hay personas que llegan a los 80 años y van y entregan su licencia de conducir porque saben que ya no están en condiciones de manejar de manera segura. En Argentina, no. Acá es al revés, incluso sabiendo que no estamos en condiciones, intentamos conseguir un certificado. Es cultural. Pero lo más importante, más allá de esta conducta que nadie puede negar que existe, aún si el médico fuera corrupto y extendiera ese certificado, no hay castigo que evite un accidente provocado por alguien que no está en condiciones de conducir. Cuando ocurrió algo grave, la sanción ya no cura el daño hecho. Hay que ir adelante, no atrás del problema”, opinó el experto en Seguridad Vial, Fabián Pons.
Vásquez tiene respuesta para este interrogante y dice que “hoy, si hablamos de un tema cultural, pasa de todo. Depende de la jurisdicción, se le entrega licencia de conducir a gente de más de 90 años, por ejemplo. Pero, si vamos a decir que ‘hecha la ley, hecha la trampa’, o que por la cultura argentina, no hay ley que alcance porque todo lo que esté previsto en la ley va ser infringido, entonces cancelemos todos los códigos, todas las leyes y la Constitución misma. Estamos apuntando, y de eso se trata, a un cambio cultural, a trasladar al ciudadano una responsabilidad con libertad, que tiene que cumplir, y con consecuencias que también se cumplan. Porque estamos acostumbrados a que las penas no se aplican, las multas no se pagan, entonces estamos como estamos. La idea es que eso cambie, de una vez y para siempre.”
El proyecto fue presentado este jueves 18 de julio, por lo tanto todavía no tiene pase a comisión. Se estima que tendrá pase a las comisiones de transporte, de legislación general y de justicia.