Pocos días atrás se conoció el borrador de lo que según se especula, terminará siendo la nueva Ley Euro 7 para regular las emisiones contaminantes de los automóviles en el continente europeo entre 2026 y 2035, cuando queden definitivamente prohibidos los autos nuevos equipados con motores que utilicen combustibles fósiles para funcionar.
Sin embargo, no solo los motores térmicos están incluidos en la nueva normativa, los autos híbridos e incluso los eléctricos también deberán cumplir con ciertos requisitos que hasta ahora no se habían tenido en cuenta, y que obligarán a los fabricantes a realizar desarrollos y dispositivos que se adapten a la nueva reglamentación.
De lo que se trata este apartado para vehículos electrificados, es de garantizar a los usuarios el desgaste normal de la batería de sus modelos, tanto de las más pequeñas en el caso de los híbridos enchufables, como de las más voluminosas para los que dependen 100% de los acumuladores de energía.
Como se sabe, la batería es el componente más costoso de la nueva movilidad eléctrica, y es el principal componente del gran salto de precio entre dos autos similares, uno con motor térmico y uno eléctrico. Y a pesar de los esfuerzos de los fabricantes por reducir esa brecha, los costos de la extracción del litio, y de la construcción de la batería en sí misma, con todos los sistemas periféricos que aseguran su buen y seguro funcionamiento, no han bajado en los últimos años, y el escenario no parece muy optimista para que ello ocurra, al menos en opinión de la mayoría de los ejecutivos de la industria.
Así es que la Comisión Europea estaría determinada a monitorear el correcto funcionamiento de las baterías a partir de la norma Euro 7, con una sola finalidad: contribuir al desarrollo del mercado de segunda mano de autos eléctricos, algo que hoy parece lejano, pero que podría representar la posibilidad de dar acceso a un vehículo a los millones de usuarios que hoy no pueden pagar un auto eléctrico 0 km.
Sin embargo, otra vez hay algo de divergencia entre lo que la industria está experimentando y lo que los organismos de control de los gobiernos pretenden lograr. Apenas unas semanas atrás, se conocieron varios testimonios de valiosos expertos en movilidad sustentable, que aseguran que ya hay certeza de una vida más prolongada de la que se había calculado en la mayoría de las baterías de los autos eléctricos. Esto, además, fue validado por las experiencias de marcas como Nissan y Renault, que tienen autos eléctricos circulando desde hace más de 10 años y no han detectado signo alguno de un desgaste que pueda preocupar quizás por la próxima década.
De todos modos, hay un aspecto que sí se debe tener en consideración y que podría justificar este monitoreo obligatorio que pretende imponer la norma Euro 7, y es que, así como son muchos los usuarios que pueden alcanzar un auto eléctrico, muchos son también los que los recargan en estaciones de alta potencia, ya que están acostumbrados a detenerse por pocos minutos como lo hacían con los motores a gasolina, y quieren ahorrarse la mayor cantidad de tiempo posible.
Y ese es el punto débil de las baterías de iones de litio. La carga de alta velocidad es el principal motivo de envejecimiento que padece esta tecnología, y si un usuario reemplaza la carga lenta del enchufe doméstico por cargadores rápidos, probablemente en pocos años empiece a tener problemas con la energía que conserva y la autonomía que rinde.
La idea de la norma Euro 7 es que además de un monitoreo de la vida útil de la batería, los fabricantes se comprometan también a dar una garantía de durabilidad mínima. Tanto una como otra medición deberá estar disponible para ser monitoreada vía transmisión remota, lo que insumirá el desarrollo del dispositivo, pero también de la manera de enviar la información al centro de recepción.
La pregunta vendrá después, cuando haya que discernir si ese mínimo de durabilidad se cumple o no por el modo de uso de los automóviles, en cuyo caso la responsabilidad recaería en los propietarios de cada vehículo.
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