Con los apuros propios de la política ante situaciones de interés general como el calentamiento global, la Comisión Europea tardó solamente un año en decidir qué pasaría con el futuro del automóvil. De julio de 2021 a julio de 2022 se dictaminó que los motores de combustión interna ya no se podrán fabricar a partir del 1 de enero de 2035 y que la movilidad deberá ser únicamente eléctrica dentro de la comunidad de 27 países que la conforman, y que tienen dentro a la mayor cantidad de marcas de autos del planeta.
Pero como era lógico que ocurriera, después tuvieron de retroceder sobre la categórica decisión de prohibir todo tipo de vehículos que no fueran eléctricos, y actualmente están evaluando caso por caso, qué podría pasar con los motores propulsados por hidrógeno, por biocombustibles y con combustibles sintéticos.
Algo parecido podría estar sucediendo con la famosa y postergada norma Euro7, que debía estar originalmente reglamentada y lista para ser aplicada desde 2025, pero que luego pasó a 2027 ante el planteo de la gran mayoría de los fabricantes, de no poder cumplir con requisitos tan estrictos de emisiones como pretende aplicar.
La norma Euro7 era tan exigente que obligaba a las marcas a hacer una millonaria inversión en desarrollo de motores de combustión interna a un nivel tal, que muchos incluso habían empezado a adelantar la interrupción de algunos impulsores y a tomar decisiones como unificar motorizaciones con otras fabricantes, algo que resultaba más fácil para grupos que tienen varias marcas dentro de la alianza pero que complicaba severamente a otros.
Pero aun si esto fuera posible, el segundo gran problema que tenía la implementación de Euro7 a mitad de camino hasta llegar al 2035, era que muchas de esas inversiones atentarían contra las que la industria debe hacer para impulsar la movilidad eléctrica o alternativa, pero sustentable de cualquier modo, y que es el objetivo final que la propia Unión Europea persigue.
Según publica la versión europea de la organización global Político, “el borrador de las reglas, que establece límites para la contaminación que no es de CO2, sugiere establecer estándares de emisiones para automóviles y camionetas al mismo nivel que los vigentes para los automóviles a gasolina bajo el estándar Euro 6 existente”.
Esto significa que la norma Euro7 quedaría definitivamente en un cajón, y las motorizaciones de combustible fósil actuales mantendrían la exigencia de emisiones vigente hoy en día hasta 2035.
El borrador argumenta que “a la luz de las circunstancias geopolíticas y económicas actuales, se ha realizado una revisión final”. La Comisión, en la evaluación de impacto de la ley Euro7, cita el aumento de la carga de costos de energía y materias primas de la industria. “Esto ejerce una presión sin precedentes sobre la cadena de suministro automotriz y plantea problemas de asequibilidad para los consumidores, en un contexto general de alta inflación”, destaca el borrador.
En el Salón de París que acaba de culminar este domingo, el CEO de Stellantis, Carlos Tavares había reiterado sus críticas respecto a la norma al decir que “desde la perspectiva de la industria, no necesitamos Euro7, ya que atraerá recursos que deberíamos gastar en electrificación. ¿Por qué usar recursos escasos para algo para un corto período de tiempo? La industria no lo necesita, y es contraproducente”.
Pero en contrapartida, esta decisión resulta irritante para los defensores del medioambiente, que incluso ya estaban quejándose de las postergaciones que se fueron dando en los últimos dos años.
“El lobby de la industria automotriz se ha opuesto ferozmente a la Euro7. Ahora la Comisión ha cedido a sus demandas. Las ganancias de los fabricantes de automóviles tienen prioridad sobre la salud de millones de europeos”, dijo Anna Krajinska de la ONG Transport & Environment.
La última palabra no está dicha. La fecha para conocer la decisión final de la Comisión Europea es el próximo 9 de noviembre. Hasta tanto, los argumentos de unos y otros se seguirán haciendo oír con mucha fuerza.
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