El día de su asunción, el presidente Alberto Fernández sorprendió al dirigirse desde su casa hasta el Congreso de la Nación conduciendo su propio auto, un Toyota Corolla 2019, modelo de clase media con un buen nivel de equipamiento pero lejos de la alta gama. Poco más de una semana de aquella jornada, el jefe de Estado volvió a sorprender ya no con un auto, sino con un listado mucho más amplio que corre riesgo de sufrir un aumento significativo: es por el posible impuestazo previsto en el proyecto de ley de emergencia que se debate en los recintos legislativos. Y algunas versiones del Corolla estarían incluidas en dicha nómina.
En efecto, se estima que el 43 por ciento de los vehículos disponibles en el mercado argentino serían alcanzados por el cambio impositivo previsto por el Ejecutivo como una de las medidas tendientes a subir los niveles de recaudación. De acuerdo a las estimaciones realizadas por el sector automotor, aparecerían incrementos cifrados entre el 25 y el 53,8 por ciento en los valores de los cero kilómetro, lo que generaría como consecuencia una caída más pronunciada en los niveles de venta, que están cerrando 2019 con un fuerte déficit.
El capítulo 10 del proyecto de ley de “Solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública”, que ingresó a principios de esta semana en el Congreso y podría ser aprobada en las próximas horas para su aplicación desde el 1º de enero de 2020, se refiere a la reforma del “artículo 39 de la Ley de Impuestos Internos, texto sustituido por la Ley N° 24.674 y sus modificatorias”.
Y es ahí donde se afecta el parque automotor, porque se reduce la base no imponible para la aplicación del impuesto, lo que de manera automática amplía el rango de modelos que quedan a merced de la aplicación de la alícuota. Hasta el 31 de diciembre de 2019, dicha tasa empieza a aplicarse en modelos cero kilómetro cuyo valor de venta se sitúa en unos 42 mil dólares (2.650.000 pesos tomando la referencia del cambio oficial a $63).
De sancionarse la ley con el texto enviado en el proyecto original, habrá dos escalas para el llamado “impuesto al lujo”. En la primera, empezaría a aplicarse un gravamen del 20 por ciento en aquellos modelos cuyo valor de venta al público se calcula en unos 28 mil dólares, es decir alrededor de 1,7 millón de pesos (1,3 millón de valor mayorista).
La segunda categoría, en tanto, sería del 35% de tasa para que superen los 2,4 millones de pesos en el valor de costo, es decir que en el precio al público se ubica en alrededor de 3,1 millones. Sin embargo, desde el sector automotor advierten que el impacto real en los precios para ambas escalas sería superior, y llegaría al 25 y 54 por ciento, respectivamente.
Con esta modificación se volvería a un esquema similar al que estuvo en vigencia en 2014 y 2015. Si bien los impuestos internos nunca fueron eliminados, en enero de 2018 el gobierno de Macri los había reducido, al eliminar la primera escala y reducir al 25% la segunda.
Así lo demuestra un trabajo realizado por el importador Ernesto Cavicchioli, vicepresidente de Hyundai Argentina, quien alzó la voz ante la preocupación que genera en el sector un posible aumento de esta magnitud. El empresario plantea que, a partir de los datos de diciembre, sobre 991 modelos y versiones de vehículos disponibles en el mercado, un 43% quedará afectado por los nuevos impuestos.
Mirá el listado completo con todos los cero kilómetro alcanzados y a cuánto se iría cada uno:
“De salir promulgado generará un impacto muy grande dentro de un contexto que ya es negativo. Lamentablemente este proyecto es como echar nafta para apagar un incendio”, sostuvo Cavicchioli. Y amplió sobre la problemática que lo afecta en forma directa, la importación de vehículos: “Todas las marcas tenemos comprometidos autos que están llegando entre diciembre y febrero como mínimo, no se puede cambiar las reglas de juego de esta manera ya que nos empujan al borde del precipicio”.
En efecto, la mayor parte de ese 43% afectado por el proyecto de ley corresponde a autos importados. La mayoría de las importaciones las realizan las terminales, nucleadas en la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA). Pero hay una parte de las operaciones que las efectúa la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales (CIDOA), que nuclea al sector independiente de la industria automotriz, advirtió que la norma pone en riesgo a su red de 176 concesionarios, 311 talleres de post venta y 8600 puestos de trabajo directos.
Las pick ups y los vehículos utilitarios seguirían quedando exentos del impuesto, lo cual resulta beneficioso para los cuatro modelos que se producen en el país, Toyota Hilux, Ford Ranger, Volkswagen Amarok y Nissan Frontier.
Como ejemplo, la nueva línea del auto elegido por el Presidente, el Toyota Corolla 2020, es alcanzada por el impuesto, ya que de un precio estimado con el actual esquema en 1.912.000 pesos para su versión naftera, pasaría a 2.390.625 pesos. Y el híbrido, de $ 2.010.600 se iría a $ 2.513.250.
El proyecto de ley de “Solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública” ingresó al Congreso un día después de que el propio Fernández participara de un encuentro que nucleó buena parte de la dirigencia del sector automotor, en el que se presentó una “Propuesta y sostenibilidad” de la industria, un proyecto del que se conoce el enunciado pero no los detalles.
El plan fue elaborado al calor de un convenio entre el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) y el Centro Consensus de la Universidad Austral, y del cual participan ADEFA, además de las asociaciones de Autopartistas (AFAC) y de Concesionarios (ACARA).
Y este posible cambio impositivo ocurre en un contexto retraído del mercado, con ventas que se estiman en unas 450.000 unidades para 2019, con una caída superior al 40 por ciento comparada con el nivel de patentamientos que hubo en 2018.
SEGUÍ LEYENDO: