9 cambios que afectan a la industria automotriz argentina

La industria automotriz vive una época tumultuosa. Experimenta un cambio de paradigma integral: el auto como concepto y las marcas como fabricantes de una cultura. Las transformaciones suceden en el primer mundo, en los mercados subdesarrollados y en las industrias periféricas. Son propulsadas por las mismas automotrices, por organismos sociales, por los cargos de conciencia de las sociedades y por las autoridades gubernamentales. En Argentina, los cambios imperan.

El Gobierno nacional implementó en estos últimos meses una severa renovación en la naturaleza del rubro automotor. Aplicó modificaciones menores y una reconstrucción sustancial de fondo en situaciones de coyuntura internacional que intenta adoptar y absorber la industria local. Los cambios fueron celebrados y criticados: obedecen a diferentes escenarios en el contexto de un sector sometido a la baja rentabilidad y el déficit crónico en contraste con la interpretación de cierta sostenibilidad en las proyecciones de producción y el rendimiento comercial. La transformación comenzó en julio de 2017 y se intensificó en el último mes.

Autos ecológicos

En junio de 2017, el gobierno reglamentó la reducción y la eliminación de los aranceles de importación para autos híbridos, eléctricos y aquellos propulsados por celdas de combustible. Lo hizo a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial en el que derogó el impuesto del 35% a los vehículos extrazona de motorización sustentable. En algunos casos, el tributo se anuló de manera completa o bien se redujo al dos o al cinco por ciento. Fue un beneficio impositivo enfocado en las terminales radicadas en el país -Agrale, FCA (Fiat y Chrysler), Ford, General Motors (Chevrolet), Honda, Iveco, Mercedes-Benz (incluyendo Smart), Nissan, PSA (Peugeot, Citroën y DS), Ralitor (JMC, DFM, Foton, Baic y Kandi), Renault, Scania, Toyota (incluyendo Lexus), Volkswagen (incluyendo Audi y Seat) y Zanella-. Las compañías que estén representadas por importadores están excluidas del convenio.

La reglamentación regirá durante los próximos tres años y tendrá una tope máximo de seis mil unidades por año. El primer modelo que asimiló los beneficios arancelarios fue el Toyota Prius, el híbrido más vendido de la historia. Antes de la erradicación del impuesto, costaba 62 mil dólares y era el Prius más caro de la región. Tras la decisión gubernamental de estimular la inclusión del vehículo ecológico y luego de la derogación de la primera escala del impuesto interno a los autos -que llegó meses después-, hoy cuesta 36.500 dólares: su reposición comercial de junio de 2017 a enero de 2018 provocó una reducción de cerca del 42% de su valor.

Prórroga del Control Electrónico de Estabilidad

El 27 de noviembre de 2013 gobierno y automotrices firmaron un acuerdo de compromiso para que todos los modelos lanzados a la venta desde el primero de enero de 2018 tengan Control Electrónico de Estabilidad (ESP o ESC), un dispositivo de seguridad recomendado por las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud. Es un sistema obligatorio en la industria automotriz de Europa y de los Estados Unidos: corrige la pérdida de trayectoria de manera restrictiva, mantiene la estabilidad del vehículo y evita el derrape. Se conformó como un elemento vital en la prevención de accidentes.

Sobre el cierre del año pasado, el Gobierno publicó por Boletín Oficial la prórroga de dos años de la aplicación del ESP. Se presume que las autoridades nacionales coordinaron la postergación en concordancia con las automotrices asociadas en Adefa (principales fabricantes de autos) y las marcas agrupadas en Cidoa (la cámara de los importadores). La justificación es económica: radica en la necesidad de hermanar medidas con Brasil para optimizar la ejecución y optimizar el comercio común. La prórroga despertó repudios y desaprobación de parte de diferentes organismos de seguridad vial. Desde la Federación Internacional del Automóvil Región IV Latinoamérica divulgaron un documento titulado "La demora en la implementación del control de estabilidad aumentará los muertos en accidentes de tránsito en Argentina". "Es preocupante que hoy, ya ocho años de iniciada la Década de Acción para la Seguridad Vial de la ONU, el motivo sea el bolsillo de unos pocos en beneficio de corporaciones multinacionales, a costa de la seguridad de los argentinos", criticó, por su parte, Alejandro Furas, Secretario General de Latin NCAP, la desafortunada decisión del gobierno de postergar la obligatoriedad del Control Electrónico de Estabilidad.

Derogación de la primera escala del impuesto interno

En el último día hábil del 2017, Mauricio Macri cumplió una de las promesas de campaña a dos años del comienzo de su gestión. En el marco de la reforma tributaria que se aprobó con 52 votos a favor, quince en contra y una abstención, el gobierno nacional modificó en parte los impuestos internos a los automóviles: el gravamen del 10% a los autos de gama media se eliminó y la alícuota del 20% para los de lujo se mantuvo.

La cartera que conduce Francisco Cabrera citó al decreto 1111/2017 publicado el 29 de diciembre en el Boletín Oficial sobre impuestos internos, que oficializa la variación de los gravámenes. La carga tributaria afectaba a los modelos cuyo valor de fábrica oscila entre 380 mil y 800 mil pesos, precios que en las concesionarias se alimentan del 21 por ciento del IVA y del margen de comisión de naturaleza variable.

Esta derogación provocó una reestructuración en las listas de precios oficiales de las concesionarias. Dio comienzo a una nueva etapa comercial: cerca de 150 autos se vieron beneficiados por la medida con descuentos en el orden del ocho por ciento. Este fenómeno cambiario en el valor de los 0km provocó un efecto colateral: si bien bajaron de precio los vehículos de gama media que estaban afectados por el 10% de la primera escala, los autos más económicos que estaban regulados de manera indirecta por el tope tributario incrementaron su valor ya sin temor a ser impactados por el gravamen.

Decreto de Desburocratización y Simplificación

El 10 de enero el Gobierno lanzó un DNU para desregular y desburocratizar el Estado. El decreto despliega más cuarenta nuevas normas que buscarán optimizar los tiempos operativos de las empresas, promover las prácticas renovadas en las finanzas y el transporte, reducir los costos y ganar competitividad. Agrupa 170 medidas en 22 capítulos en las áreas de gestión de ocho ministerio que introducen 140 modificaciones en leyes o decretos y derogan otras 19.

El Decreto de Desburocratización y Simplificación produjo cambios sustanciales en la dinámica de la industria automotriz. Las terminales automotrices que quieran instalarse en el país ya no deberán sumergirse en largos procesos administrativos y burocráticos: la autorización estaba suscripta a un decreto presidencial y dependía muchas veces de factores políticos. Desde ahora la habilitación se realizará vía el Ministerio de Producción con una reducción notable en los plazos.

A su vez, el trámite de homologación de vehículos -un procedimiento que cada compañía debe hacer para comercializar cada modelo- demandará apenas 60 días. En la actualidad, el tiempo promedio para obtener la Licencia de Configuración de Modelo (la conocida LCM) y la nueva Licencia de Configuración Ambiental (LCA) puede llegar a demorar casi doce meses. Se habilita desde ahora un proceso de adjudicación de marcas y patentes más rápido y eficiente, con la presentación de dibujos y fotos digitales.

La medida también autorizó la circulación de los camiones bitrenes (formaciones compuestas por un camión y dos remolques con un largo de hasta 20,5 metros) por las principales autopistas y autovías del país, aunque restringidas solo a algunos corredores viales. El propósito de esta medida es reducir los costos logísticos en un 20% por una mayor capacidad de carga (hasta 60 toneladas), según explicara Pedro Sorop, jefe de Gabinete del Ministerio de Transporte.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) tendrá la facultad a partir de ahora de labrar infracciones de tránsito, de modo que se extiende el poder de sanciones con multas que antes estaban confinadas a policías municipales, provinciales y Gendarmería Nacional. Se determinó, a su vez, que la ANSV sea el organismo encargado de emitir y autorizar la emisión de licencias de conducir. Y en paralelo se estableció que la Ley de Tránsito empezará a considerar "falta grave" la evasión de una estación de peaje. Desde ahora se multará con sanción económica al infractor que se filtre sin pagar el boleto.

Con esta nueva legislación de desregulación y desburocratización del Estado, los cuatriciclos, las bicicletas eléctricas, las motos eléctricas y los pequeños autos eléctricos serán absorbidos por categorías específicas. El caso más paradigmático es el de los cuatriciclos, que en este verano volvieron a cargarse víctima fatales por su uso irresponsable. Hasta la aplicación de la medida eran considerados "vehículos rurales" con prohibición de circulación en vía pública. El DNU les proporcionó un marco regulatorio a escenarios sin estructuras jurídicas: concibió una categoría específica para cuatriciclos y quads. Será obligatorio patentarlos, contratar seguros para terceros, utilizar casco homologado y ser sometidos a verificación técnica obligatoria. Su circulación, sin embargo, estará circunscripta a caminos públicos delimitados por las autoridades de cada municipio.

Luces

El Gobierno realizó modificaciones de la Ley Nacional de Tránsito (24.449) durante la última semana del año pasado. Quedó establecido que para circular de día por rutas nacionales, además de las bajas, también se podrán utilizar luces diurnas o DRL (por Daytime Running Light). "Mientras el vehículo transite por rutas nacionales, las luces bajas o las luces diurnas permanecerán encendidas, tanto de día como de noche, independientemente del grado de luz natural, o de las condiciones de visibilidad que se registren, excepto cuando corresponda la alta y en cruces ferroviales", reza el primer inciso del artículo 47 de la Ley 27.425. La medida incluye que todos los nuevos modelos lanzados a la venta en el país deberán venir equipados de fábrica con luces diurnas de encendido automático.

Colectivos eléctricos

A través de un nuevo decreto publicado en el Boletín Oficial el 17 de enero de 2018, el Gobierno nacional autorizó la importación de hasta 350 colectivos eléctricos por parte de fabricantes o importadores. El decreto 51/2018 dictaminó un cupo de 60 unidades por compañía durante un plazo de tres años que se podrá vulnerar en caso de que las empresas presenten un plan de fabricación nacional que los eximirá del arancel de importación.

Silla de seguridad

Otra de las modificaciones de la Ley Nacional de Tránsito, orquestada entre el Gobierno y el Ministerio de Transporte, determinó la obligatoriedad del uso de las sillas de seguridad en los niños de hasta diez años. "Deberán viajar sujetos al asiento trasero, con el Sistema de Retención Infantil homologado al efecto, en relación a su peso y tamaño", describe el escrito formal. La norma regirá para todo el país a excepción de Mendoza, Córdoba, Capital Federal y Santa Fe, que tienen legislación propia al respecto.

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