Un tiroteo masivo en Belgorod pone al descubierto la movilización forzada de inmigrantes en Rusia

Ehson Aminzoda parecía seguir el camino de muchos inmigrantes centroasiáticos en Rusia: al principio trabajaba como albañil tras llegar a Moscú a principios de año, luego en un restaurante local, ahorrando sus modestos ingresos con la esperanza de volver a su Tayikistán natal para casarse. El 10 de octubre, se reunió con unos amigos y fue visto saliendo de la estación de metro de Lyublino, en el sureste de Moscú. Después, desapareció.

Cinco días después, según las autoridades rusas, Aminzoda, de 24 años, se encontraba en Belgorod, a sólo 24 millas de la frontera ucraniana, donde él y otro hombre, Mehrob Rakhmonov, de 23 años, presuntamente abrieron fuego a una base de entrenamiento militar, matando a 11 personas e hiriendo a otras 15.

El Ministerio de Defensa ruso dijo que el tiroteo tuvo lugar durante una sesión de entrenamiento para un grupo de voluntarios “que deseaban participar en la operación militar en Ucrania.” Las autoridades rusas calificaron rápidamente el incidente como un ataque terrorista, destacando deliberadamente la nacionalidad de los presuntos pistoleros, que eran tayikos.

Oficialmente, poco se ha revelado sobre dicho tiroteo, que se ha visto ensombrecido por la muerte y la destrucción de la guerra de Rusia en Ucrania.

Pero los activistas de derechos humanos y los familiares de los presuntos pistoleros creen que fueron reclutados a la fuerza. Dijeron que la mera presencia de los dos hombres tayikos en la base de Belgorod apunta a los abusos generalizados contra los trabajadores migrantes en Rusia y a las tensiones étnicas, que se han agravado como resultado de la caótica y muy criticada movilización militar del presidente ruso Vladimir Putin.

Mientras que muchos hombres en edad de combatir han huido de Rusia para evitar ser enviados a luchar en Ucrania -creando una nueva migración inversa de rusos a los países de Asia Central, incluido Tayikistán-, algunos migrantes en Rusia han sido arrastrados a las filas del ejército ruso a pesar de no tener obligación de servir.

Algunos parecen haberse ofrecido como voluntarios para luchar, posiblemente inducidos a alistarse por una nueva ley que ofrece una “vía rápida” para obtener la ciudadanía rusa a los extranjeros que firmen un contrato militar de un año.

En otros casos, según los defensores de derechos humanos, los hombres que buscaban ayuda en el Servicio Federal de Migración de Rusia fueron engañados para que firmaran los documentos militares, mientras que otros migrantes se vieron atrapados en la chapucera campaña de movilización y recibieron órdenes de reclutamiento ilegales a pesar de no ser ciudadanos rusos.

No está claro cómo acabó Aminzoda en Belgorod. Sus familiares dicen no tener ni idea.

“No sabemos cómo acabó en Belgorod”, dijo Firuz Aminzoda, un hermano del presunto pistolero, a Radio Ozodi, el servicio tayiko de RFE/RL. “Mi hermano no era un terrorista y no tenía esos pensamientos. Era un inmigrante corriente que quería trabajar y construir su vida”. Subrayó que Ehson Aminzoda no era ciudadano ruso y, por tanto, no podía ser movilizado.

Los presuntos tiradores de Belgorod desaparecieron más o menos al mismo tiempo que las autoridades de Moscú empezaron a hacer redadas en oficinas y albergues, y a sacar a los hombres de las calles en lo que parecía ser un impulso loco para alcanzar los objetivos de la movilización. (El viernes, el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, declaró que se había completado).

Poco antes de que Putin emitiera su decreto de movilización el 21 de septiembre, el ejército ruso abrió una oficina de reclutamiento en el principal centro de servicios para inmigrantes de Moscú. Desde la apertura de ese centro, abogados y activistas dicen que se han visto inundados de peticiones de ayuda de migrantes que dicen haber sido detenidos, coaccionados o engañados para alistarse en el ejército.

En las redes sociales aparecen también vídeos de Ucrania que muestran a prisioneros de guerra rusos que afirman ser trabajadores de Asia Central y que fueron enviados a luchar porque no tenían sus documentos en regla.

Valentina Chupik, directora de Tong Jahoni, una organización sin finesde lucro que ayuda a los migrantes de Asia Central en Rusia, dijo que ha recibido al menos 70 solicitudes de asistencia de migrantes, algunos de los cuales dicen haber sido golpeados y torturados.

Según Chupik, que tiene su sede en Ereván (Armenia), tras ser deportado de Rusia, un hombre de Kazajistán fue metido en una furgoneta, donde la policía lo golpeó, le aplicó una descarga eléctrica en los genitales y lo obligó a firmar una orden de reclutamiento.

The Washington Post no pudo verificar de forma independiente el relato de Chupik. La presunta víctima ha huido a Kazajstán y no ha podido ser localizada.

Pero otros inmigrantes de Asia Central que viven en Rusia dijeron en entrevistas que fueron detenidos por la policía y presionados para alistarse. Hablaron bajo la condición de anonimato debido a los riesgos de seguridad.

Un repartidor de comida de 35 años procedente de Uzbekistán, que lleva 15 años viviendo en Rusia, dijo que cuando fue al centro de migrantes los funcionarios marcaron su pasaporte, le tomaron las huellas dactilares y, sin explicación alguna, le anunciaron que acababa de firmar un contrato de servicio.

El hombre dijo que se negó y abandonó el centro. Entonces fue detenido por la policía, que intentó intimidarle para que firmara los documentos. Fue puesto en libertad y ahora intenta salir de Rusia.

“Cuando escuché por primera vez las palabras de ‘movilización’, no sentí nada, porque mi situación es mucho peor que cualquier campaña de movilización en Rusia”, dijo el hombre. “Aquí, la actitud hacia los inmigrantes es muy dura”.

Y añadió: “Nunca lucharía en una tierra extranjera y por el bien de gente extranjera”.

Un segundo hombre, de 36 años, con doble nacionalidad rusa y tayika, que trabaja como electricista y asesora legalmente a otros migrantes en Moscú, dijo que fue detenido durante una redada de la policía en la obra en la que trabaja, debido a su apariencia étnica caucásica. El hombre dijo que le llevaron a un vagón de la policía donde los agentes le amenazaron con golpearle y le obligaron a firmar la citación.

“No voy a servir, estoy en contra”, dijo, y añadió que estaba tratando de salir de Rusia lo antes posible. “¿Por qué tomar la tierra de otro para ti en primer lugar?”

“Pero si me cogen de nuevo, tendré que cumplir”, dijo. “Es eso o años de cárcel”.

Los abogados afirman que las autoridades rusas utilizan varios métodos para presionar a los trabajadores migrantes para que se alisten, como la falsificación de causas penales contra ellos, la promesa de dinero y la amenaza de deportación.

Karimjon Yorov, abogado y activista de los derechos humanos con sede en Moscú que ayuda a los migrantes tayikos, dijo que algunos migrantes se habían alistado voluntariamente, atraídos por la promesa de dinero o ciudadanía, pero que a otros se les ha cancelado el permiso de residencia si se negaban a alistarse.

“En primer lugar, se trata de mercenarismo, que está prohibido por la legislación rusa”, dijo Chupik. “En segundo lugar, cuando se obliga a una persona a realizar el servicio militar, esto ya es, por supuesto, un delito, y se trata de coacción para cometer el delito de mercenarismo. En tercer lugar, al parecer se han cometido delitos violentos, como el abuso de autoridad y la tortura”.

Chupik dijo que obligar a los inmigrantes a luchar en una guerra era sólo el último ejemplo de crueldad e injusticia a la que se enfrentan al vivir en Rusia, donde siempre están en una “posición extrema de opresión”.

“Naturalmente, en una guerra, ellos son las primeras víctimas, porque están indefensos”, dijo Chupik. “¿Quién saldrá en su defensa en una manifestación? ¿Quién les defenderá? ¿A quién pueden quejarse para que se escuche su voz?”.

Los analistas militares afirman que un número desproporcionado de combatientes rusos en la guerra de Ucrania son minorías étnicas procedentes de regiones situadas fuera de las principales ciudades de Moscú y San Petersburgo, como Buriatia, en Siberia, y Chechenia y Daguestán, en el Cáucaso Norte. Estas regiones han sufrido muchas bajas.

Putin se había resistido durante mucho tiempo a declarar una movilización, en parte para evitar que la guerra fuera percibida por los rusos de clase media de Moscú y San Petersburgo, más propensos a criticar y resistir. Sin embargo, tras el decreto de septiembre, estallaron protestas en Daguestán y Yakutia, y los gobernadores de varias regiones reconocieron que muchos hombres fueron movilizados por error.

Un informe reciente del Instituto de Estudios de la Guerra, un grupo de investigación con sede en Estados Unidos, concluyó que el tiroteo de Belgorod fue probablemente una consecuencia de la “continua dependencia” del Kremlin de las comunidades de minorías étnicas para que soporten la carga de la movilización.

“Las minorías étnicas que han sido objeto y se han visto obligadas a luchar en una guerra definida por los objetivos imperiales rusos y moldeada por el nacionalismo ortodoxo ruso probablemente seguirán sintiendo la alienación, lo que creará bucles de retroalimentación de descontento que conduzcan a la resistencia seguida de medidas represivas en los enclaves de las minorías”, afirmaba el informe. “El tiroteo de Belgorod es probablemente una manifestación de exactamente esas ramificaciones domésticas”.

Los detalles sobre el tiroteo siguen siendo escasos. Los medios de comunicación rusos y los canales de Telegram centrados en la guerra han informado de que podría haber sido provocado por una disputa entre combatientes voluntarios que estaban siendo entrenados en un campo de tiro y un oficial superior que hizo comentarios despectivos sobre Alá.

“Creo que no sabremos la verdad sobre el tiroteo o los tiradores durante un tiempo, si es que lo sabemos, ya que esto no interesa ni a los militares ni al Estado”, dijo Yorov, el abogado y activista de derechos humanos. “Pero las autoridades rusas seguramente harán la vida aún más difícil a los inmigrantes en Rusia, especialmente a los musulmanes”.

(Con información de The Washington Post)

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