Nicaragua representa el signo más dramático del aumento del autoritarismo en Centroamérica

CIUDAD DE MÉXICO - El presidente nicaragüense Daniel Ortega se apresta a ganar un cuarto mandato consecutivo el domingo, después de eliminar toda oposición seria en una de las olas más intensas de represión política en América Latina desde la década de 1980.

La elección es la culminación de años de esfuerzos del ex líder guerrillero de 75 años para consolidar el poder. Desde la primavera, su gobierno ha detenido al menos a tres docenas de figuras destacadas de la oposición, entre ellas siete posibles candidatos presidenciales, por lo que se considera en general que son cargos espurios.

“Estas elecciones no tendrán credibilidad”, dijo Patrick Ventrell, director de la Oficina de Asuntos Centroamericanos del Departamento de Estado. “Vamos a entrar en un escenario en el que hay una dictadura”, dijo en una mesa redonda el jueves organizada por el Atlantic Council y el Wilson Center. “Y tendremos que responder a ello”.

Nicaragua representa el signo más dramático del aumento del autoritarismo en Centroamérica, un duro desafío a las políticas de la administración Biden. Las autoridades estadounidenses temen que la corrupción y el gobierno autocrático no sólo estén debilitando las jóvenes democracias de la región, sino que estén alimentando la migración hacia la frontera sur de Estados Unidos.

Nicaragua no ha sido tradicionalmente una de las principales fuentes de emigrantes a Estados Unidos. Pero la represión del gobierno ha sobrealimentado un éxodo que comenzó en 2018, cuando las fuerzas de seguridad de Ortega sofocaron manifestaciones a nivel nacional. Los agentes fronterizos estadounidenses detuvieron a más de 50.000 nicaragüenses en el año fiscal 2021, un récord.

En Washington, la Cámara de Representantes aprobó por abrumadora mayoría el miércoles un proyecto de ley que pide ampliar las sanciones a las autoridades nicaragüenses y aumentar la supervisión de los préstamos internacionales al país. La medida también insta a revisar la participación de Nicaragua en el acuerdo de libre comercio centroamericano, que ha impulsado sus exportaciones a Estados Unidos. El Senado había aprobado anteriormente el proyecto de ley, conocido como Ley RENACER.

La represión del gobierno de Ortega contra los opositores “apesta a táctica al estilo de Putin”, dijo el senador Robert Menéndez, demócrata de Nueva Jersey, explicando en una entrevista telefónica por qué había presentado el proyecto de ley. “Lo que está haciendo es básicamente tomar medidas para establecer un régimen dinástico, al igual que los Somozas antes que él”.

Ortega ayudó a liderar la revolución sandinista que derrocó a Anastasio Somoza, un dictador de derechas, en 1979. El joven izquierdista pasó a encabezar el gobierno de Nicaragua en su lucha contra los rebeldes de la Contra apoyados por Estados Unidos.

Tras un paréntesis de 17 años, Ortega volvió a la presidencia en 2007, abandonando muchas de sus ideas marxistas y estableciendo alianzas con la Iglesia católica y grupos empresariales. Ha ido ampliando su control sobre los tribunales, el poder legislativo y la maquinaria electoral en este país de 6,5 millones de habitantes.

En 2014, sus aliados cambiaron la Constitución para permitirle presentarse a la reelección indefinidamente. Posteriormente, convirtió a su esposa, Rosario Murillo, en candidata a la vicepresidencia e instaló a sus hijos como asesores presidenciales.

Una reciente encuesta de CID-Gallup reveló que sólo el 19% de los nicaragüenses entrevistados votaría por Ortega si se enfrentara a uno de los siete candidatos opositores detenidos. Los activistas de la oposición han pedido a los votantes que boicoteen las elecciones.

Enrique Sáenz, analista político, dijo que no importaba si los nicaragüenses votaban o no. “Las autoridades van a decir el domingo por la noche que hubo una participación extraordinaria y que Ortega ganó con una montaña de votos”, dijo.

Cuando se le pidió que comentara las acusaciones de irregularidades en las elecciones, Murillo, que también es la principal portavoz del gobierno, respondió por correo electrónico con una sola palabra: “Gracias. . .!”

Michael Campbell, diplomático nicaragüense, dijo en una reciente reunión de la Organización de Estados Americanos que los críticos de las elecciones estaban tratando de derrocar al gobierno y apoyaban el uso del terrorismo “para desestabilizar la soberanía nacional.”

Los familiares de los políticos de la oposición encarcelados dicen que han sido retenidos en duras condiciones, a menudo aislados. Bertha Valle, la esposa del activista político Félix Maradiaga, educado en Harvard, dijo que él había perdido 45 libras desde que fue detenido en junio. “Sólo le permiten salir al sol 10 minutos a la semana”, dijo. (Murillo no respondió a una pregunta sobre el estado de Maradiaga).

La represión se ha extendido más allá de los políticos a los líderes empresariales, los activistas cívicos y los periodistas. El gobierno ha suspendido los registros de docenas de grupos de la sociedad civil, desde organizaciones médicas y feministas hasta Oxfam, el grupo internacional de caridad.

Las autoridades han hecho redadas en las redacciones y han citado a los periodistas para interrogarlos. El principal diario nicaragüense, La Prensa, cerró su edición impresa en agosto, alegando que las autoridades habían bloqueado las entregas de papel prensa importado.

El gobierno ha negado repetidamente la entrada a los corresponsales extranjeros, incluido un reportero del Washington Post que intentó volar a Managua desde México el jueves, después de presentar los documentos de viaje requeridos y la prueba del coronavirus. (Murillo no respondió a una pregunta sobre el motivo de la denegación del permiso).

Mientras tanto, la propaganda oficial ha proliferado. Facebook dijo esta semana que había descubierto una granja de trolls dirigida por el gobierno y el partido gobernante de Nicaragua que operaba 1.300 cuentas de Facebook e Instagram. “Esta fue una de las operaciones de trolls intergubernamentales que más hemos desbaratado hasta la fecha”, dijo la compañía.

Ortega dice que no es un dictador sino un defensor de la revolución sandinista. Ha comparado a los políticos de la oposición encarcelados con los alborotadores que asaltaron el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero para bloquear la confirmación de la victoria del presidente Biden.

“No estamos juzgando a políticos o candidatos”, dijo Ortega en junio. “Estamos juzgando a criminales que atacaron a su país”.

Acusó a los políticos de la oposición de planear un levantamiento, como las protestas prodemocráticas que estallaron en la primavera de 2018. Más de 300 personas murieron cuando las fuerzas de seguridad aplastaron esas manifestaciones.

Desde entonces, Washington ha aumentado constantemente las sanciones contra los líderes del gobierno nicaragüense -incluyendo a la esposa e hijos de Ortega-. Pero hasta ahora han tenido poco efecto.

Manuel Orozco, un destacado analista de migraciones con sede en Washington, dijo que el flujo de nicaragüenses hacia Estados Unidos se ha acelerado desde el inicio de la última represión de Ortega, con un 80% de detenciones en la frontera desde mayo. “Así que es una consecuencia de lo que yo llamo la criminalización de la democracia”, dijo el nicaragüense.

El gobierno de Ortega ha acusado a Orozco en ausencia de conspirar contra la soberanía nacional por su trabajo con activistas políticos de la oposición y grupos prodemocráticos.

Los analistas afirman que Washington se enfrenta a un dilema: si impone sanciones económicas más duras, éstas podrían perjudicar a los ciudadanos de a pie de Nicaragua, el país más pobre del hemisferio después de Haití. Y eso, a su vez, podría provocar más migración.

Y si Ortega no se enfrenta a ninguna repercusión por celebrar unas elecciones amañadas, eso podría “incentivar a otros gobernantes autocráticos en Centroamérica y más allá a seguir esta misma ruta”, dijo Laura Chinchilla, ex presidenta de Costa Rica, en el debate del Consejo Atlántico.

El gobierno de Biden ha chocado cada vez más con los líderes de El Salvador y Guatemala, que han destituido a jueces y fiscales independientes. Mientras tanto, los fiscales estadounidenses han alegado que el presidente hondureño Juan Orlando Hernández aceptó sobornos de narcotraficantes. (Él ha negado cualquier vínculo con el narcotráfico y no ha sido acusado).

La victoria de Ortega en unas elecciones no democráticas “será un gran impedimento para nuestro gran proyecto regional”, dijo Ventrell. “Estamos profundamente preocupados”.

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(c) 2021, The Washington Post - Por Mary Beth Sheridan, Ismael López Ocampo

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