Muerte y pobreza, la Central de Abasto ilustra el drama del coronavirus en México

Martín Mateo estaba resfriado. O eso pensó: dolor de garganta, dolor de cuerpo, secreción nasal. “Se sintió mal pero siguió trabajando”, dijo su hijo, Carlos. El hombre de 50 años había trabajado durante décadas como tomatero en el mercado de alimentos más grande de América Latina.

¿Coronavirus? No creía en eso.

Entonces Mateo comenzó a jadear y en pocos días estaba muerto.

Para entonces, decenas de sus compañeros tomateros también estaban infectados. Los trabajadores izaron letreros amarillos afuera de la Central de Abasto (CEDA) de la Ciudad de México que decían “Zona de alto contagio”. Al menos 10 hombres tomateros murieron desde mediados de abril hasta mediados de mayo. Entre ellos estaba el primo de Mateo, Antonio, un vendedor de libros en un puesto vecino y Guillermo, y un hombre calvo al que todos llamaban “El Peluche”.

El pasillo de tomates en la famosa Central de Abasto ofrece una idea de por qué el virus ha afectado tanto al país. El COVID-19 se abrió camino a través del complejo en expansión, recogiendo trabajadores que se volvieron vulnerables por problemas relacionados con la pobreza: enfermedades crónicas, desconfianza hacia el gobierno y la necesidad de seguir ganando dinero.

Si bien no hay datos oficiales, los vendedores pueden nombrar a docenas de personas en los pasillos de vegetales y legumbres que perdieron la vida por el coronavirus.

“Aquí no creíamos” que el coronavirus era una amenaza, dijo Anastasio Ramón Alonso, de 57 años, un antiguo vendedor de tomates. “Pero cuando la gente comenzó a morir, perdimos nuestra incredulidad”.

Las autoridades han reportado más de 20,000 muertes por coronavirus en México, sin duda un recuento bajo. El virus parece haber ingresado al país con la clase alta: personas que regresan de viajes de negocios en Italia y vacaciones de esquí en Colorado. Pero se extendió rápidamente a los trabajadores de bajos ingresos, que se han visto particularmente afectados.

Como en los Estados Unidos, los pobres de México tienen menos acceso a una atención médica adecuada. Sufren de altos niveles de diabetes, hipertensión y obesidad. Pero aquí, la situación es especialmente precaria. Alrededor de la mitad de los trabajadores de México tienen empleos “informales” (sirvientas, trabajadores, vendedores de mercado) sin seguro de desempleo.

Carlos Mateo, de 31 años, siguió el mismo camino que su padre en el comercio de tomates. Por lo general, se embolsa unos USD 10 al día.

“Si no trabajáramos”, dijo, “no tendríamos dinero”.

En la Ciudad de México, el epicentro de la epidemia, los funcionarios ahora están aumentando las pruebas y el rastreo de contactos. Tardíamente, la CEDA ha enviado trabajadores de salud para controlar el uso de máscaras faciales, gel antibacterial y para proporcionar controles de temperatura.

“Al principio, los trabajadores no tomaron las precauciones necesarias”, dijo Claudia Pérez Ocampo, gerente de un puesto. “Cuando vieron morir a la gente, comenzaron a protegerse. Pero golpeó a muchas personas”.

Héctor García, gerente de la Central de Abasto, dijo a los periodistas el 26 de abril que el coronavirus había sido detectado en el mercado. La noticia fue preocupante: el mercado mayorista suministró alimentos a 22 de los 32 estados de México. Supermercados, restaurantes y familias dependían de sus 90,000 trabajadores.

Sin embargo, la realidad era mucho peor.

En lo profundo del mercado, en el pasillo Q-R, una media docena de vendedores de tomate ya habían muerto. Incluyeron a Mateo, que sucumbió el 18 de abril. Durante tres décadas, se convirtió en un elemento fijo del pasillo de verduras, un hombre que prestaba a otros su camión, que siempre tenía una sonrisa, que podía trabajar durante 10 horas seguidas.

“Fue bueno con nosotros, realmente muy bueno con todos”, dijo su hermano Mauro, de 48 años, que trabajaba con él en el puesto Q-67, un espacio angosto con luz fluorescente lleno de cajas de jitomate.

Mateo tenía hipertensión, un factor de riesgo para casos graves de coronavirus. Muchos de sus colegas también tenían enfermedades crónicas. Al final del pasillo, David Hernández, padre de dos hijos y con poco más de 50 años, tenía diabetes. Murió a mediados de abril. “Todo sucedió muy rápido”, dijo el compañero de trabajo Roberto Sicilia.

Al otro lado del pasillo, en la Q-5, Isaac Pluma había contraído algún tipo de resfriado. El padre de dos hijos, de 46 años, tenía diabetes, pero siguió trabajando, jadeando mientras subía las escaleras. “El jefe intentó enviarlo a su casa a descansar. No quería”, dijo el compañero de trabajo Enrique González. “Necesitaba el dinero”.

Pluma murió el 21 de abril.

Pedro Hernández, de 58 años, un hombre callado del pasillo Q-21, se estaba alarmando. Él también tenía diabetes. A fines de abril, decidió dejar de ir a trabajar. “Se veía bien”, dijo el compañero de trabajo Alberto González. Pronto fue intubado. Murió a principios de mayo.

Casi las tres cuartas partes de las muertes por coronavirus en México han involucrado afecciones subyacentes como la hipertensión o la diabetes. Como los alimentos procesados y los refrescos azucarados han proliferado en las últimas décadas, particularmente en los barrios pobres, la obesidad y otras enfermedades crónicas se han multiplicado.

Incluso antes de que México reportara sus primeros casos, los epidemiólogos temían el efecto del virus en un país que sufre una crisis nutricional.

“Sabemos que pagaremos el costo de 30 o 40 años de deterioro de la salud”, dijo el zar del coronavirus, Hugo López-Gatell, a fines de marzo.

Después de anunciar el brote en la Central de Abasto, la gerencia y los funcionarios de la ciudad entraron en acción. Enviaron a 430 promotores de salud con trajes protectores blancos para recorrer los pasillos, tomar temperaturas y preguntar sobre los síntomas. Ofrecieron pruebas de coronavirus. Insistieron en que los trabajadores usen mascarillas y gel antibacterial.

Pero muchos vendedores dijeron que era demasiado tarde.

“Nos quedamos indefensos”, dijo Rafael Vergara, quien administra uno de los negocios más grandes, en el puesto R-34. Doce de sus 30 trabajadores se enfermaron, a partir de mediados de abril. Envió empleados a clínicas privadas para pruebas. Pero pocos otros negocios lo hicieron. El gobierno de México no ha seguido un programa de pruebas masivas y rastreo de contactos. Las autoridades han dicho que no sería práctico para una población de 128 millones.

Sin pruebas, la mayoría de los empleados del mercado no vieron evidencia de que estuvieran infectados. “Muchas personas se sintieron mal, pero no se fueron a casa”, dijo Vergara. “Continuaron trabajando”.

El gobierno había lanzado una importante campaña publicitaria sobre el coronavirus, con conferencias de prensa todas las noches. Pero no logró convencer a los trabajadores de la CEDA.

“Los mexicanos tendemos a decir que ’el gobierno está tratando de jodernos”, explicó Omar Martínez, cuya familia dirige el puesto de tomates en la Q-1.

Esa desconfianza tenía raíces profundas. La escritora y activista Irene Tello Arista creció en Iztapalapa, la alcaldía densamente poblada que rodea el mercado. Señaló que muchos residentes carecían incluso de servicios públicos básicos, como agua potable. Su actitud era: “Si el gobierno nunca me ha cuidado en mi vida diaria, ¿por qué lo van a hacer ahora?”

Arriba y abajo de los pasillos de verduras, se corrió la voz de que los hospitales eran lugares peligrosos donde los médicos estaban matando deliberadamente a personas. Las historias eran absurdas. Pero muchos vendedores les creyeron. Estaban acostumbrados a la mala atención médica.

Martín Mateo y su primo Antonio Samano, de 46 años, inicialmente fueron diagnosticados erróneamente con resfriados y enviados a casa, dijo Carlos Mateo. Murieron el mismo día. Carlos Mateo y su tío Mauro fueron infectados, pero se recuperaron.

Así fue el alcance del misterioso virus: llegó hasta las familias, viejos compañeros de trabajo y viejos amigos. Para Martínez, comenzó en abril con su tío Marcial, de 66 años, intubado. Entonces su tía Antonieta, de 51 años, murió. El 11 de mayo, Martínez perdió a su padre, Juan, un católico devoto que había ayudado a pagar la campana en una iglesia cercana.

“No quería ir al hospital”, dijo su hijo. “Los hospitales son malos”.

Proteger a los trabajadores de la Central nunca iba a ser fácil. El mercado suministra el 80% de los alimentos de la capital; alrededor de 300,000 compradores y personal de entrega la visitan cada día. No se pudo cerrar.

Para complicar aún más las cosas, está muy fragmentado. La administración del mercado emplea a aproximadamente 1,000 de los 90,000 empleados, en su mayoría conserjes y miembros del personal administrativo. El resto trabaja para los empresarios que poseen o arriendan los 7.418 puestos.

Algunos intentaron ser responsables. El jefe de Eusebio Hernández, por ejemplo, le dijo que se tomara un tiempo libre con paga. Hernández tenía 60 años, agotado por años de tirar de carros llenos de cajas de productos. Aún así, tenía una presencia viva en el puesto R-18, discutiendo política y burlándose de las jóvenes trabajadoras.

“No quería irse a casa”, dijo su compañera de trabajo Esperanza Iglesias, pero cumplió. Murió dos semanas después.

Otros no tenían el lujo de licencia pagada. Jaime García perdió a su buen amigo Héctor Tamayo “El Peluche” al lado en R-64.

García continúa yendo a trabajar, aunque tiene 66 años.

“Las personas con dinero pueden quedarse uno, dos, incluso tres meses en casa”, dijo. “Pero nosotros que vivimos día a día no tenemos apoyo financiero”.

Nadie sabe cuántos trabajadores del mercado han muerto. Solo hay rumores, dijo Pedro Torres, jefe de una asociación de vendedores de frutas y verduras.

“Mucha gente dirá que hay cientos. Otros dirán miles”, dijo. “Pero no tenemos estadísticas precisas”.

García, el gerente, dijo que sabía de seis muertes entre sus 1,000 trabajadores. Jorge Ochoa, un alto funcionario de salud de la ciudad, dijo que las muertes se registran en la residencia de las víctimas, no en su lugar de trabajo.

Las entrevistas con los vendedores indican que al menos docenas perdieron la vida. Israel González, sentado en medio de montones de chiles verdes en el pasillo de O-P, dijo que sabía de nueve muertes en su sección. Erik Cesario, otro chilero, puso la cifra en 25. “Nos atacó terriblemente”, dijo.

Fernando Ponce, que vende frutas y verduras, dijo que 15 de su área habían muerto.

Muchos de los jefes se quedaron en casa, pero los trabajadores no pudieron. “Los pobres han pagado el precio más alto”, dijo Chacón.

Ochoa dijo que las acciones de la ciudad en el mercado han controlado el virus. Más de 2.500 personas han sido evaluadas, dijo; 543 fueron positivos. “Ha sido uno de nuestros mayores éxitos, la estrategia en la Central de Abasto”, dijo.

Pero los trabajadores citan otra razón por la cual la epidemia fue frenada: docenas de puestos decidieron cerrar por semanas. Solo han reabierto recientemente.

“Nadie creyó lo que dijo el gobierno hasta que comenzamos a ver a los muertos”, recordó el vendedor de tomates Jorge Amaro.

MÁS SOBRE TESTE TEMA: