Reino criminal en territorio del gobierno: así son las cárceles del norte de México

Desde que Víctor llegó al Penal del Topo Chico acusado de narcomenudeo, Los Zetas pusieron un precio a su seguridad. Estela, su madre, tenía que pagar 125.000 pesos (unos 6.250 dólares) en plazos semanales, si quería que su hijo se mantuviera con vida.

"Me dijo, 'mamá, me están pidiendo esa cantidad, porque si no, nos secuestran adentro, no nos dan comida. Ya no quiero vivir mamá' (…) Eso fue después de que se lo llevaron detenido, y no saber de él por tres días, hasta que me avisaron que estaba en Topo Chico. Lo encontré todo golpeado, amoratado de todo el cuerpo", recuerda Estela en una entrevista a VICE News.

Aquella mañana de marzo del año 2011 en que Víctor fue detenido, corrían los días de mayor inseguridad en el noreste de México. La 'Guerra contra el narco' estaba dejando uno de los peores récords en materia criminal.

Víctor, narra su madre, fue detenido por la policía de Monterrey, la capital del estado de Nuevo León, y llevado a una de las cárceles estatales más cruentas del país, el Centro de Reinserción Topo Chico. Ese penal es uno de los tres centros penitenciarios que tiene la entidad fronteriza; los otros dos son el Centro de Reinserción Apodaca y Centro de Reinserción Cadereyta, todos a cargo de la administración estatal.

En el Penal del Topo Chico durante muchos años existieron sólo dos grupos delictivos que gobernaban: el Cártel del Golfo y el Cártel de los Zetas. Aunque, según fuentes internas, en últimas fechas ya operan otras células derivadas de los propios Zetas, que es el cártel dominante.

Desde su llegada, los internos están obligados a pagar una cantidad de dinero a los mandos de Los Zetas, con la advertencia de que si no lo hacen, su vida corre peligro. También son forzados a trabajar para ellos, delinquiendo en el propio penal, extorsionando, vendiendo droga, haciéndoles favores y peleando con la banda rival.

Antes de la detención de Víctor, Estela dependía económicamente de lo que sus dos hijos ganaban como taxistas.

Pagar 1.800 pesos (90 dólares) cada semana resultaba una cantidad exorbitante para ella, pero no podía arriesgarse a poner en juego la vida de Víctor. Tenía que juntar el dinero a como diera lugar, incluso quedándose sin comida en casa y alimentándose de lo que encontraba en la basura.

Vendió periódicos y tamales que ella misma elaboraba; y un día tuvo que empezar a vender hasta su cuerpo. "Con perdón tuyo, hasta las nalgas vendí para pagar ese dinero cada semana, porque una vez que no llevé 100 pesos (5 dólares), a mi hijo me lo estaban ahogando en un tanque delante de mí. Por 100 pesos que no llevé", nos dice Estela, quien prefiere omitir su verdadero nombre.

En este estado, como en la mayor parte del país, cuando los jefes de los cárteles son detenidos, siguen operando y dando órdenes desde el interior de los penales, un fenómeno llamado 'autogobierno'. Incluso hay áreas dentro de la propias cárceles en las que las autoridades no tienen acceso.

Según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP), realizado en 2015 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el tema de autogobierno existe en más de la mitad de los centros de reclusión de México. En total se detectaron 74 de un total de 130.

En estas penitenciarías existen "áreas de privilegios, así como presencia de objetos y sustancias prohibidas, y la presencia de internos que ejercen violencia o control sobre el resto de la población". La CNDH apuntó que en estas cárceles existe un deficiente control en el ejercicio de las funciones de autoridad por parte de los servidores públicos en relación a la seguridad, a las actividades que se realizan al interior y en los servicios, lo que da lugar a condiciones de autogobierno.

En cuanto a Nuevo León, la Comisión indica que en los tres centros existe autogobierno, señalando que se debe mejorar la normatividad que los rige. Además, en todos hay "insuficiencia de personal, deficiencias en el proceso para la imposición de las sanciones disciplinarias y ejercicio de funciones de autoridad por parte de internos del Centro (autogobierno/cogobierno), actividades ilícitas, cobros (extorsión y sobornos)".

El autogobierno ha provocado una serie de incidentes en el interior de las cárceles neolonesas, algunas de ellas con consecuencias fatales, como la registrada en febrero de 2012, cuando se suscitó una riña en el Penal de Apodaca, en la que reos pertenecientes al cártel de Los Zetas asesinaron a 44 internos del cártel del Golfo, logrando fugarse 30 internos.

En septiembre de 2015 se registró una riña en el penal Topo Chico, en la que se reportó un muerto y once heridos. En la misma penitenciaría, en febrero de 2016, un cruento enfrentamiento entre bandas rivales, dejó una cifra de 49 personas muertas y cinco heridas.

"En Nuevo León estamos viviendo una tragedia derivada de la situación tan difícil en que se encuentran los centros de reclusión", declaró en dicha ocasión el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como El Bronco.

En junio de 2016 tres internos fueron asesinados y al menos otros 14 lesionados por miembros en una riña en el Topo Chico y en otro conflicto en octubre de ese año, se registraron un muerto y ocho lesionados.

A pesar de que Rodríguez Calderón ha asegurado en reiteradas ocasiones tener el control de los penales, a mediados de marzo de este año, se dieron a conocer dos vídeos en las redes sociales, en donde un grupo de internos somete a otro, esta vez en el Centro de Reinserción de Apodaca. Los noticieros mexicanos replicaron la información y el gobierno local reconoció los hechos.

Además esta misma semana, entre el 19 y 20 de junio, otra vez Topo Chico fue noticia en las primera planas de los diarios nacionales, cuando a raíz del traslado a otras cárceles del país de 38 peligrosos líderes, se generó un motín con quema de colchones y lesionados. La revuelta interna se generó debido a un rumor sobre un nuevo liderazgo en el autogobierno. Entre los presos trasladados estaba Julio César Pardo Leyva 'La Yuli', quien según Aldo Fasci, vocero de seguridad estatal, fue llevado a Veracruz. 'La Yuli' fue señalado en narcomantas de ser el líder del autogobierno en Topo Chico.

Fasci explicó que las reubicaciones buscan evitar que se generaran condiciones de "autogobierno" que se han formado al interior de las cárceles, lo que provoca riñas internas por los liderazgos. "Estos reos son de alta peligrosidad y eran líderes naturales en Topo Chico. Es fundamental evitar autogobiernos", dijo.

Según el director de RENACE, Martín Sánchez Bocanegra, la omisión de atención a los centros penitenciarios por parte de las autoridades ha derivado en los autogobiernos.

"La situación al interior de los reclusorios es muy difícil, porque quien controla los reclusorios son los mismos internos y ellos genera situaciones de inseguridad, tanto al personal, pero sobre todo a los internos.

"La seguridad es lo más importante que se debe brindar, es lo más básico en un centro penitenciario, y aquí no está garantizada, por lo tanto no está garantizada la vida".

La problemática del sistema penitenciario en Nuevo León data de más de 20 años y con una fuerte tendencia al descuido y muy poca inversión, aseguró el titular de RENACE, institución dedicada a la defensa de los derechos de los internos y la búsqueda de la reinserción social.

"Están prácticamente abandonados, no tienen una infraestructura adecuada para la función que deben de cumplir, y el principal que está en esa crisis es Topo Chico, pero los demás no están en las mejores condiciones, no tienen inversión de mantenimiento. Para nosotros es muy crítica la situación", dice en entrevista Sánchez Bocanegra.

En el Diagnóstico Nacional, esta entidad tiene una calificación de 5.66, en una escala de 1 al 10, que representa una de valoraciones más bajas, junto a la de otros 12 estados. Al Centro de Reinserción Social Apodaca se le calificó con 5.85, al de Cadereyta con 5.9 y el Penal del Topo Chico con 5.24.

Según el comparativo mostrado en el reporte, del 2006 al 2015, los Centros Penitenciarios de Nuevo León han caído considerablemente en su calificación, de tener un 7.27 al 5.66.

En las observaciones dirigidas al Gobierno del Estado sobre los tres Penales, la CNDH destacó la existencia de autogobierno, deficiencias en el proceso para la imposición de las sanciones disciplinarias y actividades ilícitas. Así también, hacinamiento, sobrepoblación, insuficiencia de personal, falta de instalaciones e higiene.

Según la CNDH, en el 2015, en México ocurrieron 2.110 incidentes, 1.142 de ellos en Centros de Reinserción Social y 968 en los Centros Federales de Readaptación Social, es decir los que dependen del gobierno federal.

Ese año en Nuevo León se registraron 74 riñas, 6 desórdenes, 6 suicidios, cero motines, un homicidio doloso, un caso de abuso, 86 quejas ante las autoridades y 22 quejas ante organismos locales de protección de los derechos humanos relacionadas con el sistema penitenciario.

Archivos periodísticos indican que en 2016 se registraron al menos siete hechos violentos entre los internos de los tres Centros de Readaptación de Nuevo León y en lo que va del 2017, se han reportado diversos disturbios controlados por la autoridad en el Centro Preventivo y de Reinserción Social Topo Chico.

El 27 de marzo de este año, una protesta de internos del Centro de Reinserción Social Cadereyta se convirtió en un motín que se prologó dos días, dejando un saldo de 21 lesionados y cuatro muertos.

El vocero de Seguridad, Aldo Fasci, declaró a los medios de comunicación, que el Estado se encontraba en alerta máxima y que en los siguientes días se haría una evaluación profunda de la situación de los centros de readaptación de Nuevo León.

Los días en que Estela visitaba a Víctor, el centro carecía de una figura de autoridad penitenciaria, sólo los guardias de Los Zetas los observaban todo el tiempo. "Si llevas comida, se las quitan, si le das un peso a tu familiar, se lo quitan", dice.

Estela afirmó que el nivel de autogobierno ha sido tal, que cuando Gregoria Salazar Roble fue directora del penal del Topo Chico de marzo de 2012 a febrero de 2016, supo que los mismos Zetas atentaron en dos ocasiones contra ella.

Los jefes de las células delincuenciales viven con lujos y privilegios a la vista de directivos y custodios. Estela, recuerda cómo en sus celdas privadas tienen grandes pantallas de televisión, aparatos reproductores de música y hasta costosas botellas de Whisky.

"Los mandos (jefes de los grupos delictivos) tenían su cocina propia, en donde mandan pedir lo que quieren, y comen comida de primera. Ellos tienen sus pantallas, sus estéreos y hasta sus Buchanan's adentro, porque yo los vi, en sus celdas. Tienen como cuartos de tres por tres más o menos, pero viven solos, no tienen compañero y ahí reciben a sus familias, sin presión y la cocina la tienen en el patio. Toda la gente se da cuenta los domingos, cuando va a la visita", detalla Estela.

En la cocina que los Zetas acondicionaron en el patio, debajo de una escalera, preparan platillos 'gourmet', cuyos ingredientes son traídos cada día, especialmente a su antojo y exigencia.

En cambio, el comedor de los internos perteneciente al penal se llama El Rancho y es en donde tienen asignado un platillo, cuya calidad es deplorable. "Una vez me tocó comer en El Rancho un caldo de res echado a perder, me pasó a mí un domingo. La comida ahí es un asco, siempre les dan puro mugrero".

En junio de 2012 el desasosiego de Estela se duplicó al ser notificada de que su hijo menor también había sido arrestado. Lo detuvieron por robo con violencia. Sólo de imaginar que Alejandro también caería en manos de los Zetas, no reparó en rogar al juez que lo trasladaran a otro penal.

Desde hace cuatro años Alejandro está recluido en el Centro de Reinserción Cadereyta, localizado al este de Monterrey.

Entrevistada por VICE News la mañana del 27 de marzo, Estela describió a dicha cárcel como un lujo, según su experiencia en los días que lo visita, asegurando que en el Penal de Cadereyta los internos no son agredidos y viven con mayor tranquilidad.

Sin embargo, esa tarde los medios de comunicación dieron la noticia del desarrollo de un incendio en el centro penitenciario. La información oficial fue que los internos se manifestaron en contra de la aplicación de controles más estrictos en los ingresos a las instalaciones, incendiando colchones, dejando con lesiones a dos guardias estatales y cinco reclusos.

Al día siguiente, los disturbios continuaron, resultando cuatro personas fallecidas y 21 lesionadas. El vocero de seguridad dio a conocer que múltiples áreas fueron incendiadas por los internos.

Hasta antes del suceso, Estela dijo sentirse tranquila cada vez que iba a ver a Alejandro: "Ahí no hay un grupo que mande, nada parecido al Topo Chico".

En el Penal de Cadereyta existe un control estricto: está prohibido introducir alimentos, enseres, dinero y las familias se limitan a estar en un área especial de convivencia.

Hay una nula circulación de dinero, porque los familiares depositan el efectivo a una cuenta, y el saldo le llega al interno por medio de una tarjeta de débito que puede utilizar para hacer llamadas o realizar cualquier compra en negocios establecidos en el interior. "Ahí no hay nadie de la delincuencia que controle, ahí son libres y respiras tranquilidad cuando llegas y cuando te vas. No te vas pensando en que te vas a ir y quién sabe qué le van a hacer a mi hijo. No hay incertidumbre".

En el caso de Víctor, Estela asegura que aún sin tener pruebas había sido sentenciado, pero casualmente quedó en libertad justo en el tiempo en que ella terminó de pagar los 125.000 pesos que le habían impuesto Los Zetas. "Yo creo que Los Zetas y las autoridades del penal están de acuerdo, porque qué casualidad que salió absuelto cuando acabé de pagar".

Tener a dos hijos recluidos casi al mismo tiempo ha sido muy doloroso y triste, aseguró, pero que uno de ellos estuviera recluido en el Topo Chico fue la peor pesadilla que vivió.

El director de RENACE expuso que el gobierno del Estado no está cumpliendo con su obligación de proveer lo más básico que indica la Ley de Ejecución de Sanciones, como servicio de comida, médico, de educación y recreativo, por lo que urge un rediseño total.

"Entendíamos cuando llegó el gobierno del Estado, que le habían dejado las cosas totalmente destruidas, pero ya pasó un año cuatro meses y las cosas siguen igual".

A pesar de la situación, según informó Sánchez Bocanegra, la inversión para los centros penitenciarios para el año 2017 será alrededor de 30 millones menos que en el 2016.

La información que proporciona la Ley de Egresos del Gobierno Estatal es que para el año 2017 se ejercerán 675 millones 290 mil 484 pesos.

"Pero llegó un momento en que el Gobierno del Estado invertía 800 millones y debería de invertir unos mil millones", declaró Sánchez Bocanegra.

Consuelo Bañuelos, presidenta de la Asociación Promoción de Paz, que desde hace 20 años brinda apoyo a quienes viven una privación de la libertad, así como a personas que han vivido en el mundo de las drogas y quienes habitan espacios de alto riesgo a la violencia, consideró que las cárceles son un reflejo de la sociedad completa.

"Cuando en la ciudad aumenta la violencia, adentro también aumenta", dijo, "porque los Centros de Reclusión son un espejo de la situación que hay afuera".

En los penales de Nuevo León no hay autoridad, agregó la especialista, y no es por falta de empeño de las personas encargadas de la seguridad: "no hay suficientes personas que puedan estar al tanto de la seguridad de estos espacios, entonces así es imposible poner control", dijo Bañuelos.

Precisó que el déficit de presupuestos federales y estatales, hace que el trabajo al interior sea precario. Bañuelos manifestó que lamentablemente, los internos que llegan a los reclusorios por un delito menor, algunas veces son captados por los líderes de las mafias, obligándolos a unírseles.

Las organizaciones involucradas en el tema estiman que de la población penitenciaria total, un 20 por ciento pertenece al crimen organizado.

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Publicado originalmente en VICE.com