La ONG Foro Penal afirmó este martes que en Venezuela hay 270 detenidos a los que considera presos políticos, cuatro menos en comparación con su recuento anterior, difundido el pasado 17 de enero.
En el informe, publicado en su cuenta de Twitter, la organización indicó que, de los 270 casos contabilizados, 257 son hombres y 13 son mujeres. Además, 120 son civiles y 150 militares.
Asimismo, detalló que, del total, 116 han sido condenados y 154 aún esperan por la sentencia de un tribunal.
Según el Foro Penal, se han registrado 15.777 “detenciones políticas” desde 2014 y, además de los llamados presos políticos, “más de 9.000 personas siguen sujetas, arbitrariamente, a medidas restrictivas de su libertad”.
El pasado 31 de enero, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y familiares de detenidos considerados presos políticos pidieron al alto comisionado de DDHH de la ONU, Volker Türk, quien visitó el país entre los días 26 y 28 del mes pasado, un mayor apoyo a sus casos, ante las violaciones a los derechos humanos que -denunciaron- sufren estos privados de libertad.
Al finalizar su visita, Türk anunció que su oficina tendrá presencia dos años más en Venezuela “para que pueda continuar su labor de promoción de la agenda de derechos humanos”, una decisión que la sociedad civil y ONG esperan que se traduzca en mayores denuncias contra los atropellos, lo que, aseguran, ha faltado hasta ahora.
Persecución a las ONG
Por su parte, la Alianza por la Libertad de Expresión de Venezuela, que agrupa a 10 organizaciones, aseguró que el proyecto de ley impulsado por la dictadura de Nicolás Maduro que busca fiscalizar la actuación y financiamiento de las ONG, cuya creación fue aprobada por el Parlamento chavista, pondrá “en mayor riesgo la posibilidad de ayuda y asistencia” a los venezolanos.
“Exhortamos a todos a rechazar este proyecto por poner en mayor riesgo la posibilidad de ayuda y asistencia a personas en condición de vulnerabilidad. Su aprobación afectará a los distintos sectores de la población venezolana que son los beneficiarios directos e indirectos del trabajo de organizaciones, programas, proyectos sociales, humanitarios y de derechos humanos”, indicó el grupo en un comunicado.
A su juicio, esta norma aprobada el 24 de enero en primera discusión por el Parlamento venezolano busca “criminalizar y restringir toda iniciativa que reciba recursos de la cooperación internacional para ejercer la libertad de asociación, protegida por el derecho internacional”.
Además, apuntó que las ONG venezolanas ya están sometidas a una serie de registros, necesarios para el cumplimiento de compromisos fiscales, que se encuentran paralizados desde 2019 cuando el Servicio Autónomo de Registros y Notarías prohibió registrar actos de organizaciones de este tipo, decisión que mantiene hasta la fecha.
(Con información de EFE)
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