Conseguir trabajo, el reto de los migrantes venezolanos en el exterior en tiempos de la pospandemia

La ausencia de oportunidades laborales para los migrantes venezolanos en sus países de acogida en tiempos postpandémicos, así como su falta de ingresos económicos en el marco de la crisis derivada a raíz de la guerra de Ucrania, son algunos de los muchos retos que enfrentarán las ONG en 2023.

El director de programas de Colombia de la ONG Ayuda en Acción, Orlando Ortiz, apunta que la tasa de desempleo --que ya de por sí no era buena antes de la pandemia y la guerra en Ucrania-- ha empujado a muchos migrantes que residen fuera de Venezuela, tanto en Estados Unidos como en otros países latinoamericanos, a “encontrar salidas” a sus “crisis familiares y económicas”.

En esta línea también se ha pronunciado la responsable de programas en Sudamérica de la citada ONG, Araceli Sanz Cacho, que apunta además a que la tendencia migratoria en los últimos años se ha incrementado hacia Norteamérica, aunque el flujo de migración no ha cesado en ningún momento hacia los habituales países de recepción en América Latina.

Es el caso de Norlin Bruzual, de 38 años, que aunque tenía un trabajo estable en Venezuela como maestra y especialista en seguridad industrial, se vio obligada a marcharse a la capital de Perú, Lima, para enviar remesas a su familia y ayudar con los gastos del hogar.

“A medida que el país iba decayendo, nuestro sustento cada día se hacía más difícil. Los adultos aguantábamos, pero llegó un momento en que no podíamos pagar ni sus gastos básicos (los de su hijo). Así que decidimos irnos. No migramos por placer, salimos por necesidad”, afirma, según el testimonio recabado por Ayuda en Acción.

La situación económica en Venezuela empeoró en 2018 y todos sus seres queridos tuvieron que trasladarse a Lima. A ello se le sumó la pandemia, en 2020, que terminó por agravar la situación y decidieron, de nuevo, volver a hacer las maletas e irse a Colombia. Para poder costearse el billete de avión, vendieron todas sus pertenencias.

“Desde el primer momento me he sentido acogida y segura. Todo el mundo nos ha recibido con los brazos abiertos (en Colombia): desde la casera que nos alquiló el piso al vecino que está enseñando carpintería a mi hijo para que en el futuro pueda tener su propio taller”, relata, aunque afirma que ve “imposible” volver a Venezuela, ya que no podría “garantizar calidad de vida” a su hijo.

María Alejandra Gutiérrez Heredia, sin embargo, no llegó en avión a Colombia, sino por vía terrestre en 2020 junto con sus hijos y su nieto, antes de la pandemia de la COVID-19. En su caso, esta venezolana de 34 años tuvo que vender su puesto de comida rápida a raíz de la situación económica en Venezuela.

Ahora vive en Cúcuta, en Colombia, junto a su marido, sus cinco hijos y su nieto, todos ellos venezolanos. Su testimonio refleja las dificultades que padecen aquellas personas que se dedican al reciclaje, un trabajo que da sustento a toda la familia.

Tanto ella como su marido, con ayuda de sus dos hijos menores, que ahora ya van a la escuela pública, se han visto forzados a trabajar en este sector, empujados por la necesidad y ante la falta de oportunidades laborales en Colombia.

Pese a la discriminación que han sufrido, especialmente porque los recicladores llevan encima el estigma de la drogadicción, Gutiérrez Heredia afirma, al igual que Bruzual, que se han visto muy arropados por los vecinos, que les han donado comida en tiempos de necesidad.

Ante la complicada crisis humanitaria y económica en Venezuela, muchos se han visto obligados a migrar hacia el norte, utilizando las rutas de Colombia, Panamá, Costa Rica y México con el deseo de llegar a Estados Unidos. El Tapón del Darien, la inhóspita selva que separa Colombia de Panamá, es una de las rutas más peligrosas y transitadas por los migrantes.

Por contra, los países del sur, como Perú, Bolivia o Chile, reciben también a muchos migrantes venezolanos, llegando hasta un punto álgido en 2019 en el que decenas de personas en la región chilena de Tarapacá, en la ciudad de Iquique, salieron a protestar contra la presencia de migración ilegal.

Este episodio también tensó las relaciones entre Chile y Bolivia. Las autoridades locales chilenas acusaron por aquel entonces a Bolivia de “no hacer ningún esfuerzo” para contener el cruce de migrantes en la frontera, en el norte del país, y culparon además al entonces presidente Sebastián Piñera por abandono de deberes.

En el caso de Perú, por ejemplo, uno de los mayores receptores de migrantes venezolanos junto con Ecuador y Colombia, más de un millón de personas procedentes de Venezuela han llegado al país, según cifras del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

De hecho, se estima que 1,6 millones de refugiados y migrantes venezolanos residan en Perú -- más de la mitad en la capital-- hacia finales de 2023, según datos de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V).

En Perú logró establecerse Mayen tras viajar durante siete días en autobús junto con sus dos hijas menores. Al llegar al país latinoamericano, encontró un puesto como asistente dental, aunque posteriormente, y en mitad de la pandemia, se quedó sin trabajo.

La situación para ella y su familia llegó a un extremo que se vio empujada a vender gelatina y helados frente a la puerta del colegio de sus hijos. Su historia, no obstante, termina de forma positiva: ahora sustenta un negocio en su casa donde recibe a sus clientas.

El último informe de Ayuda en Acción, realizado en diciembre a más de 3.200 hogares vulnerables, concluía que los estados con más índice de inseguridad alimentaria son Amazonas, Apure, Zulia y Sucre, donde también hay mayores porcentajes de viviendas mal saneadas debido, entre otras cosas, a la falta de recursos económicos de las familias.

Con respecto a la situación laboral de los hogares venezolanos, el estudio señala que hay una alta concentración de población en edad inactiva y de mujeres embarazadas o lactantes, lo que dificulta la incorporación al mercado laboral de estos sectores poblacionales, castigados por la precariedad.

Así las cosas, las principales necesidades en el entorno comunitario son el acceso a agua potable, la poca presencia de servicios sociales públicos, así como la falta de electricidad por las constantes interrupciones en el suministro.

De hecho, la incidencia de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) se focaliza principalmente en los segmentos de la sanidad (dos millones de personas alcanzadas), el saneamiento y la higiene (960.000), la protección (670.00) y la nutrición (410.000).

(con información de EP)

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