Maduro quiere tener sus propios reporteros: un organismo del gobierno de Venezuela pretende graduarlos online

Cuando el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa le dio luz a la creación del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), significó uno de los avances más importantes en la preparación de mano de obra como experiencia innovadora en materia de enseñanza y de formación técnica, en actividades fundamentales para el país: mecánica, electricidad automotriz, entre muchos otros. Durante años fue una institución muy prestigiosa. La revolución bolivariana lo convirtió en Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES), ente que ahora utiliza como arma para la destrucción de la carrera periodística, que ya tuvo un intento anterior el año pasado cuando se pretendió reformar la Ley de Ejercicio del Periodismo y reducir la carrera periodística a un curso de tres meses.

La fijación que ha tenido el Gobierno venezolano, contra los medios de comunicación en Venezuela, ha sido sostenida en el tiempo. Se ha materializado en el cierre de cientos de medios de comunicación, programas de radio y televisión, arremetida contra la prensa escrita a quien ha ido asfixiando, desde que hace años, con el control cambiario, impidió el acceso al papel periódico.

Aun con ese ataque feroz contra los medios y periodistas venezolanos, la prensa sigue informando, las noticias siguen fluyendo. Ante la opacidad informativa, se ha generado una suerte de alianza entre medios, periodistas y sociedad civil que permite ventilar lo que el régimen venezolano se empeña en ocultar.

Pero el objetivo del Gobierno de Nicolás Maduro es la destrucción del periodismo libre. No les ha bastado el uso descarado de recursos de los venezolanos para alimentar los medios de propaganda o programas generadores de odio, conducidos por dirigentes oficialistas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Ahora pretenden por vía de hecho lograr lo que no han podido hacer por las leyes.

Es por ello que el INCES anunció un curso de unos meses para la preparación de “reportero en forma on line y gratuita”, cuyo objetivo principal, según dijo, “es que los y las participantes hagan uso correcto de las diferentes aristas del lenguaje y la comunicación, así como la implementación en las diferentes plataformas digitales”, incluyendo el plan de estudio: “Ortogragía y redacción básica, orientación y atención al usuario, ofirmática bajo tecnologías libres, alfabetización tecnológica, idiomas con propósito específico: inglés, metodología de la investigación educativa, sociopolítica de la información y la comunicación, ética y legislación para el ejercicio de la ciudadanía en la comunicación, manejo de cámaras y fotografía digital”.

La convocatoria causó la indignación del gremio periodístico. El Colegio Nacional de Periodistas seccional Miranda, que preside Edgar Cárdenas, emitió un comunicado y un afiche donde se lee: “Para ser reportero tienes que estudiar periodismo”, “no te dejes engañar”, “la Ley de Ejercicio del Periodismo está vigente”.

En el comunicado enfatizaron que el CNP Miranda y sus agremiados “rechazan de manera categórica la oferta académica presentada por el INCES donde se pretende formar reportero en tres meses. En INCES no es una universidad ni está facultada para ello. Además, pretender formar reporteros para hacer periodismo, viola la Ley del Ejercicio Profesional del Periodista”.

Destacaron el artículo 2 de dicha Ley, que dice ‘Para el ejericio de la profesión de periodista se requiere poseer el título de Licenciado en Periodismo, Licenciado en Comunicación Social o título equivalente, expedido en el país por una Universidad’.

El CNP del estado Zulia, en una publicación destaca que “los ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos en esta disposición serán los únicos autorizados para utilizar el título de Periodista Profesional”, a la vez agregó: “¡Los periodistas profesionales de Venezuela exigimos respeto!”.

Manuel Isidro Molina, ex presidente del Colegio de Periodistas, ex secretario de organización del Sindicato de Trabajadores de la Prensa y ex presidente de la Comisión de Medios de la Cámara de Diputados, catalogó como “agresión a tan digna profesión, como es el periodismo en Venezuela. Echa por tierra la Ley de Ejercicio del Periodismo y la Ley de Educación Universitaria y las pautas establecidas en la Constitución Nacional. Es una piratería del Ministerio de Educación y del INCES hacer esta oferta engañosa a jóvenes que pueden tener las expectativas de incursionar exitosamente en la Comunicación Social, pero deben saber que su derecho al estudio y la formación pasan por los estudios universitarios”, que están vigentes desde 1946.

“La primera escuela de Comunicación Social, a nivel universitario, se constituyó en la UCV, orgullo nacional, con extraordinarios docentes e investigadores que ha formado generaciones de periodistas profesionales de primera línea, con conciencia social, formación humanística, ética y moral al servicio de la sociedad”.

Recordó que la Ley de Ejercicio del Periodismo fue aprobada por unanimidad de las Cámaras de Diputados y del Senado en el Congreso Nacional de entonces.

“Es increíble que una institución del estado esté ofertando cursitos para formarse como reporteros. Siento vergüenza por esta agresión, presidente de la República Ministra de Educación, Presidente del INCE. Es una payasada que se le ocurre a alguien burócrata y que el Ministerio le da curso”.“Creo que interpreto el sentir nacional de los periodistas venezolanos, que merecemos respeto, agradecimiento y que ante esta agresión levantamos solidaridad espontánea y firme porque esto no lo vamos a permitir”.

Recordó que “la Ley de Ejercicio del Periodismo está vigente, como también lo está la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”. Rechazó la agresión contra la academia y dijo que esperaba que la respuesta de todo el gremio periodístico “sea vigorosa, no por altisonante, sino por firmeza, contenido y valía histórica. El periodismo en Venezuela forma parte de los desarrollos democráticos del país y no puede ser pisoteado por una piratería como estos cursos de reporterismo ofrecidos por el INCES con la venia del Ministerio de Educación. Dejen de engañar a los jóvenes y dejen de desestimular la formación universitaria en Venezuela”, finalizó diciendo.

En el reporte “Leyes para Silenciar” del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) Venezuela, de agosto de 2022, destaca que “el marco legal para regular y garantizar los derechos informativos en el país ha respondido a coyunturas favorables al Estado venezolano y ha legalizado la censura”.

Analizó IPYS, partiendo de la Constitución Bolivariana, lo que señala la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, la Ley Constitucional contra el Odio y por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público.

La Organización Espacio Público, presentó el 27 de enero de 2023, un informe preliminar sobre la situación del derecho a la libertad de expresión en Venezuela, entre enero y diciembre de 2022, evidenciándose, al hacer la sumatoria de los casos por año, que en las últimas dos décadas la ONG registró 5 mil 72 que afectaron la libertad de expresión. El 2019 fue donde hubo mayor cantidad de agresiones, llegándose al número de 468. En el 2022 hubo 227 casos, pero 470 denuncias de violaciones a la libertad de expresión.

En un estudio preparado por el profesor de la Universidad de Ginebra, Suiza, Pierre Furter para la Unesco, y que fue publicado en inglés, francés y español, titulado “El INCE y la formación técnica y profesional en Venezuela” se destacó la particularidad que tuvo el INCE, marcando las diferencias con otros países de la región.

“Una de las primeras cosas que sorprende cuando comparamos el INCE con las otras instituciones de formación profesional extraescolar de América Latina reagrupadas en el seno de CINTERFOR, es que no se hizo hincapié en el aprendizaje - como en el caso colombiano (Servicio Nacional de Aprendizaje: SENA) o brasileño (Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial: SENAI) - sino en una noción mucho más amplia cuyo significado exige una explicación: Instituto Nacional de Cooperación Educativa”.

“Para comprender la importancia de esta diferencia y lo que ello implica, es necesario referirse al proyecto original tal como Luis B. Prieto Figueroa y sus amigos políticos de la Acción Democrática (AD) lo habían introducido en el Congreso Nacional el 15 de abril de 1959, así como la discusión posterior”.

Agrega que ese proyecto “no tendía solamente a desarrollar la formación profesional, como lo había ya realizado Colombia al crear en 1957 el SENA y como lo deseaba la OIT que desde esta época trata de vender en todo el continente el modelo puesto a punto en el Brasil. El proyecto venezolano se situaba igualmente en la óptica de los movimientos denominados “de educación popular” de los que Prieto Figueroa fue siempre un ferviente defensor. El proyecto venezolano fue concebido en función del Proyecto Principal Nal de la Unesco como lo prueba la argumentación de la Delegación Venezolana en el 62 Seminario de Educación, el 26 de junio de 1958 en Washington, proyecto que debía promover la ‘educación del pueblo’”.

Ese estudio evidencia la relevancia del INCE creado por Prieto y el INCES de la revolución bolivariana, que aunque eliminó de sus redes la convocatoria al curso de reportero, no significa que sobre el periodismo en Venezuela no siga vigente la constante amenaza.

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