Maduro, el Cartel de los Soles y una nueva ola represiva

El venezolano debió cancelar su visita a Buenos Aires por temor a que la DEA pudiera detenerlo. En cambio, arreció una campaña contra ONG y dirigentes opositores en su propia tierra mientras lo visitaba el Alto Comisionado de la ONU

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FOTO DE ARCHIVO: el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, hace una reverencia al salir de una reunión con el dictador Nicolás Maduro, en el Palacio de Miraflores, en Caracas, Venezuela, el pasado 27 de enero de 2023 (Reuters)
FOTO DE ARCHIVO: el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, hace una reverencia al salir de una reunión con el dictador Nicolás Maduro, en el Palacio de Miraflores, en Caracas, Venezuela, el pasado 27 de enero de 2023 (Reuters)

Nicolás Maduro parece haber despertado súbitamente. El sueño no le duró demasiado, pero fue profundo. Tan real que creyó poder materializarlo. Cuando por fin volvió en sí supo que había estado más cerca de ser una pesadilla. Luego, lo interpretó a su manera. Sin ayuda psicoanalítica.

El dictador venezolano se entusiasmó con la idea de volar fuera de su país para participar en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), un arma política regional del chavismo y de Cuba.

No visita una nación sudamericana desde hace más de cinco años. Cuando decide subir a un avión se asegura que la tierra que vaya a pisar sea lo suficientemente firme como para que le garanticen que no será detenido. Esos regímenes son, por lo general, autocracias y dictaduas: Rusia, Irán, China, Cuba, Turquía. Y algún otro con instituciones amordazadas, lábiles o cooptadas por organizaciones criminales.

Maduro está encerrado. Las fronteras de su país son su celda. No puede moverse fuera con la libertad que desearía. Pesan sobre él acusaciones por los delitos más aberrantes. En la Corte Penal Internacional de La Haya se lo acusa de los peores crímenes por ser la cabeza de un estado que secuestra, tortura y asesina. Por ser responsable de una maquinaria atroz que persigue a quien piensa distinto. Su régimen ha expulsado en un puñado de años a 7.100.000 venezolanos que debieron buscar refugio y una nueva vida en otras partes del mundo.

Pero no sólo La Haya está investigando a Maduro y sus cómplices. El jefe de estado es buscado por la DEA en los Estados Unidos, el organismo encargado de perseguir y desarticular carteles de la droga. Las pruebas para activar la captura fueron reunidas por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. El encargado es el fiscal Geoffrey Berman.

Berman dice que desde 1999 hasta 2020 Maduro, Diosdado Cabello y Hugo Armando Carvajal Barrios, “El Pollo”, entre otros “participaron en una conspiración narcoterrorista corrupta y violenta entre el Cartel de Los Soles y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)”. Para el fiscal, Maduro “ayudó a dirigir y, en última instancia, a liderar el Cartel de Los Soles a medida que ganaba poder en Venezuela”. De esos tres, el que más cerca está de ser extraditado a los Estados Unidos es “El Pollo” Carvajal, quien está detenido en España a la espera de subir a un avión.

El Departamento de Justicia norteamericano puso un precio a su cabeza: 15 millones de dólares. El premio por aportar información que conduzca a su aprehensión está al mismo nivel que el que se puso sobre Ismael Zambada García, conocido como “El Mayo”, socio del más conocido Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, quien ya fue sentenciado por narcotráfico en los Estados Unidos y terminará su vida en Florence, una prisión de máxima seguridad de Colorado.

Pedido de Captura de Nicolás Maduro por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos (Departamento de Estado/Departamento de Justicia Estados Unidos)
Pedido de Captura de Nicolás Maduro por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos (Departamento de Estado/Departamento de Justicia Estados Unidos)

Una denuncia activó las alarmas en la embajada norteamericana en Buenos Aires cuando se supo que Maduro quería aterrizar allí para participar de la CELAC. La DEA estaba avisada. El jefe de Miraflores temió ser protagonista de un proceso internacional que lo colocara frente a un juez de Nueva York. Prefirió seguir encerrado en Venezuela. Para sus fanáticos esgrimió una explicación más romántica: iba a ser víctima de un complot de la derecha neofascista. Resulta interesante: en los últimos 10 años, Maduro denunció 335 conspiraciones, un récord paranoico.

Fue una derrota absoluta para el sucesor de Hugo Chávez. Tanto ruido hizo su ausencia que la estadía de otro dictador en la capital argentina, Miguel Díaz-Canel, pasó casi inadvertida. Un regalo entre camaradas.

Pero la cancelación de su viaje se tradujo en días de furia en Venezuela. El martes 24 de enero el parlamento chavista dio media sanción a un proyecto de ley para ilegalizar a las ONG que trabajan en el país. Las acusarán de ser “agentes extranjeros”, una excusa para poder concluir sus actividades. Pero no sólo eso. Amnistía Internacional advirtió que las medidas que impulsa el régimen “incluyen revelar información sobre financiación, personal y gobernanza”, y que de concretarse se “violarían los derechos de asociación, privacidad y otros, poniendo a las ONG y a sus beneficiarios en grave riesgo de criminalización y represalias”.

Al día siguiente, agentes policiales irrumpieron en la casa del jefe de redacción del diario El Nacional, José Gregorio Meza. Fue interrogado por hacer su trabajo: un reportaje publicado sobre los testaferros del hijo de Nicolás Maduro, “Nicolasito”, el próspero hijo del comandante caraqueño que ama viajar por el mundo. Otros cuatro periodistas debieron dar explicaciones, también.

El miércoles 25, grupos de tarea de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, la temible DGCIM, allanaron las viviendas particulares en Caracas de las diputadas opositoras Dinorah Figuera y Auristela Vásquez. Apenas 24 horas después, fue el SEBIN -el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional- el encargado de irrumpir en la casa del dirigente opositor Luis Bustos.

El viernes 27 de enero, en tanto, agentes no identificados detuvieron a la defensora de derechos humanos María Fernanda Rodríguez. Fue un día después de que participara en una reunión con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien en ese momento estaba en la capital venezolana. Durante ese encuentro 90 ONG le pidieron al austríaco mayor firmeza en el monitoreo.

Todo ocurrió a cielo abierto, con total impunidad, al lado del diplomático. A Maduro no le importó la presencia de la ONU en su país para mostrarse tal cual es.

El informe de Türk fue claro aunque diplomático: habló de torturas, de persecución política, de violaciones, de detenciones arbitrarias. También agradeció el haber sido recibido por Maduro. El Alto Comisionado -reemplazante de Michelle Bachelet- se mostró con actores sociales y dirigentes que pudieron contarle en detalle qué ocurre en Venezuela. Su presencia coincidió con una declaración dramática del nuevo arzobispo de Caracas, Baltazar Porras. “Que desaparezca todo abuso y tortura”, dijo el enviado del Papa Francisco en el país.

Nada indica que ese clamor eclesiástico fuera a suceder en el corto plazo. Tampoco que Maduro visite un país sin temor a ser detenido por ser señalado como el jefe del Cartel de los Soles.

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