La Fiscalía General de Venezuela ordenó el lunes la detención de Julio Borges, el ex responsable de las Relaciones Exteriores del dirigente opositor Juan Guaidó, por su presunto vínculo con un fallido golpe de Estado para derrocar a Nicolás Maduro en 2019.
En una declaración transmitida por la televisión estatal, el Fiscal General Tarek William Saab indicó que la medida judicial contra Borges es por los delitos de traición a la patria, conspiración y asociación para delinquir. Saab explicó que la acción se produjo luego del señalamiento que el dirigente de partido opositor Voluntad Popular y líder opositor Leopoldo López hizo durante una reciente rueda de prensa virtual con medios extranjeros.
López señaló que Borges “tuvo una participación directa y esencial en los hechos” de abril de 2019, cuando él propio López encabezó una fracasada rebelión militar.
En agosto de 2022, el presidente de la Asamblea Nacional de mayoría chavista, Jorge Rodríguez, exigió al Gobierno de Colombia que “entregue” a la Justicia venezolana a Borges.
“Tenemos que exigir que se respete el derecho internacional y que la República de Colombia entregue a la República Bolivariana de Venezuela al autor intelectual del magnicidio en grado de frustración, Julio Borges”, dijo Rodríguez durante una sesión de la en el Parlamento.
Sin embargo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, negó en su momento la petición al señalar que el país cafetero respeta el derecho al asilo y refugio.
Borges -que en enero de 2017 fue designado por un año como presidente de la Asamblea Nacional, entonces de mayoría opositora- vive en Colombia en condición de refugiado luego que le abrieran dos procesos judiciales, entre ellos, uno relacionado con la disputa del oro venezolano depositado en Inglaterra.
El régimen de Maduro ha intentado recuperar 30 toneladas de oro desde octubre de 2018 que están bajo el resguardo del Banco de Inglaterra. En Londres se sigue un proceso judicial por el control de más de 1.000 millones de dólares en oro venezolano. Los adversarios de Maduro sostienen que es ilegal entregárselo porque Gran Bretaña no reconoce a Maduro como presidente.
Por la fallida rebelión 93 personas están bajo investigación, de las cuales siete ya fueron condenadas, 19 enfrentan un juicio y están privadas de la libertad, cinco son enjuiciados en libertad, dos fueron indultadas y otras 38 se encuentran prófugas, agregó el fiscal general.
López fue sentenciado en 2015 a casi 14 años de prisión acusado por promover violentas protestas en Caracas. Se refugió en la sede diplomática española tras la fracasada rebelión militar y luego viajó a Madrid, donde se reunió con sus familiares.
Estuvo por más de tres años en la cárcel militar de Ramo Verde, a las afueras de la capital, y en 2017 fue trasladado a su casa bajo arresto domiciliario, de donde salió en medio de la fallida sublevación militar.
(Con información de AP)
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