Los militares presos en la DGCIM central y en Policía Militar de Fuerte Tiuna reciben trato cruel: no permiten la visita de sacerdotes ni asistencia médica

Han pasado varios meses y la situación de militares detenidos por causas políticas en la cárcel que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) adaptó en Fuerte Tiuna, se han deteriorado a pasos agigantados. A los cuatro oficiales que se encuentran ahí los mantienen en celdas separadas, les redujeron las horas de visita del fin de semana, que eran de viernes a domingo todo el día para solo 3 horas los sábados y domingos.

El General de División (Ej) Julio Ramón Barrios Torres fue a la sede de Policía Militar en Fuerte Tiuna, específicamente al área donde están detenidos los militares presos a orden de la DGCIM. “Ahí dio algunas órdenes y dijo que los confinaran con candado porque se iban a escapar”, le dice a Infobae familiares de oficiales detenidos.

El General de Brigada Hibrahím Ricardo Sirgo Herrera es el Comandante de Policía Militar, con sede en Fuerte Tiuna, donde está la cárcel que alberga a militares como el Capitán de Navío De La Sotta y el Mayor General y exministro Miguel Eduardo Rodríguez Torres; el jefe de reclusión es el Coronel Sánchez Somoza, quien ha sido testigo de DGCIM en varios juicios.

No importa cuántos esfuerzos haga el Ministerio Público de Venezuela para tratar de demostrar ante el mundo y ante la Corte Penal Internacional (CPI) que se toman correctivos ante la violación de Derechos Humanos; la situación con los funcionarios de la DGCIM es una puerta giratoria, por la que salen los funcionarios más débiles o sacrificables, mientras que por la otra entran aquellos que ocupan cargos cirfcunstanciales, mientras los más violentos y brutales torturadores permanecen, se enriquecen mientras se preparan consiguiendo documentos de otras nacionalidades para ellos y sus familiares a la vez que hacen millonarias inversiones en paraísos fiscales o países que les garanticen refugio.

Lo que ocurre en las bases de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) casi siempre es un secreto, a menos que suceda algo como lo ocurrido en Apure con la tortura y muerte del funcionario del CICPC, Juan Ángel Pantoja Carreño, por lo que hay varios funcionarios de inteligencia militarf presos, incluyendo al jefe de la Base de Merecure, municipio Biruaca, Apure, Juan Bautista García Arocha alias El Gavilán.

En el caso del capitán de navío Luis Humberto de La Sotta Quiroga, su familia considera que está siendo objeto de represalias por parte de la DGCIM. “Ya son 4 años y 6 meses bajo la custodia de quienes lo detuvieron arbitrariamente y lo han torturado física y mentalmente de manera sostenida en estos años. Desde hace más de cinco meses lo tienen aislado. Sale al sol cuando ellos quieren, igual pasa con la ducha. No tiene radio, Tv, nada para calentar la comida. Tampoco permiten el ingreso del sacerdote. No tiene actividades recreativas, deportivas y mucho menos laborales”, dice su hermana Molly De La Sotta, quien preside la ong Familiares de Presos Políticos Militares en Venezuela (FPPMVE).

Lo peor contra los detenidos es la asistencia médica; en el caso de De La Sotta el juez ha ordenado dos veces su traslado, pero la DGCIM se niega a cumplir la orden. “El 19 de octubre era para la Clínica El Ávila y la DGCIM dijo que sólo trasladaba al Hospital Militar y, después el 11 de noviembre el Juez ordenó trasladarlo al Hospital Militar, pero la DGCIM igual se negó. Por otro lado, se solicitó el traslado al Senamecf (Servicio Nacional de Medicatura Forense) y Dgcim tampoco accede”.

“El Juez no quiere aplicar la Reforma de la Ley, argumentando que las condiciones por las cuales detuvieron a Luis siguen siendo las mismas”. Se suma que a la madre del capitán de navío, una señora de 85 años le hacen revisiones de casi media hora para reducirle el tiempo de visita.

“Luis tiene 3 meses en esas condiciones, le quitaron hasta el radio y sólo lo dejan caminar 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde: los sacan de 2 en 2. Se supone que la DGCIM no debería tener a nadie en custodia”, dice Molly De La Sotta.

Reconoce que “el Juez donde se encuentra el Expediente es el del Tribunal Milita Primero de Juicio, Luis Galaviz González, quien está pendiente de los traslados médicos, incluso se ha trasladado a Policía Militar, pero la DGCIM no los cumple”.

Cuando el CN De La Sotta insistió es que lo asistiera un psicólogo, lo llevaron al Hospitalito Vicente Salias, para que lo asistiera un psiquiatra. “El custodio quería entrar con él y Luis dijo que no. Luego quería que ingresara esposado y Luis se negó. Entonces lo regresaron a Fuerte Tiuna, hasta donde llegó la doctora, conversaron 45 minutos. Mi hermano le dijo lo que estaba pasando y que necesitaba algo para dormir”.

La psiquiatra “dijo que estaba bien, pero le mandó un antisicótico y anti depresivo que le dio taquicardia y no podía respirar, porque está contraindicado para los hipertensos. Esa psiquiatra es militar y también atiende en el privado”.

“Se ha denunciado en su tribunal las condiciones infrahumanas de confinamiento, pero no ha enviado a nadie a inspeccionar. Declaró sin lugar la medida de decaimiento de la privación de libertad a pesar de tener 4 años 5 meses sin juicio. Solicitamos una medida cautelar que negó, así como el traslado a la cárcel militar de Ramo Verde”.

A eso hay que agregarle que “no acepta la decisión del Grupo de Trabajo de detenciones arbitrarias de la ONU solicitando su libertad, que es un procedimiento especial que deben cumplir los países integrantes de la ONU”.

El régimen venezolano obvia que De La Sotta tiene medidas cautelares de la CIDH desde el 2018 para que se le garantice su salud, pero nunca las han cumplido.

Lejos de sus hijos, recluido en los inmundos sótanos de la DGCIM en Boleíta, con una brillante carrera militar destruida y con los sueños rotos de una revolución en la que creyó, el teniente coronel Igbert Marín Chaparro no se entrega y no se resigna, lo que causa mayor ira entre sus carceleros, porque el joven oficial es un líder, que ni los 4 años y casi nueve meses encarcelado lo quiebran.

Hace casi un año Marín se declaró en huelga de hambre, que levantó en el marco de algunos acuerdos que el régimen venezolano prometió y que finalmente no ha cumplido.

Nuevamente inició huelga de hambre “para exigir respeto a sus derechos básicos y el traslado a la cárcel de Ramo Verde, como lo ordenó un tribunal. Golpizas, aislamiento, negación de asistencia médica y de alimentos, además de violencia psicológica, son algunas de las situaciones que ha vivido el militar dentro de la Dgcim”, dice su familia.

En diciembre de 2020 fue condenado a siete años y seis meses de cárcel, y esta es su segunda huelga de hambre desde que fue detenido el 2 de marzo de 2018.

Con esta acción el teniente coronel Igbert Marín Chaparro exige que se le respeten sus derechos mínimos, su traslado a otro centro de reclusión y la liberación de todos los presos políticos en el país.

Marín pertenece al grupo de los militares a quienes el régimen venezolano más teme y por ello se niega a enviarlo a la cárcel militar de Ramo Verde. El trato cruel que ha recibido ha dejado secuelas en el oficial.

Marín, es el militar que ha obtenido el mayor promedio de calificaciones como cadete en la historia de la Academia Militar del Ejército Bolivariano. Tiene medidas cautelares de protección dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que hasta el momento no han sido tomadas en cuenta por el Estado venezolano.

Igbert Marín solicitó que se incluya con carácter prioritario en la agenda del diálogo, el cese a la violación de los derechos humanos y la liberación de los presos políticos.

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