La ONG Justicia Venezolana pidió este viernes al régimen de Nicolás Maduro y a la oposición agrupada en la Plataforma Unitaria abordar los casos de los detenidos que consideran presos políticos en el proceso de negociación, que se reanudará este sábado en México.
La directora de la ONG, Lilia Camejo, indicó, de acuerdo a un comunicado, que el tema de los presos políticos no puede quedarse al margen de las negociaciones, “como ha ocurrido en varios intentos de diálogo suscitados en el pasado reciente”.
Según datos de la organización, en Venezuela hay 320 ciudadanos detenidos, entre civiles y militares, a los que consideran presos políticos con procesos penales en desarrollo.
La mesa de negociación política, suspendida formalmente desde octubre de 2021 por decisión del régimen, se instalará de nuevo este sábado en Ciudad de México con el propósito de firmar un acuerdo social que busca desbloquear recursos que Venezuela tiene congelados en el extranjero y, con ellos, ayudar a las poblaciones más vulnerables.
La oposición volverá a México “con la urgencia y la voluntad de encontrar, de una vez por todas, acuerdos tangibles y reales que se traduzcan en soluciones para la crisis humanitaria”, según un comunicado de la Plataforma Unitaria, publicado el jueves.
Por su parte, el dictador venezolano, Nicolás Maduro, indicó que este proceso arrancará “en un nuevo nivel”, partiendo del acuerdo de usar el dinero depositado en cuentas bloqueadas.
El objetivo es poder acceder a un dinero, cuyo monto no fue precisado, para “invertirlo en Venezuela en el servicio eléctrico, en el agua, en salud, en educación” y en zonas afectadas por las lluvias de los últimos meses que han dejado miles de viviendas afectadas y casi un centenar de muertos.
“Estamos interesados (...) en que nuestros asuntos sean dirimidos a través de la discusión y el diálogo en el marco que nos da la Constitución”, dijo Jorge Rodríguez, jefe negociador del chavismo, a su llegada a México con su delegación de nueve personas y en las que hubo un cambio para incluir a Camila Fabri, esposa del empresario de origen colombiano Alex Saab.
La extradición de Saab, en octubre de 2021, desde Cabo Verde a Estados Unidos por cargos de lavado de dinero, fue lo que provocó la molestia del régimen de Maduro y que suspendieran las conversaciones. Desde entonces el chavismo demanda su excarcelación.
El presidente del parlamento chavista ha dicho que con el acuerdo se busca atender problemas en la prestación de servicios públicos como la electricidad, y los de salud y escuelas, usando dineros que esperan descongelar en el sistema financiero internacional, pero no ha dado detalles sobre montos o plazos para recibir esos fondos, que serían administrados por la ONU.
Maduro dijo el jueves por la noche que el diálogo estará en “función de recuperar los recursos secuestrados para invertirlos en el pueblo. Después veremos qué otros temas se pueden conversar con esta oposición”.
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