El fiscal de la Corte Penal Internacional pidió reanudar la investigación por los crímenes de lesa humanidad del chavismo

El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, presentó una solicitud ante la Sala de Cuestiones Preliminares I del organismo solicitando una autorización para que su Oficina reanude su investigación en la Situación en la República Bolivariana de Venezuela.

Después de una evaluación objetiva e independiente de una cantidad significativa de información proporcionada por Venezuela hasta la fecha, así como de otras fuentes creíbles, Khan ha concluido que “el aplazamiento solicitado por Venezuela, en esta etapa, no está justificado, y que se debe autorizar la reanudación de la investigación”, dice en un comunicado.

En su revisión de esta información, Khan reconoce y se siente alentado por el hecho de que las autoridades venezolanas han emprendido una serie de reformas legales que apuntan a abordar una serie de problemas estructurales y sistémicos: “Si tales esfuerzos se implementan adecuadamente, podrían ofrecer un margen para la esperanza y el cambio. No obstante, en la actualidad, la evaluación independiente y objetiva de mi Oficina es que estos esfuerzos y reformas siguen siendo de alcance insuficiente o aún no han tenido un impacto concreto en los procedimientos potencialmente relevantes”.

Al realizar esta presentación, Khan afirmó que ha buscado en todo momento seguir un camino de cumplimiento de su mandato estatutario mientras continúa cooperando de buena fe para apoyar los esfuerzos de las autoridades venezolanas para llevar a cabo procesos internos que satisfagan los requisitos de complementariedad del Estatuto de Roma.

“De hecho, bajo el principio de complementariedad, los Estados tienen la responsabilidad primordial de investigar y enjuiciar verdaderamente los crímenes bajo la jurisdicción de la Corte. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte es clara: la complementariedad debe evaluarse sobre la base de los hechos tal como existen, no como podrían materializarse en el futuro. La pregunta para la Corte es si ahora, en esta etapa inicial, la investigación de la Fiscalía en esta situación debe ser aplazada en su totalidad sobre la base de la solicitud de aplazamiento de Venezuela”, agrega.

La presentación de hoy por parte la fiscalía de la CPI y las presentaciones contenidas en ella no perjudican a Venezuela, según Khan. “Yo mismo estoy dispuesto y me comprometo a hacerlo ante un cambio en hechos o circunstancias relevantes”.

“Sigo comprometido a cooperar con las autoridades venezolanas y todas las demás partes interesadas en la búsqueda de la verdad. Espero, además, continuar buscando formas constructivas para dar una implementación práctica al Memorándum de Entendimiento firmado el 3 de noviembre de 2021, que incluye el apoyo de mi Oficina a los esfuerzos de Venezuela para garantizar la administración efectiva de justicia, de conformidad con el artículo 17″.

A fines de marzo, en el marco de su visita a Caracas, Karim Khan anunció que la CPI abriría una oficina en Venezuela, luego de que el pasado mes de noviembre decidiera abrir una investigación al país caribeño para determinar si se produjeron crímenes de lesa humanidad, tal y como denuncian la oposición y diversas organizaciones no gubernamentales, y a pesar de todos los esfuerzos del régimen chavista para dilatar el proceso en el tribunal internacional.

La Corte Penal Internacional abrió una investigación preliminar en 2018 por la acción de las fuerzas de seguridad del régimen en la represión de las multitudinarias protestas contra Maduro un año antes, en las que murieron unas 100 personas.

La antecesora de Khan, Fatou Bensouda, ya había dejado sentado que existía “base razonable” para creer que se cometieron crímenes contra la humanidad y habló de una “inacción” de las autoridades de Venezuela para investigarlos. Pero la decisión de Khan deja atrás el término “preliminar” y vuelve real y dramáticamente preocupante el proceso para el régimen y sus jerarcas.

La Corte de la La Haya no tiene en la mira solo a Maduro, lo que investiga es un plan sistemático ordenado por el dictador pero ejecutado por un grupo de sus funcionarios con puestos de decisión en dependencias clave del estado venezolano: Ministros del Ejecutivo nacional, mandos de la Policía Nacional Bolivariana, del Servicio Nacional de Inteligencia Bolivariano (SEBIN), de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), de las Fuerzas de Acción Especiales (FAES), del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS), y de otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

La investigación de la CPI también apunta a las milicias paramilitares al servicio de la dictadura, conocidas como “colectivos”, que, según el informe del tribunal, actuaron “junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su consentimiento”. “En relación con el presunto rol de los actores mencionados, “el/los caso(s) potencial(es) identificados por la Fiscalía no estarían limitados a estas personas o grupos de personas y se procuraría examinar la presunta responsabilidad de aquellos que parezcan ser los máximos responsables por tales crímenes”.

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